Bordier: “No solo se han violado las leyes, sino todos los principios democráticos que nos rigen”

Denunciaron penalmente a Massoni y a otros funcionarios del gabinete del gobernador Mariano Arcioni por graves delitos en la administración de la cuarentena por el Covid-19 en Chubut.
Trelew (Agencia) Tal como había sido adelantado la semana pasada por Crónica, los abogados Gastón Bordier y Cintya Castro denunciaron penalmente ayer al ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni y a otros miembros del gabinete del gobernador Mariano Arcioni, acusándolos de graves delitos en la administración de la cuarentena por el Covid-19 en la provincia.

Los letrados hicieron la presentación a media mañana en la fiscalía a cargo del doctor Héctor Iturrioz, en Comodoro Rivadavia y a la par de la denuncia pidieron una “batería de medidas” que –según los denunciantes– deberían cumplimentarse lo antes posible.

“Acá no solo se han violado los procesos de formación y sanción de las leyes, sino también todos los principios democráticos que nos rigen”, dijo Bordier al hablar de la denuncia contra Massoni y otros funcionarios del Ejecutivo provincial.

“Esta causa puede tener muchas más aristas porque quien haya acatado estas resoluciones de Massoni (las que fueron invalidadas por una jueza penal de Trelew) y las haya hecho cumplir también ha incurrido en el mismo delito que Massoni”, aclaró más adelante.

-¿Estamos hablando de la plana mayor de la policía, por ejemplo? Se le consultó. “Por supuesto, porque la Ley orgánica de la Policía del Chubut dice en su artículo principal que lo primero que debe cumplir la policía del Chubut es el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las personas”, explicó.

“Y si reciben una normativa que lo que hace es violar esos derechos y garantías fundamentales ellos podrían haberse negado a hacerlo. Entiendo yo que un funcionario policial de ese elevadísimo rango debe tener interpretación propia para poderle advertir a un ministro que no los haga cometer delitos. Yo como mínimo le exigiría eso a la plana mayor de la policía: tener criterio”, exigió.

Con relación a Puratich –por qué lo denunciaron también penalmente- Bordier explicó: “Aquí hay que distinguir bien la persona de bien que pueda llegar a ser Puratich con la función pública. Él como funcionario público tiene responsabilidades y debe ser consciente de qué normativas puede y debe cumplir. Aquí lo que se le denuncia es haber violado el orden constitucional y atribuirse facultades que no le son propias”.

“Acá el único habilitado en la excepción, porque está prohibido por la Constitución arrogarse facultades legislativas, más allá del Poder Legislativo; es el gobernador. Ninguno de sus ministros y mucho menos los funcionarios de segundo rango de los Ministerios pueden arrogarse facultades legislativas con el ánimo de legislar para toda la población y esto es algo que Puratich debía conocer”, sostuvo.

Vale recordar que los delitos que se denuncian tienen que ver con una presunta mala administración de la cuarentena, la desobediencia al DNU del Presidente y a una disposición de la jueza Penal de Trelew Mirta Moreno.

Aunque también habría otros ilícitos y más graves. Ahí, aparecerían hechos de espionaje ilegal llevados a cabo por Massoni y su gente en los que estaría involucrado también su cercano colaborador; el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani.

Como ya se informó: los que también aparecen denunciados por una participación casi secundaria en las maniobras presuntamente ilícitas son el ministro de Salud Fabián Puratich y la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos.

Al ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini, por ejemplo, que también aparece entre los denunciados, le endilgan “no haber cumplido con el protocolo nacional del Covid-19 –tal como se había comprometido delante de la jueza Mirtha del Valle Moreno– y sin embargo habría aceptado la transferencia de la plataforma provincial “Te Cuidamos”, que otorgaba permisos de circulación sin tener competencia la provincia para hacerlo.
La denuncia y sus fundamentos tienen varias fojas y hasta podría convertirse en una “megacausa”, porque los letrados denunciantes dejan lugar para que con la producción de las pruebas que solicitan puedan llegar a sumarse nuevos imputados.