Puerto Deseado: ordenanza instituye la figura del inspector digital

Preocupación entre los vecinos deseadenses por una polémica ordenanza municipal que instituye la figura del inspector digital que, en este caso es encarnado por un empleado del municipio que recorre las redes sociales y se hace aceptar en grupos privados de Whatsapp para detectar “operaciones comerciales encubiertas” de compra y venta de todo tipo de productos inclusive alimenticios, para después concurrir a los domicilios donde se detectó la existencia de una presunta transacción, y obligar al actor a entregar la mercadería, o en su defecto a regularizar su situación.

Puerto Deseado, (C).  La ordenanza que se encuentra en plena vigencia ya generó rencillas entre los vecinos y los inspectores de la Dirección de Inspección General quienes fueron echados a pedradas de varios domicilios donde concurrieron envalentonados a “aplicar” la ley en cumplimiento de la flamante ordenanza”.

“Son momentos desagradables, también nos tiraron huevos y nos echaron a los perros”, reveló Mariela Pross, directora de Inspección General del Municipio.

La funcionaria indicó que se han detectado más de 100 sitios de venta de “operaciones comerciales encubiertas” y también números de Whatsapp por donde se promocionan los productos, más que nada alimenticios de elaboración propia como empanadas, tortas fritas, sándwiches de miga, churros, chipás, tortas, etc. “Entendemos que la situación del país está muy mal, pero la venta de estos productos resulta una verdadera competencia desleal para las panaderías y rotiserías locales que pagan su habilitación comercial”, afirmó.

En tanto las panaderías consultadas señalaron que no se vieron perjudicados por la aparición de esos ofrecimientos por las redes sociales, y que la venta informal de esos productos alimenticios solo abastece a una pequeña fracción de vecinos. “Aquí en la panadería se sigue vendiendo”, señaló la empleada de una céntrica panadería ubicada en la calle San Martín de esta ciudad.

De todos modos, la mayor queja surgió del sector de indumentaria. Según explicó la propietaria de una tienda quien se mostró conforme con la puesta en vigencia de la ordenanza, porque “hace rato que hay ‘vivos’ que hacen pedidos a Buenos Aires y venden por Facebook sin pagar un peso en impuestos y habilitaciones y eso es una tomada de pelo”.

En ese orden, la propietaria comercial indicó que la ordenanza se aprobó este año “pero que desde hace rato que los comerciantes le pedimos al municipio que haga algo porque a nosotros nos ahorcan con impuestos y nuestros locales están vacíos, pero siguen las ventas por Facebook y Whatsapp”, sentenció.

Como contrapartida, una empleada municipal que vende calzado por Facebook a través de la conocida página el “Vendetutu deseadense”, indicó que “las ventas existen porque los vecinos de Deseado están cansados que los comerciantes les roben. Compran productos en La Salada y les cargan el triple, nadie puede comprar a ese precio, son unos angurrientos y por eso tienen los locales vacíos”, fustigó.

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“Darle un instrumento legal al Ejecutivo”

El concejal de la UCR Juan Raúl Martínez defendió la ordenanza, y ante la consulta de Crónica dijo que se la aprobó para darle un instrumento legal al Ejecutivo y surgió por pedido de los comerciantes. Pese a que podría ser vetada por su inconstitucionalidad, el edil dijo que la ordenanza no tiene ningún vicio, que es “correcta” y se puede aplicar porque existen abogados que asesoraron al Concejo Deliberante para la confección del proyecto, reveló que se trata de Constanza Pateck y de su esposo Maximiliano Fioll, y de un profesional apellido Rapetti.
En tanto, al menos cinco profesionales del Derecho consultados, entre ellos prestigiosos abogados que ejercen la docencia, calificaron la ordenanza de “disparate jurídico”. “No puede aplicarse, viola principios básicos, es inconstitucional por donde se la mire, un verdadero disparate jurídico; nadie puede presentarse sin proceso previo a la casa de un vecino porque un inspector leyó en la web que ese vecino está preparando empanadas para venderlas, no creo que ningún juez se preste para ordenar un allanamiento, incluso si lo ordena, el juez puede llegar a tener problemas”, señaló el abogado Mauro Zamboni. Y aconsejó: “lo mejor, lo más sensato que puede hacer el intendente es vetar esa ley”, concluyó.

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