Corriente Sur pidió a la SCPL rendir cuentas de su administración

La Corriente Sur fue otra de las agrupaciones que se expresó en contra del tarifazo e indicó que los aumentos van a dificultar el pago de servicios, con lo cual va a ampliarse el número de desconectados, que actualmente se estima entre 8.000 y 12.000 usuarios.

También fue muy crítica con la administración de la SCPL, a la que consideró que “no funciona como una cooperativa sino como una empresa privada, de cuyos servicios ya no somos usuarios sino consumidores” y señaló que la cooperativa “tiene que rendir cuentas de su administración económica que no resulta para nada responsable”, teniendo en cuenta que la deuda que mantiene la SCPL con CAMMESA en noviembre de 2020 era de 4.600 millones.

“El país ha sufrido una inflación de más del 37% durante el año 2020 y la proyección para este año es cercana al 50%. En este contexto el gobierno municipal a pedido de la SCPL pretende cargar todo el peso de una gestión ineficiente sobre las usuarios, o como le gusta llamar a esta clase política: consumidores” sostuvieron y criticaron que no se cuente con auditorías que puedan dar claridad al respecto con lo cual solicitan se investigue para determinar responsabilidades.

Derecho a la vida digna

Desde la Corriente Sur señalan que rechazan el tarifazo por considerarlo “inoportuno y alevoso”, adhiere a la declaración realizada por la asamblea del No a la mina, solicitan que la SCPL exprese cual es el consumo total en KW de la ciudad, y sostienen que en el caso del agua debe ser prioritaria para el consumo humano y no para uso industrial.

“Consideramos que los seres humanos necesitan: conservar los alimentos en condiciones de ser consumidos sin contaminación, a cocinarlos, a calefaccionar o refrigerar los hogares, a disponer la posibilidad permanente de comunicarse o de iluminación artificial, etc. Para todo esto se requiere de energía abundante y barata para uso doméstico. Cuando esto no sucede comienza a ganar la batalla política, social y cultural el concepto de pobreza energética” afirmaron y concluyeron con que “negar el derecho humano a la energía es lo mismo que negar el derecho a una vida digna”.