Basta de matar cóndores

Dos nuevos episodios de muertes masivas en Patagonia fueron registrados la semana pasada. Casi un centenar de cóndores murieron envenenados por cebos en lo que va del año. Los envenenamientos llevan a la especie al borde de la extinción. ¿Esperamos con los brazos cruzados mientras la especie se extingue?

Los envenenamientos aumentan el riesgo de extinción

El uso ilegal de agrotóxicos esta diezmando las poblaciones naturales de cóndor andino. Los casos de muerte masiva se repiten a un ritmo que amenaza de extinción a la especie.

Cómo reaccionaríamos si murieran envenenadas 90 millones de personas? El número duplica la cantidad de habitantes de la Argentina  Nos escandalizaríamos?  Buscaríamos la causa y al culpable?  Evitaríamos nuevas muertes? No lo sé.

Y si los muertos fueran animales en peligro de extinción?  Qué haríamos? Esa respuesta la sé: no haríamos nada. La imagen que nos devuelve este dato como espejo es horrenda, incómoda; sin embargo es cierta.

A fines de octubre se conoció la noticia del hallazgo de 13 ejemplares de cóndor andino (Vultur gryphus) muertos en Neuquén y de 10 en cercanías de Perito Moreno, Santa Cruz. Sumado a las muertes masivas registradas en Jujuy en febrero de 2017,cuando fueron hallados 19 ejemplares, y en Mendoza en enero de 2018, donde murieron otros 34, más las muertes aisladas registradas en el resto del país, el número asciende a tristemente a 90. Junto a los cóndores también se encontraron cadáveres de otras aves carroƒeras, rapaces y perros.

La causa de la muerte es envenenamiento por consumo de agroquímicos utilizado como cebo. Esta práctica no solo no funciona para el control de grandes predadores, mata cóndores y a otros animales, sino que contamina el suelo, el agua y es peligroso para la salud humana.

Luis Jácome, presidente de la Fundación Bioandina explica que este ritmo de muertes amenaza a la especie que ya está en peligro de extinción y desaparecida en varios países andinos. “ Cómo se dimensionan estas muertes? Nosotros desde la Fundación trabajamos 30 años para criar 65 pichones, este número es un récord mundial. Reponer 100 adultos nos llevaría 150 años. Si considerás que tenemos una población de 6.700 cóndores, 90 representan el 1,4% en un año, esto sin considerar todas las muertes de las que no nos enteramos”, grafica Jácome. “El daño es irreparable y lo peor es que es un daño que no podemos llegar a medir porque deben estar ocurriendo muchas más de las que nosotros estamos denunciando. Además, contaminan  el agua, el suelo, todas las formas de vida y ponen en peligro la salud humana”. El poderoso agrotóxico utilizado como veneno es un organofosforado, prohibido en el país.

Jácome explicó que los venenos son utilizados erróneamente para matar grandes carnívoros, zorros, pumas o perros. “Se lo colocan a una oveja o caballo muerto esperando que cuando venga el carnívoro, muera. Pero dejan el tendal, es como activar una mina, son bombas químicas que están a la espera que alguien muera”, describió el presidente de la fundación que trabaja desde hace más de 30 aƒos en la conservación de esta especie.

Los carnívoros que caen en la trampa son carroñeros, los ejemplares que cazan ganado no tienen hábitos carroñeros. Estas muertes pueden y deben evitarse con instrumentos legales. Para Jácome las herramientas necesarias son leyes, penalidades, acciones y educación. “El vacío legal que existe es muy grande -describe- echar veneno a cielo abierto es peligrosísimo”.

Es necesario contar con una ley nacional y provincial de trazabilidad que permita conocer el camino de los millones de litros de agroquímicos que circulan en el país desde el importador o productor hasta el usuario. También una ley de prescripción de agrotóxicos para que solo sean comercializados bajo receta. También se deben establecer penas. El delito ambiental es una figura que espera incorporase con la sanción de la reforma del Código Penal.

Las acciones están en marcha, llevarán tiempo. Mientras tanto como dice Jácome necesitamos también educación, llegar a las escuelas, difundir que el uso de veneno es ilegal.

Otro tema es el equipamiento indispensable que necesitan los técnicos de las provincias que van a atender los casos y que se exponen al veneno. A su vez es necesario contar con fondos para realizar los estudios de toxicología para conocer cuáles son los agroquímicos que causaron el envenenamiento. Hasta ahora todos los estudios fueron financiados por la Fundación Bioandina.

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