Torrijos: “Si un juicio político no se lleva a cabo, esto le quita la posibilidad al acusado de defenderse”

En diálogo con Crónica, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Luis Torrijos se refirió a dos cuestiones puntuales que desde la institución consideraron necesario aclarar: los concursos para jueces y el tratamiento de los pedidos de juicios políticos. Habló sobre los requisitos constitucionales que se exigen para los concursos para juez y precisó por qué actualmente tienen retrasos en la provincia. Además, explicó por qué en Chubut no se están llevando a cabo los distintos juicios políticos que tienen un pedido formal.


En primer término, Torrijos habló sobre los concursos para jueces, uno de los temas de mayor importancia en el seno interno del Consejo de la Magistratura.

Respecto a la demora en los concursos, el entrevistado resaltó que “para estas cuestiones, tenemos que estar bien seguros sobre los requisitos que se piden, porque son requisitos constitucionales y son elementos esenciales, con lo cual, no podemos arriesgarnos a que se constituya un vicio, porque esto constituiría algo insuperable, al ser la antigüedad del ejercicio en la profesión un elemento esencial. Creo que una irregularidad en este sentido afectaría la garantía del debido proceso. Hay jurisprudencia al respecto.

Lo grave sería que se nombre a una persona que no reúna los requisitos, ahí hablaríamos de posible inexistencia de los actos. Creemos que todas estas cuestiones son esenciales, por eso estamos demorándonos con este tema. Tenemos que estar muy seguros de los pasos a dar”, sostuvo el vicepresidente del Consejo de la Magistratura.

Sobre juicios políticos

Por otra parte, Torrijos se refirió al tratamiento de los juicios políticos en la provincia e hizo un análisis exhaustivo sobre este tema. En este sentido, detalló por qué se demora el tratamiento de los mismos en la provincia y ejemplificó con el caso del fiscal Héctor Iturrioz, que tiene dos pedidos de juicio político: “Iturrioz tiene dos pedidos y sigue prestando funciones.

Nosotros lo que venimos advirtiendo, es que hay una normativa que no es del todo clara en cuanto a la compatibilidad entre lo que es la ley del Consejo de la Magistratura y lo que corresponde al Tribunal de Enjuiciamiento. En este sentido, en la sesión pasada se aprobó una comisión de reforma de la Ley número 5/70 del Consejo de la Magistratura para hacer una sistematización legislativa respecto de la Ley 5/80, que es la del Tribunal de Enjuiciamiento, a los fines de que no exista colisión entre ambas normas”.

En esta línea, resaltó que la tarea del Consejo de la Magistratura concluye una vez que se decide la suerte de la denuncia en cuestión. “Puede pasar que no se considere que haya algo para hacer, que se considere que el lugar para remitir sea el Superior Tribunal, el Procurador General o la Defensoría Pública, en el caso de que se entienda que no haya elementos para ir a juicio político.

El hecho de que no se formen los juicios, nosotros lo asociamos con una normativa que, entendemos que no está del todo clara. Pareciera ser que el Procurador es quien tiene las riendas, la potestad de habilitar o no al Tribunal de Enjuiciamiento, o por lo menos algunas de las interpretaciones que hay”, expresó Torrijos.

“Le quita legitimidad a la actuación de una persona sobre la
cual se tienen pedidos de juicio político que nunca se inician”

Torrijos puso también el foco de análisis en el ciudadano y lo que espera una persona al momento de formular una denuncia. “El ciudadano espera que el conflicto se resuelva dentro de la justicia”, advirtió el vicepresidente del Consejo de la Magistratura.

“Cuando existe un conflicto, el ciudadano espera que este se resuelva en la justicia. Nosotros, dentro del Consejo de la Magistratura, formamos parte del mejoramiento de la justicia, por eso hacemos estas observaciones. Si la denuncia se estanca en un determinado momento y no llega a una resolución final, estaríamos devolviendo a la persona un conflicto sin resolver.

A su vez, una persona que tiene varios juicios políticos, cuando se inicia el pedido de juicio, yo entiendo que, de cierta manera, esto le quitaría legitimidad a la actuación de una persona sobre la cual se tienen pedidos de juicio político que nunca se inician, pero también le quita la posibilidad de defenderse en otra instancia, de poder demostrar que en realidad tiene las condiciones para seguir en el cargo.

Con lo cual, de cierta manera, esto afecta su derecho de defensa, y el ciudadano, al ver que la cosa no se resuelve, por más que el Consejo de la Magistratura remita a juicio político y éste no se forme, lo que hace es que tenga más descreimiento sobre el sistema”, sostuvo el funcionario.

En esta línea, Torrijos hizo hincapié en que muchas veces las personas que formulan denuncias recurren a otros métodos para obtener respuestas por sus reclamos, tales como violencia o escraches, es decir, cuestiones por fuera de los canales institucionales.

Según el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, esto genera inseguridad jurídica, debido a que si no hay certezas de que una persona actúe bien o mal, y que esa conducta tenga o no consecuencias, al no llegar al proceso de finalización, eso de cierto modo genera, en definitiva, inseguridad. “Esto genera una sensación de impunidad.

Nosotros lo que hacemos es pensar en por qué no se inician los juicios políticos. Pienso que todas las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia quieren mejorar. Esto sería algo muy positivo”, concluyó.