Audiencia pública: los reclamos de los usuarios

Se presentaron 22 de los 40 inscriptos para la audiencia pública por la adecuación tarifaria de los servicios de energía eléctrica, alumbrado público, agua y saneamiento realizada el miércoles. Entre las exposiciones predominaron tres ejes en común: el impacto tarifario, la calidad del servicio, y la falta de información sobre la estructura de costos de la SCPL.La mirada de los usuarios sobre el costo de los servicios de primera necesidad

Como en las últimas audiencias, hubo varios representantes de los barrios Pueyrredón y Juan XXIII, dos de los más afectados durante el temporal de hace exactamente un año. El primero en opinar el miércoles fue Enrique Llaryora que además se identificó como representante del partido socialista MST y se manifestó “en contra de estos incrementos porque existe gente desempleada y otros que no lo van a poder pagar porque cobran un salario mínimo. Si bien se han creado categorías con subsidios, existe una gran cantidad de personas que no están subsidiadas”, expresó y marcó que “este aumento basado en incrementos provinciales y nacionales es poner la economía por encima de la gente”. Por último, mencionó otro común denominador en la jornada: “se demanda la urgente implementación de redes de gas porque se paga más del doble por la energía”.

En la misma línea, José Remolcoy, vecino del Cordón Forestal reclamó que “no tenemos gas, somos electrointensivos. Con el último aumento en 2017 llegué a pagar boletas de 8 mil pesos. ¿Cuánto tendría que pagar si se aprueba esto? Va a ser muy duro. Si hay 8 mil colgados, puede ser que ahí esté la falencia porque todos los que pagamos en tiempo y forma pagamos por ellos. No es el mejor momento para un aumento. No se han abierto paritarias en algunos gremios, hay gente que ha perdido su trabajo, la carga de gastos es excesiva”. Además, recomendó investigar e invertir en energías alternativas porque basado en su experiencia “gracias a tecnologías reduje el consumo. Sería mejor promover el uso de fotocélulas en alumbrado público o protecciones térmicas, relojes temporizadores, u otras alternativas como energía solar”.

Dos vecinos del barrio Centenario de km. 12 también expusieron su cruda realidad al vivir en una zona que aún no cuenta con ninguno de los servicios en cuestión: “El agua la tenemos que comprar, pagamos el flete, nos manejamos con generador el que tiene para pagarlo y si no con velas. Queremos ser incluidos en las nuevas obras”, reclamó Nicolás García Alvaredo. Su compañera, Andrea Carrizo, advirtió que “algunos hace 9 años que vivimos en el barrio y ya no podemos afrontar los costos. No tengo ni generador porque no lo puedo comprar y tengo nenes chiquitos. No queremos nada regalado, queremos tener los servicios como todos. Se ven vecinos derrochando agua y nosotros no tenemos ese servicio. Cocino con velas. Yo comprendo que haya gente enganchada porque no tienen soluciones, nosotros no queremos llegar a eso”.

Desde el plano técnico, algunos usuarios cuestionaron el costo del servicio eléctrico comparando con otros lugares del país. Enrique Willensky, advirtió que “un usuario que consume 400 Kw, antes del aumento solicitado pagaba $2.100 y si se aprueba pasará a pagar $3.581 en factura final. Si esta misma casa en lugar de Comodoro estaría en Río Negro, la factura sería $743 pesos, en Neuquén $1219; y en Bahía Blanca $1184. Seguramente los aumentos del gobierno nacional influyen en la tarifa y no lo voy a defender, pero es simplista y tendenciosa reducirlo solo a esta variable la responsabilidad del aumento”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Alexis Togël advirtió que “tenemos una diferencia muy grande en la tarifa que se paga como comercio en Comodoro, y no hablo de grandes estructuras sino un kiosco o un lugar con dos o tres empleados que son los que cierran todos los días porque no pueden afrontar sus costos, porque entre otras cosas pagamos entre un 65% y un 280% más de lo que se paga de luz en otras ciudades”. Esgrimió el ejemplo de un mismo consumo promedio en Comodoro y Esquel con la diferencia de tarifas. “En Esquel un consumo de 6 mil Kw genera una tarifa de $16 mil, mientras un consumo de 18.000 Kw en Comodoro genera una tarifa de $96 mil, es decir tres veces más consumo pero seis veces más caro”. También reclamó por la estructura de costos de la SCPL: “si eso no es transparente no se debería aprobar ningún aumento”; Y criticó la estructura orgánica del Consejo de Administración al decir que “es casi imposible que un ciudadano pueda presentar un lista y no es un dato menor”.

Dagoberto Fuentes fue el representante de uno de los sectores más vulnerables: los jubilados. “No soy intelectual pero algunas cosas tengo en mi conciencia que me llena de impotencia no poder explicar. Un jubilado como yo que en poco tiempo cumpliré 100 años no podemos pagar estas tarifas. Las empresas son multimillonarias. Los jubilados son los que más sufren”, expresó.

Isaac Rotondo criticó la política de “este gobierno nacional que tiende a beneficiar a un sector energético”. Por otro lado, dijo que “reconozco que esto viene y no se puede evitar. Pero quien defiende a los usuarios. La SCPL debe readecuarse porque hay 8 mil enganchados y eso expone una realidad social”. Sin embargo, defendió a la SCPL como única entidad cooperativista de la ciudad: “Yo defiendo el cooperativismo, esta SCPL ha sido solidaria con nosotros durante el temporal y nadie habló de eso. Está desfinanciada hace muchos años y como usuario me va a afectar el aumento, pero hay que reconocer que durante muchos años hubo tarifas muy bajas y nosotros no las pagamos, ahora nos toca. Hubo empresas que se llevaron mucha plata. Es la única institución cooperativa que tenemos en la ciudad y hay que defender el sistema”.

El reclamo por la calidad del servicio

Otro de los ejes de la audiencia fue el reclamo por una tarifa coherente a la calidad del servicio. Para Pedro Ancalepi, “la ciudad está colapsada y no pueden pedir un aumento. Vivo en el barrio San Martín y se ve el colapso de todos los servicios. No hay alumbrado público que funcione”.

Aida Quintero, una de las vecinas del barrio Juan XXIII recordó los veranos con “semanas y semanas de cortes de agua y de luz” y contrastó la responsabilidad de los usuarios al día con el servicio que reciben: “Como todo buen vecino pagamos nuestras facturas porque venimos de la cultura del trabajo y del cumplimiento efectivo, de ahorrar agua y luz. Pero las facturas siguen sumándose, siguen los aumentos, siguen los cortes de agua, de luz, no veo soluciones y seguimos pagando porque lo que usamos lo tenemos que pagar. Somos responsables y sabemos que si no cumplimos perjudicamos a toda la comunidad. Todos nos tenemos que calzar las botas de la responsabilidad. El canal (de la avenida Roca) todavía no está arreglado, y así como nosotros cumplimos, todos tienen que cumplir”.

Justamente la presidente de la vecinal del barrio, Jimena Cores, también hizo hincapié en el canal porque “no está trabajando como un sistema pluvial sino como una red cloacal a cielo abierto y por eso muchos nos inundamos con ese fluido el año pasado y el líquido continúa entrando con cada lluvia por mínima que sea. Por eso queremos plantear que la SCPL y la Municipalidad, antes de tratar un aumento vean los medios necesarios para que no haya conexión de cloacas con pluviales”.

Sobre la situación sanitaria también se expresó la representante del barrio Pueyrredón, Mirta Cámara. Recordó que “en diciembre del año pasado 350 vecinos realizamos una denuncia por los líquidos que corren por el canal de la Roca”. Y reclamó la solución ante el colapso del servicio de saneamiento: “Redes cloacales colapsadas porque se urbanizó sin adecuar las redes; conductos pluviales utilizados como cloacas porque no hay planta de tratamiento y sin tratamiento que van a las playas porque no van emisarios marinos. Estamos contaminando las playas. Necesitamos cloacas y pluviales, sanear la ciudad y el mar, necesitamos agua y que se gestionen proyectos aunque sean largas y complejos”.

Otra reconocida vecina del barrio Pueyrredón que se presentó fue Verónica Cruz, recordando que la necesidad de colocación de las válvulas antirretorno para evitar que ingresen los líquidos cloacales a las viviendas y solicitando respuestas justas. “Pedimos contemplación. Somos gente trabajadora, que no se engancha de la luz, propietarios que no usurpan. Queremos cumplir con nuestro deber de pagar en tiempo y forma pero de un servicio que preste calidad. Hoy los vecinos inundados y el ciudadano común que no le alcanza, no llegamos a fin de mes. Queremos un servicio acorde, no padecer la falta de agua ni los cortes de luz o las bajas de tensión”.

Por su parte, Agustín Geldres resaltó que “naturalizamos que en el verano siempre se va a cortar la luz y el agua. Es lógico que los costos suben, pero las tarifas deberían venir acompañados por un buen servicio”. Propuso que “podemos enfocarnos en energías renovables, pensar la ciudad a futuro y dejar de parchar. Hace un año la ciudad se inundó y dejó en evidencia las falencias”.

Nicolasa Robledo, una docente jubilada del barrio Juan XXIII que perdió todo durante el temporal, aseguró que tuvo que reconstruir su vivienda por sus propios medios. “Todo lo hice por mi cuenta. Vivo sola y pago una boleta altísima. El agua no estoy a favor de pagarla porque es un servicio que no nos han prestado”.

La exigencia por conocer la estructura de costos

La falta de información y la exigencia de transparencia en los números por parte de la SCPL fue otro de los planteos en común. Cynthia Francisco criticó la posición del “Ente de Control porque aprueba este pedido de aumento sin saber la estructura de costos, sin saber cuánto dinero entra por mes a la Cooperativa y cuanto se va en sueldos. No hay información sobre el consumo de agua potabilizada para la industria petrolera. Queremos saber cuánta agua potable les brindan y a cuánto se las cobra”. Además se mostró en contra de la micromedición “y también a que descuelguen a los colgados porque a nadie le gusta colgarse, el que se cuelga es porque no le alcanza”.

El vecinalista del barrio Juan XXIII, Víctor Bonzano, manifestó que “es inadmisible que un vecino de bajos recursos deba pagar en cuotas sus facturas. Deben ser protegidos bajo un esquema de tarifa social”. El expositor es también empleado de la SCPL y se pregunta ¿cuál es la masa salarial real, los bienes propios, contratistas, vehículos en alquiler?, entre otras respuestas que aún no se han expuesto.

La dirigente radical, Rosana Uriarte, también afirmó estar “cansada de pedir estructura de costos e información”. Se opuso a un nuevo aumento porque “un jubilado que cobra la mínima paga casi dos mil y un usuario medio entre 2 y 3 mil. El argumento del último aumento fue la deuda con Cammesa, si no quebraban y los únicos que quebraron son los usuarios. Paren de exprimirle la sangre al pueblo, no resiste un aumento más”.

Guillermo Felis fue otro de los ciudadanos que reclamó información al argumentar que “cualquier sistema que funciona debe contar con datos públicos y transparentes y eso no sucede”. Además, apostó por la inversión en energías renovables para dejar de comprar la energía a precios exorbitantes: “Estamos con el agua al cuello y hay que tratar de bajar el nivel de las aguas. Para eso hay que generar más barato de lo que se compra. Es posible porque hay una ley vigente de energías renovables. Tengo un proyecto que significa una inversión de 7 a 10 años pero después la energía es gratuita. El pedido es para los gobiernos, generar las condiciones para hacer la inversión inicial de un sistema alternativo y que se elabore la normativa para trabajar con la generación distribuida que es una ley que está vigente”.

Juan Marillaf eligió su argumentación en contra del aumento de tarifas con la exposición de un supuesto balance “que no está publicado en la página”. “El último balance arroja un ingreso de 1130 millones de pesos por año. La energía cuesta 320 millones; la compra de agua 110 millones; en salarios se van 547 millones y en aportes 150 millones. Si se hace la cuenta: ingreso menos gasto no me queda un peso para gastar y nos hace ver que el Consejo de Administración es ineficiente. Del 2016 a la fecha, los costos aumentaron un 100% y los ingresos un 50%. Hay déficit en todos los ítems. El quebranto en el 2013 era de 27 millones y hoy es de 194 millones: aumentó un 700% el quebranto de la SCPL en cuatro años. Les pido que manejen estos ingresos, estos 1100 millones que perciben, que es mucho dinero. La Cooperativa tiene 704 empleados, ¿dónde están?”, cuestionó.

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