Duro comunicado de la Cátedra Libre de Derechos Humanos por el 24 de Marzo

Ayer, previo a la movilización realizada por distintas organizaciones sociales y políticas en el centro de la ciudad, la Cátedra Libre de Derechos Humanos dio lectura a un comunicado en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En el mensaje, hicieron hincapié en los hechos ocurridos en Argentina hace 45 años, analizaron la actual situación de Chubut con respecto a la minería, y también pusieron el foco de análisis en cómo se trató la pandemia en el país, resaltando la violencia institucional que se vivió en distintas provincias durante el aislamiento obligatorio.



“En este día, recogemos la convocatoria a movilizar que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia impulsa en Plaza de Mayo, porque las calles son del pueblo y es allí donde levantamos en alto las banderas por los derechos humanos de ayer y de hoy. El recuerdo de cada compañero detenido, desaparecido, trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario, repudiando la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, recordando a los 30.000 desaparecidos, y renovando el compromiso de construir una sociedad más inclusiva e igualitaria”, comienza el comunicado de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.

Dictaduras en todo Latinoamérica

A continuación, se destaca el llamado “Plan Cóndor”, una estrategia llevada a cabo en todo Latinoamérica para implementar dictaduras militares en los distintos países del continente: “la Dictadura en Argentina, coordinada con las demás dictaduras cívicos-militares instauradas en el resto de Latinoamérica, formó parte del llamado Plan Cóndor, que contó con la connivencia del empresariado, los partidos patronales, la Iglesia Católica y los medios masivos hegemónicos. El aparato de represión estatal en manos de los militares secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, entre ellos, obreros, militantes sociales, activistas políticos y estudiantes. Algunos de sus perversos mecanismos implementados fue la apropiación de bebés de las madres en cautiverio y la violación de las mujeres por parte de la misma dictadura militar”.

“La antesala del golpe de 1976 fueron las bandas paramilitares como la Triple A, que inauguraron un período sangriento de la Argentina, amparadas desde el Estado. Los ataques con bandas fascistas y luego el golpe, tenían por objetivo quebrar el enorme crecimiento del movimiento obrero, estudiantil y popular que, con altos y bajos, recorría el país desde el Cordobazo, con el fin de imponer un brutal ajuste neoliberal. La movilización popular logró recuperar la democracia, así como garantizar el juicio a las juntas y eliminar a los militares del poder, ante las crisis posteriores que atravesaron a nuestro país. Sin embargo, aún hoy siguen habiendo funcionarios judiciales y policiales de aquellos años ocupando cargos públicos, así como siguen impunes grandes empresarios, beneficiarios del plan económico llevado adelante por los militares. A la vez que la deuda externa, acrecentada por la dictadura, pagada, repagada y vuelta a acrecentar por los gobiernos subsiguientes, sigue siendo un grillete para la economía de las familias obreras y populares”, continúa el mensaje.

Violencia institucional en Argentina

El comunicado de la Cátedra Libre de Derechos Humanos analiza luego la situación vivida en el país durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio, que comenzó a regir en marzo del 2020, con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus. “La pandemia y la cuarentena pusieron de manifiesto el rol que para los gobiernos deben jugar las fuerzas represivas. Vivimos tanto en Chubut como en gran parte del país situaciones de violencia institucional, represión, detenciones arbitrarias y vejaciones. La desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro a manos de la Bonaerense de Berni se suma al nefasto historial represivo en todo el territorio en democracia, con los antecedentes inmediatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, a manos de la Gendarmería de Bullrich. Tampoco olvidamos las desapariciones forzadas en democracia de Julio López e Iván Torres. No olvidamos que continúa el juicio a la represión y torturas a los detenidos políticos en la dictadura en la cárcel de Rawson, conocida como la causa 500. Pedimos justicia y reapertura de todas las causas de delitos de lesa humanidad, incluyendo la causa de Ángel Bell y del centro de detención clandestino del Regimiento 8”.

Minería en Chubut

Seguidamente, en el mensaje leído este miércoles en la plaza de la Escuela 83, se hizo mención al debate que por estos días se da en Chubut respecto a la zonificación minera: “en un contexto de crisis de Chubut, el Estado vuelve a reproducir acciones de violencia institucional contra la comunidad, atenta contra la dignidad de los pueblos originarios, las mujeres, los trabajadores estatales, los niños, y contra el medioambiente. El avance del extractivismo y del saqueo de los bienes comunes, amenaza los derechos del pueblo, lejos de permitir el desequilibrio entre las vidas, y acompañado por diferentes organizaciones, se moviliza en defensa del agua y las vidas. Los incendios intencionales constituyen el mayor acto ecocida de la provincia, con claros fines económicos. Repudiamos la irresponsabilidad de criminalizar al pueblo Mapuche-Tehuelche, tanto al gobierno de Arcioni, sus funcionarios, como a los medios hegemónicos racistas tanto locales, como nacionales. Decimos no a la megaminería, defendemos el territorio y el agua con la ley 5001 como bandera. Además, denunciamos que el gobierno de Arcioni y Sastre viola derechos laborales adquiridos,se refugia en leyes de emergencia para desconocer los convenios colectivos de trabajo y continúa adeudando salarios y con el pago fuera de tiempo. Ante la lucha organizada, responde criminalizando la protesta social de las y los trabajadores. Reclamamos el pago sin escalonamiento, para el ejercicio integral de derechos a la salud, justicia y educación en Chubut”.

Para concluir, los integrantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos dejan varias críticas para los tres órdenes de gobierno y advierten que, la dirigencia política es en gran medida responsable por las violaciones a los derechos humanos. “Los Estados nacional, provincial y municipal siguen siendo los principales violadores de los derechos. Solicitamos la derogación de la ley antiterrorista, que legaliza la violación de derechos, afecta a un sinnúmero de garantías constitucionales y promueve la impunidad. Nunca más es nunca más. Ayer y hoy no podemos olvidar, es urgente ejercer los derechos humanos para poner límite al poder punitivo del Estado, en la democracia y en la dictadura. Es necesario articular acciones conjuntas, en el marco de los mecanismo de protección de derechos humanos, encuadrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial”, concluye la misiva.