La abogada detenida por entorpecer y “comerse” una orden judicial quedó en libertad

Carolina Martínez, la abogada detenida el miércoles por entorpecer un procedimiento de exclusión de hogar y “comerse” la orden judicial hoy fue puesta en libertad pero le imputaron los delitos de falsedad por supresión de documento público, entorpecimiento de las funciones públicas y resistencia a la autoridad, todo en concurso ideal.

En horas de la mañana se dio inicio a la audiencia de control de detención de la abogada Carolina Martínez quien fue detenida el miércoles luego de entorpecer un procedimiento de exclusión de hogar en el marco de una causa por violencia de género y pese a la actuación policial tomó la orden judicial en sus manos y terminó “comiéndose” la misma, de manera que fue trasladada a la Seccional Tercera donde quedó alojada.

Es así que presidida por el juez penal Martín Cosmaro se dio inicio al acto judicial pero prontamente la defensora, Verónica Heredia, solicitó la recusación del mismo pasando a cuarto intermedio. Recién en horas del mediodía se pudo retomar la audiencia luego de que la jueza penal, Mariel Suárez rechazara el pedido continuando Cosmaro al frente del acto.

En un primer momento, el funcionario de fiscalía, Cristian Olazábal presentó el hecho indicando que el miércoles por la mañana, personal de Seccional Tercera concurrió a un domicilio de avenida Callao al 1.000 para diligenciar una medida de exclusión  del hogar  y restitución  en un hecho de violencia familiar que tramitaba el Juzgado de Familia Nº 3, en primera instancia los ocupantes no accedieron a dar cumplimiento a la medida pero luego de conciliar accedieron. Sin embargo sobre las 11:50 horas llegó la abogada Carolina Martínez quien llegó exaltada y les dijo a sus defendidos que no se retiraran, y amenazó con sumariar a los uniformados por su proceder. Al solicitarles orden judicial comenzó a leerla pero posteriormente no quiso devolverla a las autoridades policiales y la dobló hasta hacerla un bollo, se corrió el barbijo y se metió la misma en la boca comenzando a masticarla hasta destruirla en su totalidad.

En virtud de que estaba entorpeciendo el procedimiento fue aprehendida pero comenzó a resistirse hasta finalmente ser trasladada a la dependencia, quedando todo ello registrado en una cámara de seguridad.

Así el funcionario calificó el hecho como entorpecimiento a las funciones públicas, falsedad por destrucción de un documento público y resistencia a la autoridad solicitando que se declare legal la detención y formalice la investigación contra la mujer, y no requirió ninguna medida de coerción contra la misma.

Por su parte la abogada defensora en un primer momento reclamó que no se diera lugar a la recusación y solicitó que se declare ilegal la detención por haberse realizado con personal masculino, siendo que la detención quedó registrada y fue viralizada, “no puede justificarse semejante violencia por ningún hecho” sostuvo, manifestando que así lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además mencionó que su defendida estuvo privada de su libertad de manera innecesaria así como reprochó que cuenta con moretones en el cuerpo, uñas marcadas y tuvo que levantar sus anteojos del suelo producto de lo ocurrido, pidiendo la inmediata libertad y que se exhiba la prueba en video mencionada por la fiscalía.

Desde la fiscalía indicaron que como prueba cuenta con el acta de intervención que detalla el hecho con constancia de testigo de actuación, y un registro fílmico colectado por la División Policial de Investigaciones con duración de 25 minutos donde se aprecia la conducta que se reprocha a la imputada donde se puede advertir que ningún efectivo trata de extraerle la orden de la boca y se muestra su actitud evasiva. También la intervención de una empleada policial mujer quien intenta impedir la destrucción del documento pero al verse superada en fuerza se motiva la intervención de personal masculino.

Finalmente, el juez Cosmaro decidió formalizar la apertura de investigación de acuerdo a la calificación provisoria solicitada por la fiscalía por entorpecimiento de las funciones públicas, falsedad por destrucción de un documento público y resistencia a la autoridad, dictando el plazo de investigación de seis meses y declarando legal la detención, recuperando la libertad la imputada al término de la audiencia mientras aclaró que los habeas corpus elevados serían analizados tras concluir el acto judicial y culminar con las audiencias del día.