Administración fraudulenta en la Municipalidad de Sarmiento: Amplían la investigación

Por pedido de la Fiscalía, el Juez Jorge Novarino formalizó una investigación preparatoria de juicio contra la exfuncionaria municipal Graciela Núñez (58) y el ingeniero Carlos Almeida (66) como partícipes necesarios en la maniobra de defraudación que tuvo como víctima a la Municipalidad de Sarmiento.

En esta misma causa están imputados el exintendente Sebastián Balochi y los ex funcionarios municipales Rubén Camarda y Daniel Miguenz. La denuncia fue realizada por la actual administración municipal a raíz de la licitación para la construcción de la obra para una Escuela de Artes y Oficios.

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrolló una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Laura Castagno.

Los imputados Balochi, Camarda Núñez y Almeida fueron asistidos legalmente por los abogados de la Defensa Pública Gustavo Oyarzún y Marcelo Catalano. En tanto, Miguenz recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur.

En la oportunidad Castagno relato los hechos registrados en la pieza de formalización de la investigación. Luego identificó a los imputados y a la parte damnificada. También explicó la calificación legal escogida y requirió mantener el plazo de investigación otorgado en la primer audiencia de esta causa.

Sobre la calificación legal la parte acusadora propuso que se investigue a los ex funcionarios Balochi, Camarda y Miguenz como presuntos coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. En tanto, peticionó que Núñez y Almeida sean investigados como partícipes necesarios en la maniobra de defraudación.

Por su parte, el ingeniero Almeida utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso. El profesional relató la participación de la empresa de construcción en este llamado licitatorio. Asimismo señaló que fue la actual administración municipal la que decidió no dar inicio a la obra de construcción de la Escuela de Artes y Oficios.

Los tres abogados defensores coincidieron en oponerse a la apertura de investigación al considerar que la presentación realizada por Castagno no reúne los requisitos necesarios para iniciar una formalización judicial.

Finalmente, Novarino hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal explicando que en la pieza de presentación quedó establecida la determinación concreta de los hechos que está investigando, la calificación legal provisional y el accionar de los imputados.

Los hechos

La pieza de apertura de investigación presentada por el representante del Ministerio Público Fiscal indica que el 2 de junio del 2015, mediante resolución N° 526/15, el exintendente municipal decidió instrumentar un proceso licitatorio para la construcción de la Obra Escuela de Artes y Oficios.

La fecha tope para la recepción de ofertas, fue establecida para el 3 de julio de ese año. En tanto, la apertura de sobres se programó para tres días después.

Asimismo, se publicaron avisos haciendo saber que el presupuesto de la obra sería de 8.352.136 pesos. Ante la falta de oferentes, el gobierno municipal resolvió prorrogar dichos plazos.

Así las cosas, el  7 de agosto de ese año se procedió a la apertura de sobres, con dictamen legal y de la comisión de pre adjudicación.

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En este marco, la construcción de la obra se adjudicó a la Empresa “Ledesma”. En este sentido, los investigadores señalaron que en esta ocasión el presupuesto fue por un monto de 10.406.079 pesos, es decir, un 24,59% por encima del presupuesto inicial.

Por otra parte, la investigación sostiene que el 26 de noviembre del  2015 se adjudicó la obra y el 2 de diciembre, se celebró el contrato de construcción de Escuela de Artes y Oficios entre el exmandatario municipal y el representante de la empresa constructora “Ledesma y Cía. S.R.L”.

Al día siguiente, la empresa constructora solicitó un “Anticipo Financiero en Contrato”. La parte investigadora afirma que la compañía realizó ese pedido sin intervención de la Dirección de Rentas de la Provincia de Chubut y sin dar razones del apartamiento del pliego de bases y condiciones.

En tanto, el 4 de diciembre Rubén Alberto Camarda (a cargo de la intendencia municipal), con la participación de Graciela Nuñez (a cargo de la secretaría de Coordinación de Gabinete), resolvieron pagar el anticipo solicitado por la empresa Ledesma. El monto requerido fue de 2.081,216 pesos.

En este contexto, Castagno consideró que el procedimiento resultó violatorio de las normativas existentes en la materia. El proceso establece que el Concejo Deliberante debe efectuar la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12 mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.

Otra de las documentaciones incorporadas a la pieza enunciatoria, fue un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut. El organismo de control, comunicó que se adjudicó la obra a la empresa Ledesma, en un 24,59%, por encima del presupuesto inicial, sin precisar el mes base con el cual se calculó el precio.

También sostiene que los planos de obra, de planta, cortes y cálculo de estructura deberían tener aprobación municipal. Por otra parte, el ente controlador agrega que no surgen de los planos aportados de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica y gas la firma de un profesional habilitado.

Por último, el Tribunal de cuentas afirmó que no existen constancias de partidas presupuestarias a la que se pretende afectar, ni saldos para la ejecución de la obra.

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