El uso político de la pandemia: Formosa, campaña antivacunas y temas vedados en el Congreso

La estrategia oficial para enfrentar los bloqueos de una oposición que tiene como política embarrar la lucha contra un virus que ya costó la vida de 47 mil argentinos. El caso de Formosa y su comparación con el resto del país. Los remezones en CABA y Buenos Aires.

El macrismo se opuso al reinicio de las sesiones extraordinarias en Diputados porque no está de acuerdo con las precauciones sanitarias. Pero en realidad lo que no quería era tratar la reforma judicial y la del Ministerio Público Fiscal. Como el gobernador de Formosa es del oficialismo, la oposición denunció que hay centros clandestinos de detención como los de la dictadura, cuya existencia después no pudo comprobar. El gobierno de CABA explicó que no daba precisiones sobre el programa de vacunación, porque “la provisión de vacunas por el gobierno nacional es irregular”, lo cual no explica nada. Parecen hechos sin conexión. Lo que tienen en común es la utilización política de una epidemia que ya costó la vida de 47 mil argentinos. Es la única política que ha mostrado el macrismo.

En contra de lo que sostienen los medios opositores, la reforma judicial y la del Ministerio Público Fiscal son temas que le interesan a Alberto Fernández. Fue la principal recomendación que hizo al bloque del Frente de Todos en el brindis de fin de año. Pero forzar su debate hubiera implicado un traspié importante en un tema que al Presidente le interesa. Al oficialismo le faltan sólo siete legisladores para alcanzar mayoría propia en Diputados y espera conseguirlos en las próximas elecciones. Lo más probable es que el tema no sea tratado en extraordinarias.

Hay un debate poco específico sobre las posiciones del oficialismo con relación a la subordinación a la relación de fuerzas así como al significado de este concepto. La relación de fuerzas siempre es decisiva. Si es desfavorable, la estrategia busca cambiar esa relación. En la sociedad entran en juego multiplicidad de factores, desde la movilización y otras acciones de masas, hasta las batallas comunicacional y judicial, el poder económico y el peso gremial.

En el Congreso, es cuestión de matemática pura y negociación. Como se planteó, el decreto de estatización de Vicentín no hubiera pasado el Congreso y lo mismo sucedió con los temas judiciales. La derechización de la base electoral en Córdoba, incluyendo a la que sostiene a Schiaretti, pesó más que la seducción del oficialismo. Hay versiones que ubican al gobernador como posible candidato a vice en una fórmula con Horacio Rodríguez Larreta.

Con la negativa de los cordobeses, la suerte de la reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal estaba echada. El titular de Diputados, Sergio Massa, pudo negociar con los otros bloques el comienzo de las sesiones extraordinarias, sin incluir los temas judiciales en la agenda y tampoco otros que habían sido parte de la negociación. Pero el macrismo se opuso igual, porque quería que los convocaran en el armado del temario, como ellos nunca hicieron con la principal oposición cuando fueron gobierno. El rechazo a las precauciones sanitarias fue sólo una excusa.

El tema de Formosa es grave. Denunciaron que los centros de aislamiento por la epidemia eran centros clandestinos de detención, como los de la dictadura. Para un país que tuvo centros clandestinos donde fueron exterminadas 30 mil personas de la manera más cruel, una denuncia de ese carácter en plena democracia tiene que ser muy tenida en cuenta para investigar y para defenestrar.

Horacio Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos, cuyos padres fueron desaparecidos en esos centros clandestinos, y él mismo es un nieto recuperado, anunció que viajaría para investigar las denuncias.

Paradojas de los denunciantes. Hablaban de centros clandestinos de detención como los de la dictadura, pero recibieron a Pietragalla denostándolo como “hijo de Montoneros”. Una actitud típica de los que apoyaron el genocidio de una generación y la existencia de esos centros clandestinos que ahora denuncian.

El resultado de la inspección que realizó Pietragalla fue que se habían constatado “hechos aislados, pero que de ninguna manera podemos hablar de violaciones sistemáticas y menos de centros clandestinos”.

No se trata de defender al gobernador Gildo Insfrán con esta reflexión, sino de defenestrar a los que banalizan la represión durante la dictadura, porque seguramente fueron los que la apoyaron. Banalizar es denunciar como centro clandestino de detención a un centro de aislamiento por la epidemia, al que todos los formoseños conocen y de donde nadie ha salido lastimado.

Es cierto que las medidas de precaución que estableció el gobernador Insfrán fueron rigurosas y pudo haber situaciones de exceso. Sucedió en otras provincias, como en la frontera entre Santiago del Estero y Tucumán, cuando la policía cerró el paso al padre de una niña enferma a la que llevaba para ser atendida. Y esos casos son repudiables.

Pero el circo de hacer denuncias falsas equiparando a un adversario con la dictadura es propio de una mentalidad autoritaria. No es casual que usen las mismas consignas que usaba la dictadura.

En las últimas elecciones, Insfrán obtuvo más del 60 por ciento de los votos. Aún así hay tres intendentes radicales. Los dirigentes que tienen responsabilidad territorial no respaldaron las denuncias de los legisladores radicales. Por el contrario los tres intendentes radicales respaldaron la política sanitaria de Insfrán.

La respuesta está en el resultado. Formosa es la provincia menos afectada por la epidemia. No es una cuestión de clima, porque en Jujuy estuvo a punto de desbordar el sistema de salud. Tampoco es una cuestión de cantidad de población porque otras provincias como Neuquén, con un poco más de habitantes, tuvieron diez veces más contagios y muertos.

Las cifras son contundentes: Es la provincia con menos contagiados y menos víctimas por millón de habitantes. Desde que empezó la epidemia, hubo alrededor de 900 infectados. Y en total contabilizó ocho muertes por la epidemia. Formosa tiene alrededor de 500 mil habitantes. Neuquén tiene un poco más, pero desde que empezó la epidemia tuvo alrededor de nueve mil contagiados y más de 800 muertes.

La embestida radical buscó orientar la presión mediática sobre una provincia gobernada por el oficialismo. Y desviar la presión que tiene su correligionario, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien nombró a dos de sus diputados en la Corte provincial para controlarla al mismo tiempo que cometía todo tipo de tropelías judiciales para poner presa a Milagro Sala y destruir al movimiento social que ella dirige.

La expectativa puesta en la vacuna se manifestó cuando el gobierno bonaerense abrió las listas y turnos de vacunación. En contrapartida, en CABA no daban señales sobre la vacuna. Finalmente, el ministro porteño de Salud, Fermán Quirós, explicó que no darían más precisiones sobre el plan de vacunación porque la provisión de vacunas es “inestable”. Derivó la responsabilidad sobre el gobierno nacional que se debate en una batalla campal y mundial por la provisión de los medicamentos. Las vacunas van llegando, a veces a término y a veces no. Pero la inscripción puede hacerse, en vez de usar políticamente esos retrasos.

Han hecho campañas difamatorias sobre la participación de movimientos sociales y agrupaciones del oficialismo. Dijeron que en Pergamino estaban vacunando en locales políticos, cuando en realidad lo que hacen es orientar a la gente para la inscripción.

Cuando lo corrieron con esta acusación, el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, fue claro: “Nadie se vacuna en centros políticos. Quisiéramos que todos colaboraran para orientar a la población y ayudar en la inscripción. La vacuna la recibirá todo el mundo sin importar del partido que sea. Ojalá los comités radicales y los centros del PRO ayudaran en esa tarea”. Fuente: Página 12.

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