Graciela Cigudosa, más cerca del juicio por corrupción

Trelew (Agencia) El lunes 22 de marzo es muy probable que se decida enviar a juicio el caso que tiene como principal imputada a la ex-ministra Graciela Cigudosa, por hechos de corrupción que le endilgan durante su gestión al frente del Ministerio de Educación de la provincia.

Además de Cigudosa están procesados en la misma causa quien fuera subsecretario de Educación, Raúl Alberto Care, su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel, y unos monotributistas que aparentemente eran contratados por el Ministerio: Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra.

Ellos también habrían participado de las supuestas maniobras fraudulentas contra el Estado chubutense.

Los hechos datan de los primeros meses de 2019 y se habrían registrado principalmente en la contratación de empresas para refacción y mantenimiento de escuelas.

Según los fiscales que llevaron a cabo la investigación, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento desde el propio Ministerio de Educación”.

“El trabajo realizado por los contratistas tenía como común denominador, la limpieza de cocinas, caloramas. Cambio de cerraduras, de tubos fluorescentes y arreglos menores en baños, como pérdidas de agua; lo que significaba poco tiempo de mano de obra”, indicaron en su momento, cuando la causa recién empezaba a originar las primeras diligencias que esencialmente fueron allanamientos en las empresas involucradas y secuestro de documentación, celulares y computadoras de esos lugares.

De acuerdo a la ventilado por los fiscales Rodríguez y Williams: “con posterioridad al pago anticipado a distintos proveedores, se armó un ficticio concurso de precios: los oferentes que fingían competir en la puja de precios para quedarse con las obras. Así se confecciona-ron falsas cotizaciones entre personas vinculadas estrechamente entre sí (socios, parejas, parientes, empleados de las propias empresas y demás), quienes actuaron en forma coordinada o “cartelizada” para que sus ofertas tu-vieran un precio similar excesivo e injustificado”.

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La causa penal se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales y la calificación jurídica inicial fue “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.