Piden a un juez que Massoni pague casi un millón de pesos por censurar a un periodista

El ministro no estuvo presente en la audiencia y tampoco firmó una querella presuntamente ilegal que le hizo al comunicador social.

Trelew (Agencia) Los abogados del periodista Darío Fernández del sitio web Cholila Online acusaron ayer al ministro de Seguridad Federico Massoni de hacer censura previa violando la Constitución y le pidieron a un juez que lo condene a él y al letrado que lo patrocina a pagar una importante suma de dinero que iría más allá de 650.000 pesos por daño moral y perjuicios materiales que le ocasionaron a Fernández. Asimismo, durante la audiencia judicial tuvieron duros conceptos contra Massoni, quien no estuvo presente.

El procedimiento que se realizó ayer a través del novedoso sistema de videoconferencia fue la audiencia preliminar por una querella que Massoni le hizo a Fernández acusándolo de haber afectado su honor en una publicación periodística que apareció publicada en el sitio Cholila Online en la que se involucró al polémico ministro en manejos presuntamente espurios con dineros públicos, con fondos del Estado.

El periodista rechazó la querella y pidió ir a juicio, y lo que se concretó en la víspera fue la audiencia preliminar en la que un juez –en esta ocasión el doctor César Zaratiegui– debía dar el visto bueno o no para que el caso vaya a debate.

En el mismo procedimiento se trató “un bozal legal” que Massoni consiguió del mismo juez Zaratiegui para que –increíblemente siendo funcionario público– su nombre no apareciera en el portal de noticias Cholila Online. Y justamente los letrados patrocinantes de Fernández, los doctores Gastón Bordier y Cinthya Castro citando al historiador y político romano Cornelio Tácito le contestaron a Massoni diciéndole: “En un espíritu corrupto no cabe el honor”.

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Massoni además de no haber estado tampoco firmó la querella que pese a ello viene teniendo tratamiento judicial. Fue representado por un empleado suyo que además de abogado es funcionario público, el doctor Martín Castro, pariente cercano del procurador General de la provincia Jorge Miquelarena.

Los abogados del periodista Fernández creen que Massoni está atentando contra la libertad de prensa y lo plantearon una y otra vez en la audiencia. “¿A todo vecino de barrio se le permite lo mismo que a Massoni?”, preguntó uno de ellos al juez.

Sostuvieron que “la pandemia ha llenado de informalidades las instituciones, pero ningún juez está habilitado para permitir en sus tribunales ilegalidades, ni de abogados ni de ministros, ni de nadie”. Y expresaron después: “Lamentamos que estemos hoy en presencia de una querella ilegal porque nunca pasó los requisitos de admisibilidad. Ni siquiera tiene la firma de Massoni, cuando a partir del 12 de marzo de este año, todos comenzamos a asistir como observadores, a las ilegalidades que comenzaron a perpetrarse desde el Ministerio de Seguridad”, denunciaron.

“Da asco y repugna al Estado de derecho un funcionario público como Massoni que condecoró a un condenado por delitos de lesa humanidad, que mandó a reprimir a docentes, que ordenó realizarle descuentos a las mujeres embarazadas y enfermas oncológicas por sus licencias médicas”, acusaron.

“Repugna la figura del Massoni ministro, toda vez que utilizó su cargo para ordenar a la policía a cometer ilegalidades como por ejemplo, reprimir, secuestrar vehículos, allanar sin orden judicial. Por supuesto que es el funcionario más repudiable de la política chubutense desde el advenimiento de la democracia”, aseguraron.

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“En definitiva, no sabemos de qué se queja hoy Massoni cuando el Ministerio Público Fiscal en cabeza del doctor (Jorge) Miquelarena, tiene colecciones de denuncias en contra suya y de su policía (…) ¿y viene a decir en una querella privada mal hecha que el periodista Darío Fernández le mancilló el honor?”, señaló uno de los letrados en una vehemente alocución.

“Hoy el juez Zaratiegui deberá definir la inexistencia de la querella como tal, en contra de Darío Fernández y el levantamiento del bozal legal interpuesto por la justicia trelewense en contra del periodista Darío Fernández en lo que la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia del Chubut entiende que configura censura previa prohibida por la Constitución”, recordó.

En virtud de todo lo que expusieron, sobre el final de sus alegatos los abogados comodorenses Bordier y Castro le solicitaron al juez Zaratiegui que condene “al ministro de Seguridad Massoni y su abogado patrocinante Martín Castro, por la solicitud del bozal legal, a pagar 650.000 pesos por daño moral, más la determinación del daño material siguiendo la ley de honorarios profesionales”.

Además pidieron el sobreseimiento de Fernández, por considerar que la querella además de ser atípica por el Código Penal, en virtud de existir interés público, la misma es un acto inexistente por no llevar la firma del querellante; de Massoni.

El magistrado tendrá un plazo determinado por el Código de Procedimientos para resolver. Ese tiempo sería en el curso de esta semana.

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