Los retornos que pagaban los empresarios de la construcción eran volcados al pago de la deuda concursal de Canal 9

Ayer a primera hora en la Oficina judicial de Rawson, en el marco de la audiencia de debate por la causa Revelación, declaró en primer lugar Blanca Di Martino, quien hizo hincapié en comunicaciones telefónicas que surgieron de las pericias que realizó Guillermo Figueredo, perito informático de la Procuración General. Dichas comunicaciones serían entre Blanca Di Martino, cuando era agente de cuentas del banco del Chubut y Diego Luters. Estas comunicaciones permitieron conocer cuándo la empresa constructora Industrias Bass, perteneciente al empresario Martin Castillo, tenía disponible fondos para afrontar los pagos, lo cual era bastante extraño en tanto y en cuanto se llamaba a un secretario privado de la unidad gobernador para obtener ese tipo de información.

La deuda de Canal 9 y el “grupo inversor” que se hizo cargo

Seguidamente declaró Daniel Faciglioni, a cargo de la firma Protel Patagonia, quien refirió cuál era la situación financiera que atravesaba canal 9 de Comodoro Rivadavia durante el inicio del entonces gobierno de Mario Das Neves, es decir desde diciembre de 2015.

Especificó la situación al respecto pos concursal, indicando que parte de la deuda se hizo cargo un “grupo de inversores” y reconoció específicamente a Jorge Andrés Ninin como la cara visible.

Respecto de este último, cabe recordar que el mismo ha sido condenado en el marco de la causa Revelación por haber integrado una “asociación ilícita” encabezada por Diego Correa que también tuvo como finalidad apropiarse de la firma Protel Patagónica.

Asimismo y como eslabón fundamental en su declaración dio cuenta y reconoció de los diversos cheques que le hacían endosar, y refirió que los mismos venían de empresas constructoras que nada tenían que ver con el objeto de la sociedad Protel Patagónica.

Esto último sitúa a las claras cómo era la maniobra que estaba encabezada por Diego Correa; indudablemente estos cheques provenían del “pago de retornos de empresarios” vinculados a la construcción públicas y eran volcados al pago de la deuda concursal que tenía Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

A continuación declaró Fernando Zuñeda, socio de la firma INVERFER S.R.L. de Comodoro Rivadavia, quien reconoció diversos cartulares que fueron enviados desde empresas constructoras que pagaban retornos, sobre todo eran utilizados para hacer frente al pago de la deuda de Canal 9.

Estos cheques eran llevados y presentados por Federico Piccione quien fue imputado en la presente causa y se encuentra sujeto a la suspensión de juicio a prueba previsto en el artículo 76 bis del Código Penal. El empresario comodorense hacía las veces de “valijero” de la organización ilícita.

A continuación declaró la contadora de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General, Viviana Karlen, quien cumplió tareas específicas en la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública.

La profesional estuvo abocada a investigar el enriquecimiento ilícito del entonces funcionario Gonzalo Carpintero; en razón de ello dio cuenta de las diversas tareas indicadas por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, concluyendo en que hubo un desfasaje patrimonial del mismo entre los años 2011 y 2017.

Asimismo dio cuenta de los detalles de la construcción de la propiedad del Barrio Bonorino, de la ciudad de Trelew, la cual presentó cuantiosas reformas y es una propiedad de dimensiones considerables; y se sumó un terreno situado en Trelew, lindante al taller Recticar como asimismo la adquisición de un Toyota SW 4 modelo 2017.

La contadora fue contundente a la hora de indicar las distintas operaciones contables que fue realizando a los fines de ir analizando los ingresos y egresos del patrimonio de Gonzalo Carpintero.

La tarea desarrollada por la profesional fue de dimensiones considerables, teniendo en cuenta que tuvo que investigar al grupo familiar del exfuncionario lo cual implicó una tarea “grandiosa”, labor que no fue ejecutada de un día para otro sino que fue en el marco de la investigación de la causa “revelación” la cual tuvo el carácter de caso complejo, y así contar con un mayor plazo de investigación.

Para concluir, la contadora pudo demostrar que el desfasaje patrimonial investigado no coincidía con los ingresos que tenía Carpintero al momento de ejercer la función pública durante el periodo del entonces gobernador Mario Das Neves.

El último de los testigos, Walter Kobac dio cuenta de diversas propiedades que tenía Gonzalo Carpintero, como así también la valuación de las mismas, peritaje que realizó a pedido de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública en el presente caso. Fuente: MPF Of. Rawson