Arresto domiciliario al presunto secuestrador con salidas laborales

Tras pasar por audiencia de control de detención le dictaron el arresto domiciliario a Raúl Oscar Lede, imputado por privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa por dos hechos, con salidas laborales y la prohibición de conducir.

El ingeniero y docente de un instituto terciario, que fue detenido el pasado martes quien habría intentado subir a su vehículo por la fuerza a una joven de 18 años en inmediaciones de las calles Cerro Chenque y Vicente López y Planes, identificado como Raúl Oscar Lede (55) pasó ayer por audiencia de control de detención donde se procedió a la apertura de investigación por delitos calificados provisoriamente como privación ilegítima de la libertad, en grado de tentativa, en calidad de autor por dos hechos, en concurso real.

En este marco, en la audiencia presidida por la jueza penal Raquel Tassello, desde el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Adrián Cabral y la funcionaria de fiscalía, Patricia Rivas, solicitaron que se declare legal la detención del imputado que se dio en cuasi-flagrancia; así como se pidió la apertura de investigación por un hecho acontecido el pasado 26 de noviembre del presente año, cuando siendo aproximadamente las 20.00hs., una menor de 15 años se encontraba sobre Av. Kennedy a la espera de su padrastro que venía a bordo de una motocicleta; fue interceptada por Lede que a bordo de una Toyota Rave, color crema, con una rueda de auxilio con tapa. El hombre abrió la puerta del conductor, extendió su brazo e intentó subirla a la camioneta en contra de su voluntad. Al fracasar la persiguió unos metros y le expresó “ya te voy a agarrar, mi amor”.

El segundo hecho aconteció el 27 de noviembre, a las 17.45 hs., cuando la segunda víctima iba circulando a pie a la altura del comercio Tijuana y fue interceptada por el imputado Lede quien detuvo su rodado y le pidió que se acercara, le consultó si sabía dónde había una heladería y la tomó por el brazo izquierdo pero la víctima logró zafarse. Ante la presencia de un automóvil el sujeto huyó mientras la joven ingresó al comercio para alertar sobre lo sucedido. De esta forma, una vecina dio aviso a personal policial e inmediatamente a las pocas cuadras se produjo la detención. Calificando provisoriamente ambos ilícitos como “privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa, en calidad de autor para Lede, dos hechos en concurso real”. Solicitando el plazo de ley, 6 meses para finalizar con la investigación.

En contraposición el defensor particular del imputado, Daniel López, se opuso a la apertura de la investigación en virtud de “la incongruencia de la acusación fiscal, ya que no determina específicamente la autoría de mi asistido” señaló, así como negó la participación del mismo en ambos hechos y ofreció como prueba de ello cámaras de sus lugares de trabajo de ambos días.

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Ante este panorama, el fiscal pidió la prisión preventiva de Lede por 15 días en base a los elementos de convicción existentes para tenerlo como probable autor de ambos hechos y la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Además, mencionó la posibilidad que el imputado se vea involucrado en conductas del mismo tipo.

No obstante, el defensor se opuso al pedido del fiscal solicitando se rechace el pedido de prisión preventiva ya que el máximo de la pena, en virtud que no tiene antecedentes penales, sería de cumplimiento en suspenso; y pidió su libertad con prohibición de acercamiento y subsidiariamente su arresto domiciliario.

Finalmente la jueza penal resolvió declarar legal la detención del imputado, en cuasi flagrancia. Decretando la apertura de la investigación preparatoria de ambos hechos, dándolo por anoticiados de los mismos y su calificación legal provisoria; y por asegurada su defensa técnica. Otorgando el plazo de 6 meses para concluir con la investigación. Por último impuso el arresto domiciliario, con permiso de salidas laborales al imputado y la prohibición de manejar cualquiera de los dos vehículos por el término de dos meses. Para asegurar su presencia al proceso y no entorpecer la investigación. Sostuvo que no se puede ordenar la prisión preventiva de una persona cuando el delito que se le impute no conlleve una pena privativa de libertad, y en el presente caso la pena tiene un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años de prisión, y considerando que el imputado no posee antecedentes penales.

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