Villa Mascardi: confirman el desalojo de tierras ocupadas al obispado de San Isidro y los mapuches amenazan resistir

Destrozos y rastros de incendio en el campamento recreativo del Obispado de San Isidro en Villa Mascardil

“Si van a ir a matarnos, ahí vamos a estar esperando”, dramatizó María Nahuel, una de las mujeres que integra el grupo Winkul Lafken Mapu y una de las cuatro personas imputadas por la usurpación

La agrupación autodenominada mapuche Winkul Lafken Mapu aseguró que resistirá el desalojo del predio que ocupó en Villa Mascardi, perteneciente al Obispado de San Isidro, luego de que un juez de revisión confirmara la orden de restitución del lugar que había dispuesto otro magistrado.

El 22 de octubre pasado el juez de Garantías Martín Arroyo ordenó la restitución de las cabañas Hueche Ruca a la entidad religiosa aunque la medida no se llevó a cabo por un pedido del obispado que solicitó postergar el desalojo hasta tanto se garanticen “todas las medidas de seguridad” para los ocupas y las fuerzas que la lleven adelante.

El abogado defensor de la agrupación, Nelson Vigueras, planteó artilugios legales para intentar detener el desalojo. Sin embargo, el juez de Revisión, Bernardo Campana, confirmó la decisión de Arroyo y ratificó el desalojo y la imputación de cuatro mujeres por el delito de usurpación.

El predio del Obispado es lindero al de Parques Nacionales que el mismo grupo de encapuchados usurpó en noviembre de 2017. Luego de ocasionar daños irreparables en las cabañas del lugar, a través de constantes ataques e incendios intencionales, los mapuches tomaron posesión del terreno y también avanzaron sobre otro lote lindero perteneciente a la empresa Gas del Estado.

Además de María Nahuel, por la usurpación fueron imputadas también Johana Colhuan, Jéssica Bonnefoy y Betiana Colhuan; esta última, una joven de 19 años, es considerada la líder espiritual del grupo, consejera religiosa y figura médica de su comunidad. El argumento para justificar la ocupación por la fuerza de los terrenos es el habitual: son tierras “ancestrales”, dicen.

La intrusión se había producido el 1° de abril pasado, pero el Obispado sólo tomó conocimiento del delito cuando el propio grupo Lafken Winkul Mapu difundió un comunicado en las redes sociales para informar que habían tomado el “control territorial del territorio lindero conocido como Hueche Ruka que estaba en manos del Obispado Católico de San Isidro”. Y seguía una amenaza: “Continuamos así el legado de nuestros futakecheyem, manteniendo nuestra conciencia clara en el marco de resistencia y control territorial hasta expulsar al winka intruso de nuestro territorio”.

En el predio del Obispado de San Isidro funcionaba un campamento recreativo, Hueche Ruka (casa de jóvenes), que era utilizado por grupos eclesiásticos, escuelas, y contingentes de los boy scouts. En ocasiones también por docentes y alumnos de la zona. Con esta última usurpación, el total de tierras ocupadas por la comunidad que lidera Betiana Colhuan alcanza las 60 hectáreas.

En cuanto el juez Campana confirmó el fallo de su colega Martín Arroyo, el grupo que participaba de la audiencia anunció que se resistirá al desalojo “a cualquier precio, incluso con nuestra propia vida”. “¿Cuándo va a ser el desalojo?” preguntó Nahuel. Y advirtió, desafiante: “Los vamos a estar esperando”.

Los vecinos de Villa Mascardi, que denuncian de forma constante los ataques vandálicos de los mapuches, creen que finalmente el grupo “no se va a resistir”. El predio del Obispado de San Isidro es el único que investiga la justicia ordinaria, por tratarse de una propiedad privada. Está en el medio de los otros dos, también ocupados por el grupo, aunque en esos casos la que investiga es la Justicia Federal.

Por ese motivo, creen que la estrategia de los usurpadores será cruzar el cerco e instalarse en los lotes de Parques Nacionales y Gas del Estado, a uno y otro lado del lugar sobre el cual pesa la orden de desalojo. “La Justicia Federal, con un juez subrogante, es garantía de que no los van a sacar”, aseguran los vecinos.

La orden de desalojo, por el mismo argumento anterior, debería ser ejecutada por la Policía provincial, que cuenta con equipos especializados en enfrentamientos y episodios violentos. El COER dispone de grupos en la ciudad de Bariloche y en otros puntos de la provincia, que podrían viajar a la localidad lacustre para sumarse al operativo.

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