Se busca garantizar por ley que los afiliados de obras sociales y prepagas reciban sus prestaciones de salud

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (Interbloque UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso el proyecto que crea la “Ley de protección de los derechos de usuarios y consumidores de prestaciones de salud debidas por obras sociales y empresas de medicina prepaga”, con la finalidad de garantizar las prestaciones por las cuales los afiliados hacen sus aportes y abonan una cuota mensual.

La iniciativa prevé que ante la negativa o demora de una obra social o empresa de medicina prepaga a atender una prestación por la cual la persona afiliada deba acudir a la Justicia, la entidad que resulte condenada deberá indemnizar al afiliado por un monto equivalente a entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil.

El marco legal de la novedosa propuesta es el artículo 42 de la Constitución Nacional que tutela el derecho de los consumidores y usuarios a la salud, y también el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional que incluye tratados internacionales a los que Argentina adhirió y que garantizan este derecho.

La presentación, bajo el expediente 5.502-D-2020, contó con el acompañamiento de otros legisladores de distintas provincias.

El proyecto de ley “procura abordar lo vinculado a las prestaciones debidas a todas aquellas personas que requieren restablecer su salud, y que cuentan para ello con un vínculo jurídico con entidades obligadas a proveer lo necesario a ese fin (atención médica, tratamientos, insumos médicos, terapias, internaciones, traslados sanitarios, internaciones, etcétera) y se enfrentan a la negativa o a la dilación indebida por parte de esas entidades”, apuntó Menna en los fundamentos.

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Observó el legislador que “de un tiempo a esta parte es notoria la proliferación de situaciones que reflejan el desconocimiento de este derecho por parte de entidades que, pese a recaudar de esas mismas personas importantes aportes, los someten a padecer la demora en obtener las prestaciones, a que sean de calidad insuficiente o directamente a la negativa infundada”.

“Esto -añadió- acontece con muchas obras sociales y también con empresas de medicina prepaga. En no pocas oportunidades afecta también a niños y niñas, y a personas con discapacidad”.

“Asistimos -consideró Menna- a una situación vergonzosa de incumplimiento de obligaciones elementales por parte de entidades en un sistema poco transparente, poco auditado y, en el caso de las obras sociales, con órganos de administración que en general replican los de los sindicatos a las que pertenecen y respecto de cuya conformación los afiliados no tienen voto, pese a ser aportantes de recursos”.

“Muchas de esas entidades -continuó- no cumplen con sus deberes cuando las prestaciones son requeridas y someten a sus beneficiarios a un peregrinaje judicial”.

No al incremento de aportes

Al respecto, el diputado mencionó que “de manera inexplicable, se ha escuchado por estos días que la solución en estudio pasa por incrementar los aportes y contribuciones de empleadores y empleados”.

“Rechazamos que un sistema que administra con poca transparencia y eficiencia fondos multimillonarios imponga una carga adicional a los aportantes. El foco debe estar puesto en diseñar instrumentos legales que impongan y garanticen el cumplimiento tempestivo y de buena fe de las obligaciones de las entidades de salud”, finalizó.

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