Rechazan que el fiscal Rivarola tenga a cargo varias de las causas
Actualmente investiga las denuncias por presuntas coimas en Legislatura, la falsificación de documento del Conicet y la acusación contra asambleístas detenidos en 2019.
Las Asambleas de Comunidades de Chubut señalan que varias causas están en manos del fiscal Fernando Rivarola, a quien cuestionan por haber estado procesado por espionaje contra vecinos asambleístas de Esquel en el año 2015.
El fiscal investiga las denuncias por coimas en la Legislatura, la denuncia penal efectuada contra el gobernador y sus ministros por “falsedad documental” y también lleva adelante la acusación contra los vecinos asambleístas que fueron detenidos el 6 de diciembre de 2019.
“En esta última causa, además, Rivarola presenta como pruebas declaraciones de los diputados a quienes dice estar investigando ahora por sobornos en relación con la zonificación minera” señalan desde la UACCH.
En este sentido manifiestan: “rechazamos la participación de Rivarola en cualquier causa que toque nuestros intereses, viéndonos en la obligación de recordarle a los jueces y a la población en general que el propio Rivarola recurrió a prácticas prohibidas por nuestra Constitución y por las leyes vigentes en la materia al aceptar en la etapa de instrucción de causas a su cargo en el juzgado federal de Esquel material producido por agentes encubiertos de la inteligencia federal en contra de miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel y de comunidades mapuche en resistencia”.
Asimismo cuestionan: “¿Cómo puede el mismo fiscal que nos criminaliza con prácticas ilegales de espionaje condenadas por el propio Poder Judicial ser quien se encargue de investigar a los corruptos que denunciamos?”.
Vecinos judicializados
Hoy se hará una audiencia preliminar para definir la apertura de juicio contra dos asambleístas que fueron detenidos el 6 de diciembre de 2019 en Legislatura y los pedidos de sobreseimiento elevados por la fiscalía respecto de otros cuatro detenidos.
También señalan que “Mientras la denuncia realizada por los asambleístas contra efectivos de la Policía del Chubut por vejaciones y torturas duerme en los archivos del poder judicial, el Estado avanza en la criminalización de la lucha por el agua con las recientes detenciones de compañeros en la ruta 7 y los allanamientos a vecinos y familiares de asambleístas”.
Con lo cual también expresaron: “denunciamos las dilaciones en el procesamiento de las denuncias y peticiones presentadas como reverso de los avances en la judicialización de las luchas por el territorio”.
