Magistrados denunciaron “hostigamiento” por parte del Gobierno provincial

A través de un comunicado nuevamente la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut apuntó contra el Gobierno Provincial y repudió el hostigamiento ejercido por el mismo hacia el Poder Judicial “mediante descalificaciones públicas e inexactas” destacaron.

De esta forma, expresaron que “en primer término debemos señalar que todas las investigaciones sobre corrupción en la Provincia se adecuan estrictamente al principio de legalidad y a la política criminal que prevén el Código Penal Argentino y el Código Procesal Penal de Chubut para el juzgamiento de las conductas ilícitas de funcionarios públicos”.

Y “por otra parte -continuaron-, se falta a la verdad cuando se dice que hemos recibido aumentos salariales en 2020, pues nuestras asignaciones no han tenido incremento alguno en todo el año. El 10% otorgado recientemente por el Superior Tribunal de Justicia será percibido recién en marzo de 2021, cuando el Poder Ejecutivo deposite -tardíamente- los sueldos correspondientes al mes de diciembre del corriente. Lejos de ser un aumento dicho ajuste pretende mitigar los efectos del proceso inflacionario, así como el atraso de dos meses de sueldo y más del 85% de los aguinaldos. Tales incumplimientos, en conjunto, han significado una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios”.

Respecto a los amparos individuales de magistrados y/o funcionarios expusieron que son acciones judiciales que pueden ser deducidas por cualquier persona que padezca una afectación de naturaleza constitucional. “La mayoría de las iniciadas en la Provincia han sido interpuestas por empleados dependientes del Poder Ejecutivo y/o jubilados que legítimamente acudieron al Poder Judicial para exigir el pago de sus salarios en tiempo y forma”.

Integración del STJ: no a los políticos

Respecto de la integración del Superior Tribunal de Justicia, insistieron en señalar que su composición exige reflejar las diversidades de género, de especialidad y de procedencia regional como ideal de representación provincial (Art. 4, Ley V, Nº 172), a fin de dotar de la necesaria legitimidad al órgano que representa la máxima autoridad jurisdiccional de la Provincia. Por ello, exigen que la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial respete la paridad de género así como la capacitación en género de las personas propuestas.

Se manifestaron contrarios a la integración con profesionales del derecho que ejerzan la política. “Rechazamos la idea de que los integrantes del Máximo Tribunal deben ser preferentemente profesionales en el ejercicio de la política, en lugar de ser juristas independientes, de reconocida y probada trayectoria” señalaron. Y agregaron: “Las mejores prácticas, aquí y en todo el mundo, tienden a evitar el peligro de que las designaciones se conviertan en un mero reparto de cuotas de poder entre distintos partidos o grupos políticos, pues ello pervertiría la lógica del sistema constitucional dejando tácitamente sin efecto el proceso de selección en su integralidad, que incluye la posibilidad de que la ciudadanía opine sobre las candidaturas y que esa opinión sea tenida en cuenta”.

Minería

En este sentido, también manifestaron que “resulta inevitable vincular el anuncio del Poder Ejecutivo de remitir un Proyecto de 'Reforma Judicial' (que incluiría la creación de un 'fuero contencioso administrativo' y un 'fuero ambiental') con el Proyecto oficial de Ley de Zonificación Minera, del que se han derivado investigaciones sobre presuntos delitos dirigidos a obtener la sanción de esa Ley, circunstancia que ha generado un fuerte y negativo impacto social. En ese marco reafirmamos que el asociacionismo es una herramienta muy importante para el fortalecimiento del sistema judicial. Su permanente descalificación por parte de los gobernantes provinciales no impedirá que continuemos en ese camino, reclamando con la misma firmeza de siempre el respeto a la división de poderes, esencial en un sistema democrático y republicano de gobierno”.