Un mes de prisión preventiva para la mujer detenida por la venta de adjudicaciones de casas del IPV

Un mes de prisión preventiva para la mujer detenida por la venta de adjudicaciones de casas del IPV
Se buscaba a personas con la necesidad apremiante de acceder a su vivienda propia, a quienes les cobraron “el trámite” y les prometían la adjudicación de las casas.

Como estaba previsto, se desarrolló ayer la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por las adjudicaciones irregulares de viviendas oficiales, que tiene por ahora como única imputada a Griselda Jonás.

Durante la audiencia, que se realizó en modo de videoconferencia, el fiscal pidió que se declare legal su detención y se le formalice el ilícito investigado bajo la calificación legal provisoria de “exacciones ilegales en modalidad de concusión, en calidad de partícipe necesaria; en concurso real con asociación ilícita en carácter de organizadora”.

Asimismo solicitó la prisión preventiva de la imputada por tres meses.
A su turno, la defensa cuestionó el hecho y la calificación legal, y pidió la libertad de la imputada, o bien su arresto domiciliario.

Finalmente el juez penal resolvió dar por formalizado el hecho y dictó la prisión preventiva de Jonás por el término de un mes.

La audiencia fue presidida por el juez penal Miguel Caviglia; por el Ministerio Público Fiscal asistió el fiscal general Héctor Iturrioz; en tanto que la defensa de la imputada fue ejercida por la defensora pública Cristina Sadino.

Los hechos expuestos por la Fiscalía

La fiscalía básicamente investiga la conformación de un “emprendimiento inmobiliario ilegal” con el que, según cree, se cometieron numerosas operaciones de adjudicaciones irregulares de viviendas del IPV a personas interesadas en obtener su techo propio que para ello debían erogar una suma dineraria que fluctuó desde 150 mil a 300 mil cada uno.

En definitiva, se buscaba a personas con la necesidad apremiante de acceder a su vivienda propia, a quienes les cobraron el trámite y les prometían la adjudicación de las casas.

De acuerdo a lo investigado hasta el momento, esa “asociación ilícita” era comandada por dos altos funcionarios del IPV que operaban desde Rawson, pero que según señala la fiscalía sus identidades “aún no han sido precisadas con certeza”. Solo se mencionó que se trataría de un hombre y de una mujer cuyo nombre de pila sería “Claudia”.

Según determinó la investigación, una vez conformada la “empresa criminal”, que como se dijo era comandada desde Rawson, Griselda Fanny Jonás asumió el rol de “representante” de los “negocios inmobiliarios” en Comodoro Rivadavia.

Así, Jonás comenzó a ofrecer a personas interesadas “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes todas ellas a distintos planes de viviendas sociales que el organismo construyó y construye en la zona norte de esta ciudad, más precisamente en la zona de Kilómetro 12.

Dichas carpetas implicaban que el adquirente, tras el pago correspondiente de las sumas exigidas, se garantizaba una suerte de “adjudicación directa”, que implicaba sortear todos los procedimientos legales correspondientes.

Según lo investigado hasta el momento por la fiscalía, Jonás fue sumando “colaboradores” que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás quien concluía la operación.

Una vez hecho el acuerdo y percibido el pago exigido, Jonás remitía las “carpetas” a sus superiores de Rawson, las que en ocasiones estaban conformadas por planillas que en la emergencia eran firmadas por los integrantes del “clan criminal” imitando la grafía de los pretensos adjudicatarios.

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Asimismo remitía a la capital provincial parte de la recaudación, previo descontar su “comisión” y la de sus gestores, indica el escrito fiscal.

Recibida la documentación y el dinero por parte de los funcionarios públicos dependientes del IPV -de quienes, asegura la fiscalía, desconoce aún sus identidades-, éstos se encargaban de confeccionar las Resoluciones donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.

Señala la fiscalía que mientras la “sociedad criminal” estuvo en vigencia, se concretaron al menos doscientas operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.

Prisión preventiva

Tras el desarrollo de la síntesis de la investigación realizada por la fiscalía, su representante calificó provisoriamente la imputación como “exacciones ilegales en modalidad de concusión, en calidad de partícipe necesaria (por interpósita persona); en concurso real con asociación ilícita en carácter de autora en grado de organizadora” para Jonás.

Consideró el fiscal que existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento, por la gravedad del hecho y la pena en expectativa, por lo que solicitó la prisión preventiva de la imputada por el término de tres meses

A su turno, la defensora cuestionó el hecho descripto por la fiscalía argumentando que la redacción del mismo era muy vaga, y cuestionó la calificación legal escogida por el acusador fiscal. Asimismo negó que existieran los peligros procesales de fuga y entorpecimiento ya que su pupila tiene arraigo en la ciudad puesto que, dijo, está encargada de la guarda de una menor de edad.

Por todo ello se opuso a la prisión preventiva solicitada por fiscalía, y pidió la libertad y subsidiariamente el arresto domiciliario de Jonás.

Finalmente, como se dijo, el juez tras dar por formalizada la apertura de la investigación dispuso la prisión preventiva por un mes de la imputada.

“Una mancha más…”

Después del marco mediático armado en torno de los allanamientos por las presuntas estafas que un grupo de personas cometía con la venta de adjudicaciones de viviendas del IPV, ayer la comunidad de Comodoro Rivadavia se desayunó con la noticia de un incendio ocurrido en las oficinas de la delegación local del Instituto Provincial de la Vivienda.

Al parecer el origen del fuego fue intencional y el objetivo, presumiblemente, habría sido el de eliminar documentación comprometedora para los involucrados en las investigaciones.

La primera pregunta que surge al respecto es ¿por qué no fue allanada esa dependencia oficial conjuntamente con las otras diligencias que se realizaron el jueves tanto en Comodoro como en Rawson?

La propia gerente general del IPV, Ivana Papaianni consideró que fue lamentable “que no se haya hecho al mismo tiempo el allanamiento donde estaban los legajos”.

En realidad, ni siquiera se había dejado custodia policial en ese espacio que podría ser considerado clave en las investigaciones iniciadas.

Quizás, algunos de quienes encabezan las investigaciones, consideraron que ya habían suficientes elementos como para generar un impacto mediático. Y así fue; casi de inmediato se armó una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad, Federico Massoni, el fiscal general Héctor Iturrioz, el jefe de la Policía, Miguel Gómez, entre otros funcionarios.

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En ese marco, además de detallarse los procedimientos que se acababan de realizar y de sus resultados, el ministro aprovechó para recordar los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos, formuló recomendaciones y volvió a destacar la consigna de la “lucha contra la corrupción” que, según su decir, es una de las banderas que enarbola su gestión ministerial.

Por su parte, el fiscal Iturrioz que viajó de inmediato a Rawson para ser parte de la conferencia dio detalles de la causa judicial iniciada y mencionó las justificaciones que llevó, incluso, a pedir la autorización para realizar escuchas telefónicas a los supuestos involucrados en la acción delictiva.

Además, el funcionario judicial tuvo su momento para, tal vez, desbordarse de su trabajo específico en el marco de la administración de la justicia y aprovechó para elogiar el trabajo policial realizado en esta causa -hasta acá no hay ningún reproche-, acotando el empeño puesto pese al atraso salarial que vienen sufriendo.

Uno se pregunta si era necesario realizar ese comentario. En todo caso, valía el deber de señalar que tal padecimiento salarial también lo vienen sufriendo todos los empleados estatales.

Pero no todo quedó ahí. El fiscal comparó esa actitud -la de trabajar aún sin cobrar- con la del exdiputado provincial David González, quien cobraría un salario de al menos $ 300 mil sin trabajar en el cargo de defensor de los Derechos del Adulto Mayor de Chubut, en el que asumió en diciembre último. Por lo menos es lo que cree el fiscal, que por eso inició una investigación de oficio sobre esa cuestión.

Al borde de la destitución

Cabe recordar que el fiscal general de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz tiene pendiente sobre sus espaldas dos jury de enjuiciamiento, proceso que podría derivar en su destitución del cargo. Uno, por mal desempeño de sus funciones cuando ordenó la detención de un ministro con fueros. Y el otro responde a su insatisfactorio desempeño en el cargo, según evaluó la comisión del Consejo de la Magistratura que votó 10 contra 1.

A Iturrioz se lo acusa de haber dejado caer 15 causas judiciales en las que vencieron los plazos procesales, causas en las que finalmente no se llegó a juicio.

Además, hay cuestionamientos en cuanto a la relación del fiscal con su equipo de trabajo; y de su vínculo con la prensa, considerado como “desmesurado”. En otras palabras, por su alta exposición mediática, ya sea a través de habituales contactos con periodistas o por sus intervenciones en las redes sociales. Por algo se lo ha mencionado como el “fiscal twittero”.

De todos modos, fiel al principio de que es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, el fiscal Iturrioz no fue suspendido en el cargo y continúa ejerciéndolo hasta que se determine si finalmente será destituido.

Por ello es que, todavía en cumplimiento de su rol, encabeza las investigaciones en esta causa por estafa con casas del IPV y en cuyo marco se han diligenciado distintas medidas, entre ellas las de ejecutar escuchas telefónicas.

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