¿Y ahora? ¿A quién hay que reclamarle?

¿Y ahora? ¿A quién hay que reclamarle?
Federico Massoni. El ministro de Seguridad de Chubut fue denunciado por “entorpecer la justicia”, entre otras acusaciones en la última denuncia penal en su contra.

Durante el periodo más estricto de la cuarentena obligatoria, momento en el cual en todo el territorio de la provincia se realizaban numerosos controles policiales, algunas personas se preguntaban constantemente qué podía pasar si los paraban en un control, justamente, porque muchos dudaban si necesitaban o no el certificado de circulación provincial.

El miedo de muchos luego se tradujo en secuestros de autos, multas e incluso detenciones que, en muchos casos fueron injustificadas, algunas incluso ilegales. Ahora bien, con las aguas un poco más calmas, muchos seguramente querrán reclamar, por ejemplo, por qué les secuestraron su vehículo. Gastón Bordier analiza esta cuestión.

“Previo a presentar la denuncia, tuvimos comunicaciones con el Juzgado Federal de Rawson. Hubo alrededor de cuatro mil denuncias presentadas en el valle por las fuerzas policiales en contra de ciudadanos.

El juzgado ya analizó cerca de dos mil seiscientas denuncias. De ese número, el noventa y cinco por ciento se cerró por nulidades y atipicidad. Atipicidad quiere decir que la conducta denunciada y desplegada por el sujeto no se circunscribe a lo descrito por el Código Penal.

Entonces, haciendo una valoración un poco más allá de cuáles son los fundamentos de esta atipicidad, nos encontramos con que, en definitiva, las personas a las que les secuestraron automotores fueron detenidas, arrestadas, golpeadas y encima se les hizo el acta de imputación de delito de los artículos 205 y 239, eran personas que, a entender de la jueza, estaban habilitadas para circular”, explicó el abogado Bordier sobre los excesos cometidos por el personal dependiente del titular de la cartera de Seguridad provincial.

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En esta línea, el abogado calificó el trabajo hecho por las carteras de Seguridad y Gobierno como algo que entorpeció la vida de la población. Además, se mostró molesto por la sobrecarga de trabajo en la Justicia federal al tener que analizar cerca de cuatro mil causas “de la noche a la mañana porque al ministro se le ocurrió detener personas.

Lo que hizo Massoni fue tapar de causas nulas y atípicas al juez federal, solo por un capricho. Esto se va a probar, porque es un informe que se pidió al juzgado. Se va probar que la actividad del ministro, además de haber sido ilegal, no sirvió para nada más que para entorpecer la justicia”.

El testigo

Otro de los datos que llaman la atención de la denuncia presentada por Gastón Bordier y Cynthia Castro, es el hecho de que el intendente de Trelew, Adrián Maderna, fue propuesto para declarar como testigo en la causa iniciada a Massoni. “Esto tiene que ver con lo que fue el uso del gimnasio municipal de Trelew como centro de detenciones. Massoni también quería usar el COSE (Centro de Orientación Socio Educativo) como centro de detenciones.

Espacios que son públicos y él intentaba convertir en pseudo comisarías para poder detener la mayor cantidad de personas posible. Todas esas detenciones han resultado inútiles, más allá de los abusos policiales. Cuando nosotros hablamos de que se arrogó facultades de otros poderes, no solo hablamos de que emitió normativa, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y Provincial. Además de esto, se convirtió en juzgador. Uno solo puede ser detenido por orden de un juez competente y dictado por escrito”, planteó el entrevistado.

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“Nosotros hemos visto muchos videos en donde se pudo certificar que Massoni decía ‘llevatelo preso, detenelo’. Eso viola el artículo dieciocho de la Constitución, de que toda persona debe ser detenida por un juez competente y dictado por escrito. No sirve una orden oral de un ministro.

Si se me permite, Massoni es un cuatro de copas, porque no es un juez. Ni siquiera un juez puede hacer esto de forma oral, tiene que firmar la orden y después dársela a la policía. Por un delirio del ministro, la policía terminó cometiendo delitos contra las personas, y esto es algo que la plana mayor tendría que haber sabido interpretar, porque el artículo primero de la Ley Orgánica Policial le impone a la Policía el respeto absoluto por los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía.

La fuerza policial tendría que haber dicho que no a esto, pero eso no pasó. Tenemos una policía que, desde el punto de vista del respeto a la ley, es tan irrespetuosa como cualquier delincuente”.

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