Magistrados y funcionarios judiciales piden a Arcioni vetar la ley de enjuiciamiento

Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales se mostraron sorprendidos por la sanción de la ley de enjuiciamiento y solicitaron al gobernador tomar cartas en el asunto y vetar la misma.

Un nuevo comunicado fue emitido desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut, donde expresaron su preocupación e impacto por la sanción en la Legislatura de una ley que modifica las reglas del enjuiciamiento de magistrados en la provincia, considerando que pone en riesgo el principio de independencia judicial; de manera que solicitaron al gobernador Mariano Arcioni que vete la misma.

En este sentido plantearon que “dicha norma introduce cambios esenciales a la anterior regulación, al reasignar la función acusadora ante el Tribunal del Jury, modificar los plazos procesales, habilitar la variación del objeto procesal durante el juicio e introducir límites a la recurribilidad de la sentencia” y añadieron que “resulta incomprensible la celeridad aplicada en el trámite legislativo y, más aun, la ausencia total de un debate previo que permitiera la debida participación de la Magistratura, toda vez que se trata de una norma que la involucra directa y exclusivamente”.

Asimismo, en el escrito puntualizaron que la ley fue aprobada de manera inconclusa y es confusa en su redacción, sin acoplarse los cambios introducidos al resto de la normativa.
“En líneas generales se ha reproducido el modelo nacional que, lejos de ser un ejemplo, es un sistema del que se reclaman urgentes modificaciones, tanto con relación a los procedimientos de concursos como a los que regulan la función disciplinaria” plantearon y mencionaron que “las diferencias entre los textos constitucionales de esas jurisdicciones, que sí prevén la función acusadora del Consejo de la Magistratura, no puede soslayar que ninguno de dichos Consejos tiene representantes populares en su integración. Recordemos que se trata de personas que no pueden ser abogadas/os y que no poseen, por ende, los conocimientos técnicos necesarios para afrontar el rol de la acusación en un proceso constitucional ante el Tribunal de Enjuiciamiento”, entre otros planteos.

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