Corrupción en el Ministerio de Educación: acusan a los fiscales de interrogatorio ilegal y podría “caer” la causa

El juez suspendió ayer en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia en la que se debía dirimir si el caso estaba listo o no para ser elevado a juicio.
Trelew (Agencia) Los abogados que actúan en la causa en la que está involucrada la exministra de Educación de la provincia y actual diputada Graciela Cigudosa, por presuntos hechos de corrupción en perjuicio del Estado; denunciaron ayer que los fiscales interrogaron ilegalmente a otros imputados, solicitaron que se los aparte del proceso judicial y uno, concretamente, pidió que se declare nula “toda la causa” por la aplicación de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Si el juez lo acepta, todos los acusados deberían ser automáticamente sobreseídos.

Y si esto último sucediera se estaría ante un verdadero escándalo judicial, por el que se los debería responsabilizar a los fiscales Rodríguez y Williams, sobre quienes ahora el procurador General de la provincia y jefe de ellos, Jorge Miquelarena, deberá expedirse.

Ayer, en la Oficina Judicial de Rawson los abogados que denunciaron la supuesta ilegalidad que habrían cometido Rodríguez y Williams -aparentemente en una comisaría-hicieron que se suspendiera la audiencia preliminar, en la que se iba a determinar si el caso estaba listo o no para ser enviados al juicio oral y público.

Además de la actual diputada provincial Cigudosa están procesados en la misma causa quien fuera subsecretario de Educación, Raúl Alberto Care, su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel, y unos monotributistas que aparentemente eran contratados por el Ministerio: Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra. Ellos también habrían participado de las supuestas maniobras fraudulentas contra el Estado chubutense.

Los hechos datan de los primeros meses de 2019 y se habrían registrado principalmente en la contratación de empresas para refacción y mantenimiento de escuelas.

Según los fiscales que llevaron a cabo la investigación, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento desde el propio Ministerio de Educación”.

“El trabajo realizado por los contratistas tenía como común denominador, la limpieza de cocinas, caloramas. Cambio de cerraduras, de tubos fluorescentes y arreglos menores en baños, como pérdidas de agua; lo que significaba poco tiempo de mano de obra”, indicaron en su momento, cuando la causa recién empezaba a originar las primeras diligencias que esencialmente fueron allanamientos en las empresas involucradas y secuestro de documentación, celulares y computadoras de esos lugares.

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De acuerdo a lo ventilado por los fiscales Rodríguez y Williams: “con posterioridad al pago anticipado a distintos proveedores, se armó un ficticio concurso de precios: los oferentes que fingían competir en la puja de precios para quedarse con las obras.

Así se confeccionaron falsas cotizaciones entre personas vinculadas estrechamente entre sí (socios, parejas, parientes, empleados de las propias empresas y demás), quienes actuaron en forma coordinada o “cartelizada” para que sus ofertas tuvieran un precio similar ­excesivo e injustificado”.

La causa penal se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales y la calificación jurídica inicial fue “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.

Ahora bien, si se logra comprobar que los fiscales interrogaron a dos imputados de manera ilegal; informalmente, sin estar ante la presencia de un juez, la causa se caería por la aplicación de lo que en Derecho Penal se conoce como la doctrina del “fruto del árbol envenenado” que es -ni más ni menos– que se haya recolectado una prueba del acometimiento de una ilegalidad.

El juez Fabio Monti, en consecuencia, al conocer la novedad, decidió suspender la audiencia preliminar a la espera de lo que resolverá el procurador Miquelarena, en principio, con relación al pedido de recusación de sus dirigidos, los fiscales Williams y Rodríguez. Todas las especulaciones que se hacían ayer apuntaban a que Miquelarena los va a proteger y que no los apartaría del proceso judicial.

Ahora, con respecto al planteo de que a raíz del presunto interrogatorio ilegal de los fiscales toda la causa debería caer; eso, en su momento, tendría que resolverlo el juez.