El ministro Massoni tiene un récord de denuncias y pedidos de juicio político
El controversial ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni tiene cerca de treinta denuncias penales que llamativamente están “pisadas” por los fiscales en la Justicia y no avanzan, y viene amontonando hasta la actualidad más de ciento cincuenta pedidos de juicio político que ni bien lleguen a la Legislatura deberán ser tratados.
Trelew (Agencia) Es un funcionario que ostenta un verdadero récord de acusaciones por mal desempeño en su cargo que no tiene antecedentes en la historia de la provincia, y seguramente –el día que se vaya de la función pública- será recordado por eso.
A Massoni lo empezaron a denunciar ante la Justicia cuando comenzó la cuarentena por la pandemia; allá por marzo. A él y a altos jefes de la policía del Chubut les tuvieron que interponer un recurso de “habeas corpus colectivo”, desde las organizaciones de Derechos Humanos, para que dejaran de detener a ciudadanos por cualquier motivo.
Aunque antes a Massoni lo habían acusado de haber detenido ilegalmente y a punta de pistola a los dueños de un campo cuando los confundió con ladrones, en un procedimiento plagado de irregularidades que él y el subjefe de policía, Néstor Gómez Ocampo llevaron a cabo en la ruta a Comodoro, a unos 9 o 10 kilómetros al sur de Trelew.
Después, una denuncia casi similar fue realizada por una sicóloga a la que el polémico ministro habría querido bajar por la fuerza del vehículo en uno de esos operativos que encabezaba en Trelew, similares a las razias que se hacían en la época de la dictadura, con la excusa de controlar que se cumpliera con la cuarentena.
De ahí, las denuncias contra Massoni y las máximas autoridades de la policía provincial comenzaron a incrementarse, siendo acusados de graves delitos contra la ciudadanía en presentaciones que –extrañamente- a más de ocho meses de haberse realizado continúan “cajoneadas” en la fiscalía.
Con respecto a los pedidos de juicio político contra Massoni también están “parados” porque en la Legislatura no los tratan: son cerca de doscientos que van a ir llegando paulatinamente al parlamento con la pretensión de que el funcionario sea destituido por mal desempeño.
No son pocos los juristas que sostienen que el hoy ministro de Seguridad va a tener que ir seguido a dar explicaciones a tribunales una vez que deje la función pública. Algunos hasta no descartan que pueda ir preso si tiene a las organizaciones de Derechos Humanos como acusadores.
