ATECh reclama inclusión en el presupuesto 2021 para poder construir en terrenos otorgados hace años

Desde el gremio docente se movilizaron al Municipio de la ciudad y exigieron al intendente respuestas concretas respecto a terrenos que les fueron otorgados hace años en la ciudad. El grupo docente tiene tres reclamos en torno a este tema, en distintos puntos de la ciudad.

Karina Mardones, referente de ATECh, en diálogo con Crónica se refirió al reclamo y planteó que “el único organismo que nos puede dar respuestas concretas para nuestro reclamo es el Municipio. Esa respuesta es que nos incluyan en el presupuesto del año que viene y nos den una solución”.

La docente explicó a este diario que el reclamo efectuado por el sindicato tiene que ver con irregularidades en tres puntos diferentes de la ciudad. Desde hace once años, docentes nucleados en el gremio esperan respuestas del Ejecutivo local para 105 lotes ubicados en el barrio Ciudadela. “El noventa por ciento de los vecinos y vecinas ya pagamos la tierra. No podemos empezar a construir nada porque no hay servicios, no tenemos gas, luz ni agua. Para todo esto se realizaron los proyectos de factibilidad con la Cooperativa y Camuzzi. Lo único que falta es el visto bueno para que ingresemos en el presupuesto municipal y que de una vez por todas se pongan los servicios”, señaló Mardones.

En la misma línea, la entrevistada habló sobre la segunda etapa, un total de 54 lotes ubicados detrás del Gimnasio Municipal 4, en Kilómetro 8. Los vecinos del lugar pagaron la mensura, pero según Mardones, “la mensura está durmiendo desde enero de este año en Rawson. El agrimensor que vive allá ha ido una y otra vez durante este periodo de pandemia y se encuentra literalmente con las oficinas cerradas. Esos vecinos hoy no pueden empezar con el plan de pagos ni construir. Cuentan con servicios, muchos incluso han adelantado otras cuestiones, pero no pueden empezar a construir porque les falta terminar la mensura. Esto es algo que fue solicitado en el mes de marzo, antes de la pandemia”.

“La tercera etapa tiene que ver con 88 aspirantes a la apertura de expedientes de tierras, algo que fue solicitado en febrero de este año al intendente para que se vaya gestionando. Al día de hoy no tenemos ninguna novedad, no tenemos ninguna apertura de expediente. Durante todo este periodo de pandemia, hemos enviado más de cinco notas solicitándole al intendente que nos dé una audiencia con Maximiliano López y Luis Ferrero, de Obras Públicas”, indicó la mujer.

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“Falta decisión política”

Por último, Karina Mardones apuntó al intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque, y dijo que “presentamos muchas notas y nunca tuvimos una respuesta concreta por parte del Municipio. Está muy claro que acá lo que falta es la decisión política del intendente para que se nos incluya en el presupuesto 2021. Los vecinos están enojados, y es algo lógico. Necesitamos respuestas concretas”, finalizó.

Contra la doctrina de “gatillo fácil” de Massoni

El gremio docente emitió un comunicado en las últimas horas en contra de la doctrina de “gatillo fácil” instaurada por el Ministerio de Seguridad de la provincia, conducido por Federico Massoni. En el mensaje, el sindicato de los docentes repudia la decisión de la cartera, que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer uso de armas de fuego sin dar la voz de alto en forma previa.

“El Ministerio de Seguridad, a cargo de Federico Massoni, aprobó un protocolo con la resolución 145 con intención de institucionalizar y legalizar el gatillo fácil. El mismo es una copia y pegue de los protocolos de Patricia Bullrich derogados en diciembre de 2019 por el gobierno nacional. Este protocolo habilita a integrantes de las fuerzas represivas, considerando que una persona tiene ‘actitud sospechosa’, ‘ver un gesto que indica el inminente uso de arma’, o que le ‘parezca’ ver alguien armado, para usar el arma de fuego y disparar sin dar la voz de alto. Cualquier miembro de una fuerza represiva que mate va a quedar impune por la Justicia. Habilita a los uniformados a realizar disparos letales frente a cualquier ‘peligro inminente’ y también la utilización de armas de tortura como las Spark (pistolas eléctricas)”, comienza el comunicado difundido por el gremio ATECh.

En esta línea, los docentes nucleados en el sindicato docente plantean que, la resolución 145 del Ministerio de Seguridad de la provincia se aparte de los principios básicos para el uso de armas de fuego aprobados por las Naciones Unidas, que consagran principios de legalidad, moderación y proporcionalidad que no se advierten verdaderamente en la norma provincial más allá de su enunciación. “El protocolo chubutense cita estos principios pero legisla claramente al revés, habilitando el uso de armas de fuego en situaciones hipotéticas, fundadas más en la subjetividad del agente que en hechos objetivos que denoten una amenaza real y concreta sobre la vida humana, único bien jurídico a proteger por el uso excepcional, moderado y proporcional del arma de fuego”.

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“Esta resolución no viene a brindar seguridad a la comunidad. Como es sabido, las políticas de ‘mano dura’ sirven principalmente para acallar reclamos y amedrentar. La imposición de la megaminería y la continuidad del ajuste no cierran sin represión. La situación de pandemia continúa junto a la recesión económica, más acentuada en nuestra provincia porque la decisión política es ajustar al pueblo. Un pueblo vulnerado, sin trabajo, sin comida y muchos ya sin techo. Ni hablar de nuestros adolescentes y niños, que se organizan como pueden para comer. Contra esas familias irán, la historia del gatillo fácil nos lo demuestra y lo decimos con indignación”, cierra el mensaje.

“La medida es inconstitucional”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh Regional Sur, se refirió en diálogo con este diario a la resolución 145 del Ministerio de Seguridad y criticó con dureza al ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni.

“Lo que hacen con la resolución 145 es ilegal, es inconstitucional. Adhieren a la doctrina de Patricia Bullrich, algo de lo cual ya han hablado distintas organizaciones de derechos humanos y han dicho que va en contra de los derechos y garantías principales de las personas. Es algo que viola el principio de inocencia. Habilita el uso de armas de fuego de manera muy riesgosa para la comunidad, y por supuesto, en la provincia ya tenemos consecuencias de esto”, expresó en primer término el sindicalista.

En esta línea, Murphy señaló que “la detención violenta de la abogada Carolina Martínez está amparada en este tipo de principios. Se le da impunidad a la fuerza policial, como dijo la Defensoría Pública, en Chubut aumentaron las denuncias contra el abuso policial en un 44 por ciento en el último período”.

El docente consideró que no es momento de aplicar una reglamentación de este tipo y planteó que, seguramente esto no implicará beneficios para la sociedad. Y ejemplificó sobre la violencia policial con la medida de aislamiento preventivo que rige en todo el país debido a la pandemia del coronavirus: “hemos vivido esto durante la pandemia. En Trelew hubo detenciones ilegales, prácticamente campos de concentración llevados adelante por el ministro de Seguridad de la provincia. Esto es lo que nosotros repudiamos. La democracia está en riesgo por culpa de un señor que permanentemente piensa en cómo tener más poder, más autoritarismo. Quiere desplegar todo esto como un show mediático que, insisto, no va en beneficio de la comunidad”, concluyó.

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