El Tribunal Supremo suspende políticamente a Puigdemont y a los diputados presos

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto del Govern

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena consumó este martes la suspensión temporal de los cinco diputados independentistas presos y procesados por rebelión, así como de Carles Puigdemont, que permanece en Alemania, lo que implica que ya no podrán votar en los plenos.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena llevó a cabo la suspensión política cautelar de seis diputados independentistas del Parlamento catalán, en base a su procesamiento por rebelión. Se trata del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont –que se encuentra en el extranjero– y de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, que están en prisión provisional.

La suspensión cautelar, que Llarena considera automática por imperativo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impide a los afectados por esta medida seguir delegando su voto desde los centros penitenciarios en los que se encuentran o desde su paradero en el extranjero, en el caso de Puigdemont.

De ahora en adelante, los procesados dejan de contar como miembros de sus grupos parlamentarios (Junts per Catalunya y Esquérra Republicana de Catalunya), aunque el juez Llarena explicita en el texto de su resolución que “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que correspondan a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas”, y delega la decisión al respecto en manos del Parlamento de Cataluña.

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El magistrado también destaca que la suspensión en este caso es “una medida de eficacia meramente provisional”, y que la medida de suspensión quedaría sin efecto “si finalmente se atribuye a los procesados otras infracciones penales distintas de la rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional a la que están sujetos”. En tal caso, tendría lugar “la inmediata reactivación del derecho de los procesados a representar a sus electores”.

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