El Senado comenzó el debate en comisión sobre el proyecto de legalización del aborto

Del debate participan el ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Un plenario de comisiones del Senado abrió esta tarde el debate sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo tratamiento en el recinto está previsto para el 29 de diciembre próximo.

En la videoconferencia de la que participaron los senadores de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales, expusieron el ministro de Salud, Ginés González García; la ministra de la Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

A su turno, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que el Estado “no puede seguir mirando para otro lado”ante las muertes provocadas por abortos clandestinos en el país y que que el Gobierno tiene “una responsabilidad histórica para asegurar que en nuestro país ninguna mujer más muera por causa de un aborto clandestino”.

La funcionaria defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y señaló: “Estamos convencidos de que este proyecto viene a dar respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado”.

La ministra aseguró que hay “sobradas evidencias que la legalización (del aborto) disminuye la mortalidad materna y abortos” y subrayó que “la legalización demuestra que existe un círculo virtuoso por el mayor acceso a la información y a la anticoncepción”.

Gómez Alcorta también expresó ante los senadores de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. que habilitar la práctica de la interrupción de los embarazos “no implica una saturación para el sistema de salud” sino que, por el contrario, “implica un ahorro”.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García aseveró que “es un proyecto extraordinario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres” y que “no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina”,

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“Este tipo de proyectos tiene un resultado inmediato sobre la mortalidad materna. En una aproximación estimada, se están practicando mil abortos clandestinos en la Argentina. También están sucediendo cien internaciones en hospitales públicos producto de abortos con complicaciones”, explicó González García durante el Plenario de discusión del proyecto de IVE de cara al debate en el Senado.

“Una mujer argentina que tiene educación y dinero está accediendo a una innovación tecnológica sustantiva que es la droga, los medicamentos. Si una mujer tiene entre 6.800 y 10.000 pesos puede acceder a Misoprostol y asesorarse por un médico. Eso sucede en un sector social. En el sector vulnerable no tienen el dinero ni la educación ni el entorno para eso, eso hace que recurran a medidas tremendas. Los médicos sabemos lo que es cuando llega algo con estas características”, manifestó el ministro.

“Un proyecto de este tipo fortalece el acceso a la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, para los que les preocupa el costo, no hay una razón económica para no aprobar este proyecto”, subrayó el funcionario.

“El proyecto tuvo en cuenta la experiencia mundial y no tiene mucho de extraordinario como técnica. Pero sí es extraordinario que está probado mundialmente que baja la mortalidad materna y aumenta la vida de las mujeres”, indicó.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, declaró esta tarde en el Senado que el Gobierno nacional sabe que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo “solo no alcanza”, pero ratificó que lo que se busca “es evitar las muertes evitables y abordar el problema de salud pública” que acarrean los abortos clandestinos.

Ibarra dijo ante un plenario de comisiones del Senado, en el inicio del debate, que la penalización del aborto que rige hasta la actualidad “no dio resultados” y reiteró que una educación sexual integral “debe ser una política de Estado”.

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La funcionaria, que además fue una de las redactoras de la iniciativa del Poder Ejecutivo, subrayó que se trata de un proyecto “muy robusto” que “consiguió media sanción de la Cámara de Diputados” y “marca una idea de cuál es la mirada del Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, indicó: “No queremos que ninguna mujer que curse un proyecto de maternidad piense en la opción de un aborto por una situación de dificultades. Creemos y corresponde que el Estado esté allí, acompañando estos proyectos”.

Por su parte José Mayans, titular del bloque del Frente de Todos en el Senado, comentó que “no compartimos ningún argumento, han sido argumentos no válidos” y agregó que “vamos a escuchar a los expositores” pero “no estamos conformes con la presentación de la ley y las explicaciones que ha dado el ministro y la secretaria Legal y Técnica”.

El plan de trabajo es que la semana próxima se lleven a cabo cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada la iniciativa: Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales y Salud, presididas respectivamente por los oficialistas, Norma Durango y Oscar Parrilli y el senador de Juntos por el Cambio, Mario Fiad.

El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente. La intención, a partir de allí, es dejar pasar la semana de Navidad y llevar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre.

El proyecto obtuvo media sanción este viernes en la Cámara baja por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente. Fuente: Ámbito.

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