Se suspendió el juicio por el crimen de la joven quemada viva en Trelew porque uno de los abogados tiene covid

Comenzó ayer el juicio por el caso Rosa Acuña en los tribunales de Trelew pero debió suspenderse hasta el 3 de noviembre porque uno de los abogados que participa del debate habría dado positivo de COVID 19, según refirió la madre de la joven que en setiembre de 2018 encontró la muerte de una horrible manera: quemada viva.

Trelew (Agencia)Rosa, que tenía 24 años cuando la mataron y que dejó un pequeño hijo que hasta el día de hoy pregunta por ella, fue asesinada la madrugada del 3 de setiembre de 2018 en un terrible hecho por el que hoy hay cuatro personas imputadas; la autora del crimen y un hombre y otras dos mujeres a quienes se les atribuye ser cómplices del homicidio.

Lo que se sabe es que la muchacha estuvo desaparecida un fin de semana y que durante ese tiempo habría estado viviendo en la casa de quien supuestamente terminó matándola.

Siempre se comentó que entre ambas hubo una pelea durante una reunión de varias personas porque la muchacha no habría querido mantener relaciones sexuales con algunos de los participantes de ese encuentro.

La versión que fue difundida por la misma policía daba cuenta de que a Rosa la habrían desmayado a golpes y que la sospechosa del crimen creyéndola muerta la habría trasladado en un vehículo desde su casa hasta una zona de descampados del parque industrial de Trelew en donde rociándola con combustible la quemó, cuando Rosa aún estaba con vida.

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Ese es el caso que ha comenzado a ser ventilado en juicio oral. Por el hecho hay cuatro imputados; la principal sospecha, Laura Vargas, y sus presuntos cómplices: Luis Samusik, Karen Campusano y Lorena Oyarzo.

En la primera audiencia, en la que se determinó que el juicio se suspendiera hasta el 3 de noviembre por un abogado que habría dado positivo de Covid-19, Karen Campusano y Lorena Oyarzo, a través de su defensora, una abogada Oficial, pidieron la suspensión del juicio a prueba; una de ellas a cambio de donaciones a una institución de bien público cada tres meses, comprometiéndose en principio al aporte de dos packs de leche y 10 kilos de harina.

Y la otra, ofreciendo 100 horas de trabajo comunitario.
Ahora el tribunal integrado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y María Tolomei deberá analizar estas peticiones y una vez que lo hagan comunicarán la resolución el próximo 3 de noviembre cuando se reanude el juicio.

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