Se avecina una ola de juicios por el impuesto al viento madrynense
Desde enero próximo y por decisión del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, las empresas que tienen aerogeneradores productivos en la comarca deberán comenzar a pagar una tasa municipal por la obtención de energía eólica, situación que generó alarma en el sector de energías renovables y adelanta varias presentaciones judiciales porque “el aire dejó de ser gratis en Chubut”.
La alternativa recaudatoria, que surgió luego de una serie de proyectos que finalmente se transformaron en parques eólicos, se había convertido en una posibilidad cierta en varios municipios provinciales pero en definitiva, ninguna había tomado la decisión de gravar la producción energética eólica, quizás como alternativa a la caída de recaudación municipal por la insolvencia del gobierno provincial.
El “logro” del municipio madrynense no es más que una concreción impositiva que había comenzado a ser tema de discusión hace algo más de un año pero el detalle era que los terrenos en los que se asentaron los parques eólicos quedaban fuera del ejido municipal, lo que finalmente quedó salvado con la aprobación de la Legislatura provincial de “duplicar” la extensión territorial del municipio conocido como la “Capital nacional del buceo”.
Con esta extensión del ejido -que ahora posee 33.000 hectáreas- los emprendimientos de energía renovables quedaron dentro de la jurisdicción municipal madrynenses, entre los que se encuentran el parque de Aluar y el de Genneia -empresa del grupo Macro-, desde donde ya se adelanta la posibilidad de iniciar acciones judiciales porque, como excusa principal, el municipio no presta ningún servicio en los terrenos donde se encuentran los parques.
De esta manera, mediante la ordenanza 11.349 -que entró en vigencia en abril de este año- se habilitaba la posibilidad de gravar la producción eólica y solo esperaba el tratamiento de un proyecto de ordenanza municipal que finalmente modificó un impuesto en función de los metros cuadrados que ocupaban los parques generadores, cambio que en definitiva consagró el “impuesto al viento” dependiendo de la producción de cada parque.
Con esta “nueva normalidad”, que nada tiene que ver con el Covid-19, desde las propias empresas afectadas aseguraron que “habrá reclamos judiciales” que incluso, podrían ser acompañados por diferentes cámaras del sector como la Cámara Eólica Argentina (CEA), la Asociación Argentina de Energía Eólica o la Cámara Argentina de Energías Renovables, lo que adelanta un largo litigio porque “el aire dejó de ser gratis” al menos en la provincia del Chubut.
