Desde el Colegio de Abogados de Comodoro rechazan los Divorcios Extrajudiciales
La diputada nacional María Eugenia Alianiello, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para que los divorcios puedan ser declarados por el Registro Civil, lo que hizo inmediatamente que fuera rechazado desde distintos organismos, incluyendo el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia.
En este sentido, desde dicha entidad en un comunicado expresaron que “llama poderosamente la atención, los embates constantes respecto de las incumbencias de la abogacía y específicamente contra el trabajo que desarrollamos los auxiliares de la justicia y profesionales de derecho que este Colegio nuclea; hechos, que en los últimos tiempos se han profundizado”.
Asimismo, indicaron que “el intento de llevar las sucesiones en forma exclusiva a los escribanos y ahora los divorcios en sede administrativa, son una muestra más de que el Poder Legislativo enfrenta continuamente a los profesionales del derecho, en lugar de coadyuvar con su función legislativa al Estado y mejorar el presupuesto como verdaderamente debería ser su función original”.
Al hacer un análisis del proyecto de ley denominado “divorcio administrativo” señalaron que lo rechazan y se oponen enfáticamente porque, dicen, implica que los cónyuges puedan renunciar a derechos sin contar con el debido asesoramiento jurídico y patrocinio de un abogado, único profesional capacitado para ello.
En tanto, mencionaron que “según el proyecto, el oficial público del Registro Civil que decretaría el divorcio tampoco es un abogado. ¿Cómo podría controlar la legalidad de los requisitos del art. 437 CCCN, relativos a renuncia de derechos sin tener título habilitante para ejercer la profesión de abogado? El proyecto, en el art. 437 CCCN inciso b), para decretar el divorcio en sede administrativa establece como uno de sus requisitos lo siguiente: ‘inexistencia de pretensión alimentaria y compensación económica entre los cónyuges, haciendo constar su renuncia expresa, manifiesta e inequívoca...’”
Por ello, vuelven a criticar: “¿Cómo sería posible que los cónyuges renuncien expresa, manifiesta e inequívocamente a sus derechos derivados del matrimonio sin el debido asesoramiento letrado? Como quiera que sea el efecto de dejarnos a los abogados sin esta incumbencia profesional es improcedente por donde se lo mire”.
De la misma forma, plantearon que “es falaz que sea gratuito el trámite en sede administrativa, o que implique gran ahorro para los ciudadanos. Por matrimonio el Registro Civil cobra una tasa de $6.500. La tasa de justicia para un divorcio sin contenido patrimonial asciende en Chubut a aproximadamente $20.000. No vemos un ahorro significativo al transferir los divorcios al ámbito administrativo. No conocemos el monto que cobraría el Registro Civil por tasa de divorcio, pero probablemente sería similar a la citada tasa de justicia mínima.
Aún si fuera abogado el Oficial Público del Registro para cumplir esa hipotética función, deberían probablemente contratarse varios abogados en sede administrativa para realizar el control de legalidad que mencionamos y ello da por tierra los argumentos respecto a la disminución de los costos”.
Carencias y rechazo
En este marco, el Colegio de Abogados, también puntualizó respecto al presupuesto asignado a los Registros Civiles de nuestra ciudad y de Rada Tilly que es evidente la falta de requisitos mínimos de comodidad y atención así como la falta de personal, así como son obsoletos los sistemas de pago de las tasas del Registro Civil que terminan demorando aún más las tramitaciones.
Finalmente, remarcaron que “el proyecto omite deliberadamente legislar el tema de la competencia de los fueros de familia, otorgada por la ley de fondo en los artículos comprendidos entre el 716 y 720 del CCCN, lo que denota un escaso estudio de la reforma que se propone. Por ello piden que el proyecto sea rechazado”.
Qué dice el proyecto de divorcios extrajudiciales
El proyecto de la legisladora chubutense del Frente de Todos, María Eugenia Alianiello, que ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación, busca modificar varios artículos del Código Civil y Comercial, para permitir, en ciertas causales, la disolución del matrimonio a través de un trámite administrativo.
En este sentido, estipula que el divorcio pueda decretarse administrativamente por autoridad oficial u oficial público con facultades suficientes del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, cuando exista la petición de ambos cónyuges.
Entre los requisitos que los cónyuges deberían acreditar, se encuentran, la existencia de un acuerdo entre las partes, que no existan hijos matrimoniales de la unión de ambos cónyuges, inexistencia de pretensión alimentaria y compensación económica entre los cónyuges, todo ello, haciendo constar de su renuncia expresa, manifiesta e inequívoca. Inexistencia de bienes registrables comunes o gananciales, y además, que hubiesen optado por el régimen de separación de bienes.
Respecto a los fundamentos, el proyecto expone que esto significaría menores costos para los justiciables, pese a que se habla de la posible aplicación de aranceles y tasas y se plantea que existen precedentes en otros países como Rusia, México y Ucrania.
