Exigen la derogación de protocolos policiales en Chubut

Consideran que el uso de armas de fuego y las intervenciones en manifestaciones públicas que aplican las fuerzas de seguridad de la provincia violan normativas nacionales e internacionales.

Organizaciones sociales y de derechos humanos reclaman a la provincia de Chubut la derogación de los protocolos policiales que permiten el uso de armas de fuego durante determinadas intervenciones y los referidos a la actuación de las fuerzas en protestas sociales, así como expresan que los mismos no están vigentes en ninguna jurisdicción del país a excepción de Chubut.

En la carta que enviaron al gobernador Mariano Arcioni, mencionan que “aún se encuentran vigentes los protocolos para la utilización de armas de fuego en situaciones con agresiones con armas blancas -publicado bajo la Resolución 145-2020 del Ministerio de Seguridad- y de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas, publicado a través de la Resolución 172-2018 del Ministerio de Gobierno” que consideran que violan normativas nacionales e internacionales y por tanto piden su derogación.

Piden la derogación

Los organismos que firman la carta son la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia Chubut, Secretaría Provincial de DDHH de CTA Autónoma Chubut, H.I.J.O.S. Puerto Madryn, Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Red por la Identidad Esquel, Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE) y Asociación Civil Instituto Futaleufú.

En la misma expresan: “Es grave que la provincia de Chubut desarrolle protocolos para guiar la actuación policial replicando instrumentos de una pobreza técnica alarmante y de una clara orientación represiva, que por otra parte ya han sido derogados y superados por la nueva gestión nacional”.

Asimismo señalaron que a pesar de los reclamos realizados previamente el gobierno provincial no avanza en la modificación o derogación de dichos protocolos.

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También mencionaron que “resulta inadmisible que la provincia sostenga normativas que se oponen a derechos constitucionales y a leyes nacionales y locales” principalmente teniendo en cuenta el contexto de creciente conflictividad social en que se encuentra la provincia, tanto por la falta de pagos a trabajadores estatales y el estado de la administración pública en general, los incendios en la comarca andina y las constantes amonestaciones en contra de la minería, entre otras situaciones.

Uso de armas de fuego

Con respecto al uso de armas de fuego, explicaron que el protocolo provincial “representa un retroceso en materia de control de uso de la fuerza letal por parte de los efectivos policiales”

En este sentido, señalan que la resolución aprobada hace cuatro meses por el Poder Ejecutivo de Chubut “se contrapone a la normativa nacional y local y contradice las políticas desarrolladas actualmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que establece habilitaciones que incrementan los niveles de violencia ante hechos delictivos y estimulan el uso de las armas de fuego”, lo que infringe normas nacionales e internacionales de diferentes organismos, y advierten que este tipo de acciones “pone en riesgo la vida y la integridad física de los efectivos policiales, de quienes estén involucrados en el hecho delictivo y de personas ajenas a estas situaciones”.

Criticaron al protocolo de actuación de las fuerzas en manifestaciones públicas

Los organismos de derechos humanos señalan su preocupación por la vigencia del protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas, que fue tomado del texto que la exministra Patricia Bullrich quiso aprobar en 2016, pero que no se llegó a formalizar.

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Al respecto explican que este protocolo “implica un claro límite al ejercicio de derechos fundamentales en una sociedad democrática como la libertad de expresión, de reunión y el ejercicio de la libertad de prensa”, lo que resulta incompatible con la Constitución Nacional y convenciones internacionales.

Entre los problemas más graves del protocolo destacan que “amplía los márgenes de la intervención y discrecionalidad policial para penalizar el ejercicio de la protesta sin necesidad de una orden judicial” y que “omite dar indicaciones claras sobre el uso de las armas denominadas menos letales y la capacidad de daño de su utilización”.

Esta norma también afecta el trabajo periodístico, ya que es la propia policía la que puede indicarles a los trabajadores de prensa dónde ubicarse, de modo de no interferir con su procedimiento. “Esta atribución tiene una incidencia negativa sobre la libertad de expresión e impide el control que el registro fotográfico y audiovisual ejerce en el trabajo policial” mencionaron.

Tampoco se imponen medidas respecto de la identificación del personal policial y los móviles que intervienen en los operativos, lo que impide controlar la labor policial y determinar responsabilidades.

Por último, remarcan que contradice al propio Ministerio de Seguridad de la Nación que en 2011 dictaminó pautas de actuación policial que respeten y protejan los derechos de los manifestantes, además de buscar reducir las afectaciones que la concentración o manifestación cause o pudiera causar en los derechos de las personas que no participan de ella y en los bienes públicos.

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