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Procesaron a los dos acusados por el secuestro y la muerte de Xiomara Méndez Morales

jueves 20 de diciembre de 2018
Procesaron a los dos acusados por el secuestro y la muerte de Xiomara Méndez Morales

Se trata de Luis Fernández y Bruno Cortez, quienes continúan detenidos por el hecho ocurrido el 21 de noviembre pasado.

El juez federal Claudio Bonadio procesó el miércoles con prisión preventiva y embargos de 4,5 millones de pesos a Luis Alberto Fernández y Bruno Cortez, los acusados por el brutal secuestro y muerte de Xiomara Méndez Morales, ocurrido el 21 de noviembre pasado. La Fiscalía Federal Nº12 de Alejandra Mangano estuvo a cargo de la investigación.

La joven de 15 años falleció luego de un periplo que comenzó en su colegio secundario en Flores y terminó con ella muerta por estrangulación en el asiento trasero del Fiat Duna de sus captores frente a una remisería deItuzaingó.

De acuerdo de fuentes de la causa, en el trayecto, Fernández le exigió dinero y droga desde el propio teléfono de Xiomara a la madre de la joven. “Decile a Grillo que me debe 30 kilos”, dijo mientras Xiomara estaba cautiva y la llamada era tomada por una grabadora judicial. “La chica lloró y gritó durante todo el trayecto”, aseguró un investigador. Fuentes en la causa sospechaban que Cortez y Fernández tenían la intención de quemar el cadáver de la joven, se le encontró un bidón de nafta en el baúl del auto.

El caso estuvo signado por las sospechas de una fuerte trama narco: en paralelo, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón, ordenaba a la Policía Bonaerense allanar la casa de Xiomara junto a otros siete domicilios entreCapital Federal y la provincia de Buenos Aires. Los investigadores sospechaban que el padre de Xiomara le habría robado 20 kilos de cocaína a su propia banda, una “mexicaneada”.

De esta forma, Bonadio procesó a Fernández, un remisero de la zona del Bajo Flores, y Cortez, un ex vigilador de una agencia privada que vivía en la zona oeste y padre de un hijo, por los delitos de secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por el cobro de rescate y la edad de la víctima, además de calificaciones como resistencia a la autoridad y portación de arma de guerra.

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