Con suspensión de concursos y quiebras y moratoria impositiva, el oficialismo busca darle algo de aire a las empresas

Con la presión de la reapertura de los Tribunales y las deudas impositivas acumuladas por centenares de miles de empresas en el marco de la crisis económica, la Cámara de Diputados dio anoche media sanción a un proyecto de ley para suspender, hasta el 31 de marzo de 2021, los plazos de la ley de Concursos y Quiebras.

La medida tuvo el apoyo de los dos principales bloques legislativos, con 250 votos a favor y sólo dos abstenciones, lo que motivó el agradecimiento del titular de la Cámara, Sergio Massa, y sería aprobada la semana próxima por el Senado, en lo que algunos consideran “una bocanada de aire fresco” ante un pronóstico que, a priori, preveía un “tsunami” de pedidos de quiebras, concursos y juicios ejecutivos que hasta ahora, en verdad, no se materializó.

La nueva norma suspende todos los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia. Asimismo, la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen.

Un aspecto importante es que se extiende a 180 días el “período de exclusividad” que tiene un deudor, una vez abierto su concurso y verificadas las deudas con sus acreedores, para proponer y eventualmente alcanzar acuerdos con éstos, de modo de tener un plazo suficiente para reencauzar su negocio, pagar en determinados plazos las obligaciones acordadas y así evitar la quiebra.

Hasta el próximo otoño

En caso de aprobarse, la ley declarará hasta el 31 de marzo próximo la “emergencia de todas las personas jurídicas y humanas alcanzadas por la ley de Concursos y Quiebras que se encuentren a la fecha que entre en vigor la nueva ley en trámite y extenderá ese beneficio a los nuevos concursos preventivos que se presenten hasta esa fecha. Además, delega en el juez del concurso la readecuación de los plazos del proceso concursal en trámite.

Adicionalmente, la medida suspenderá desde su entrada en vigencia los procesos de ejecución de garantías financieras respecto de fiadores, avalistas y codeudores, las subastas judiciales y extrajudiciales (incluidas prendarias e hipotecarias), la prescripción y caducidad de créditos (de modo de evitar que los acreedores terminen perdiendo derechos por el paso del tiempo) y los embargos sobre cuentas bancarias, salvo para pago de créditos laborales y obligaciones alimentarias.

El texto aprobado se basó en una propuesta del diputado oficialista bonaerense Carlos Selva (uno de los primeros legisladores que se contagió de coronavirus) e incorporó sugerencias, como la del diputado mendocino José Ramón, uno de los legislares “bisagra” de la Cámara Baja, que excluyó de la suspensión los pagos por obligaciones alimentarias.

Empresas en riesgo

La razón de la medida, explicó Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, el bloque de legisladores electos bajo la candidatura presidencial del ex ministro Roberto Lavagna, es que de las cerca de 650.000 empresas que hay en la Argentina, unas 100.000 podrían sufrir pedidos de concurso o quiebras al cabo de la feria judicial.

Aunque los legisladores opositores de Juntos por el Cambio apoyaron la iniciativa, marcaron también que, sin acceso al crédito, la suspensión sería simplemente prorrogar los tiempos para llegar a una misma situación negativa.

Ampliación de la moratoria

En cuanto a la Moratoria, antes de que Diputados se dispusiera a tratarla, el titular de la Comisión de Presupuestos en Diputados, Carlos Heller, cuyo “Partido Solidario” forma parte del “Frente de Todos”, adelantó que finalmente comprenderá deudas previsionales, impositivas y aduaneras hasta el 31 de julio (un mes más que el texto previo, que fijaba el plazo en el 30 de junio) y comprenderá a bancos y telefónicas, excluidos del proyecto inicial, que apuntaba básicamente a las empresas Pyme.

“Esta moratoria es para que las empresas que están en actividad puedan sobrevivir y los que todavía no han vuelto a tomar su actividad tengan un horizonte más claro”, dijo Heller, quien también anticipó que se estableció un beneficio para los contribuyentes “cumplidores”, como plantearon legisladores de oposición, y también se incluyó el pedido de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos de sumar a las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro.

Tantas declaraciones de buenas intenciones no convencieron al tributarista Iván Sasovsky, quien señaló a Infobae que se trata de medidas tardías. El Estado llegó tarde y con la medida equivocada, dijo el experto.

El problema más acuciante de las pymes y de las empresas en general es hoy que se rompió la cadena de pagos y para restablecerla se necesita crédito, pero en lugar de atender esa cuestión el Estado ofrece moratoria y suspensión de plazos de quiebras y concursos en el medio de una pandemia que no se sabe cuándo terminará.

“Hay que acelerar los procesos de financiamiento, de lo contrario las empresas van a echar gente para poder sobrevivir más tiempo”, advirtió Sasovsky.

Provincias disconformes

A su vez, aunque en la jornada del jueves había logrado dictamen para tratar la cuestión hoy en sesión, el oficialismo desistió de impulsar ayer la media sanción al proyecto de ampliación del presupuesto 2020 (en nada menos que 1,86 billones de pesos, de los que apenas un tercio estaría basado en un aumento de recursos) por desacuerdos sobre la distribución de fondos por parte de la Nación a las Provincias.

Básicamente, los gobiernos provinciales objetan el trato preferencial dado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que en la primera mitad del año recibió 52% del total de fondos discrecionales (esto es, no “automáticos”) enviados por el Poder Ejecutivo al conjunto de los distritos del país. Es decir, cuatro puntos más que todos los demás juntos