Ley de Narcomenudeo: creen que la situación no está dada para que se realice en Chubut

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Javier Leal de Ibarra se refirió en diálogo con Crónica a la posibilidad de que la justicia provincial comience a encargarse de las causas de narcomenudeo en la provincia. El juez federal rechazó esta posibilidad e hizo hincapié en la inversión que debería hacerse para que esto sea posible, algo que consideró prácticamente imposible. Además, habló sobre los casos de otras provincias que adhirieron a la Ley de Desfederalización.

En primer término, el titular de la Cámara Federal de Apelaciones habló sobre la Ley de Narcomenudeo, también conocida como Ley Nacional de Desfederalización. Fue sancionada en el año 2005 con el objeto de derivar a las justicias provinciales la persecución, juzgamiento y represión del tráfico de drogas en pequeña escala. Según explicó Leal de Ibarra, hasta el momento ocho provincias han adherido a la ley. “Las provincias que adhirieron son Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santiago del Estero. Y acá quiero hacer una coma. También se sancionaron las leyes de adhesión en Jujuy, La Rioja y Tucumán, pero nunca entraron en vigencia. Para ubicarnos en el tema, la diferencia entre narcomenudeo y nacotráfico es básicamente la escala”, explicó el juez federal.

En este sentido indicó que, al hablar de narcomenudeo se habla de la comercialización de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas al consumo, y también se incluye la siembra o cultivo de plantas, en todo caso destinadas al consumo personal.

“Los datos duros de por qué creo que no ha sido feliz la desfederalización ni lo será, tienen vinculación con datos estadísticos. Cuando todavía no existía la adhesión, cuando la ley no existía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la cantidad de causas fue, durante ese año, de diez mil. Al año siguiente, el número se redujo a mil doscientas, en 2006. Luego, en 2007 la cantidad de causas fue de aproximadamente ochocientas, para concluir en 2008 con seiscientas. Es decir que hubo una merma del noventa y cuatro por ciento”, resaltó el entrevistado.

Como dato anecdótico, el juez federal dijo que hace años fue el coordinador de una comisión de estudio de narcotráfico que se celebró en la Conferencia Nacional de Jueces, en Buenos Aires.

De la actividad participaron jueces de la provincia de Buenos Aires, “que estaban más que alarmados por esta situación. Es decir, se había bajado el nivel de investigación vinculado con estas causas. No tenían los jueces provinciales los presupuestos necesarios para abordar estas temáticas. Realmente, descalificaban esto por completo. Además, un dato importante y no menor, es el hecho de que la desfederalización separa competencias”, añadió.

La importancia de escuchar a los operadores del sistema de justicia

El juez federal de Comodoro Rivadavia hizo fuerte hincapié en la necesidad de que los legisladores escuchen a los operadores del sistema de justicia, en el caso de que efectivamente se trate el proyecto de ley que transferiría las causas de narcomenudeo a la Justicia provincial. “Los legisladores deben atender esta situación, que hoy por hoy está muy lejos de ser una decisión feliz”, planteó.

“Yo creo que los legisladores, al momento de tratar el proyecto de ley, tienen que tomar en cuenta, básica y esencialmente la opinión de los operadores del sistema de justicia. Obviamente yo descarto que el efecto es equivocado. En este caso, quien habla es el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, que tiene competencia sobre toda la Patagonia. Regulamos y juzgamos los delitos vinculados con el narcotráfico. Por algo estamos en contra, porque tenemos la experiencia, la experticia. Creo que los legisladores deben atender esta situación, que hoy por hoy está muy lejos de ser una decisión feliz”, sostuvo el magistrado del orden federal.

Sobre la posibilidad de crear agencias de narcomenudeo en la provincia, algo que le fue consultado la semana pasada a la ministra de Seguridad del Gobierno nacional, Sabina Frederic, el entrevistado resaltó que su pensamiento no varía demasiado con respecto a la Ley de Narcomenudeo. “No estoy de acuerdo, para eso están las fuerzas de seguridad. Habría que nutrir de más agentes, más elementos de recursos humanos, recursos materiales a lo que ya tenemos, no crear nuevas entidades”.

“He discutido amigablemente con el ministro de Seguridad de la provincia respecto a esto. Él tiene su opinión y yo la mía, que son diametralmente opuestas”, señaló respecto al diálogo que mantuvo con Federico Massoni.

Por último, habló sobre el trabajo que llevan a cabo en la institución que conduce y planteó que gran parte del trabajo diario tiene que ver con el narcotráfico. “El trabajo es intenso, con colaboración permanente de fuerzas federales y provinciales. Es importante destacar que las investigaciones van desde el inicio, desde la génesis. Nuestro objetivo es llegar a las más altas organizaciones criminales. Se trabaja bien, se han descubierto importantes organizaciones criminales con el enorme esfuerzo de las fuerzas federales y también las provinciales. Los recursos son escasos, pero llegan de manera suficiente para atender todas las investigaciones”, concluyó Leal de Ibarra.

“La situación no está dada para que esto se implemente en Chubut”

Leal de Ibarra hizo hincapié además en que, si efectivamente la provincia adhiriera a la Ley de Narcomenudeo, las competencias se separarían y esto, de alguna manera perjudicaría a la Justicia federal al no tener información precisa sobre las causas. “Hay que tener en cuenta además la diferenciación entre narcomenudeo y narcotráfico. ¿Quién determina la diferencia entre ambas?”, se preguntó el juez.

“Al adherir a esta ley, las competencias se van a separar en las investigaciones de un mismo delito. Esto va a implicar que la Justicia federal, hoy encargada de perseguir los delitos más complejos, no tenga la información con que debe contar en este tipo de casos. El objetivo es investigar los búnkers, las ventas minoristas, para que a partir de estas investigaciones se llegue a las grandes estructuras. Obviamente, teniendo en cuenta que las fuerzas policiales -y esto es un hecho de la realidad- son muy celosas a la hora de compartir y transmitir información. Información que en definitiva resulta de vital importancia para la investigación en contra del narcotráfico”, sostuvo Leal de Ibarra.

En esta misma línea de análisis, el magistrado se preguntó: “¿quién determina la diferencia entre ambas cosas? ¿Quién determina que se trata de narcomenudeo o narcotráfico? La sociedad anhela mayor rapidez en el trámite de las causas, mucho más en aquellas vinculadas con el narcotráfico. Estaríamos hablando de situaciones y planteos de incompetencia que harían eternos los procesos y perjudicarían la lucha contra el narcotráfico”.

Profundizando en la diferenciación entre ambos delitos, el titular de la Cámara Federal de Apelaciones dijo que esto es algo absolutamente “artificial” y que produce un corte que no es natural en los delitos, que en la mayoría de los casos entorpece la persecución.

A continuación, el magistrado reiteró algo que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia ya había dicho a Crónica: implementar esto en Chubut demandaría altos costos, y teniendo en cuenta la realidad económica de la provincia, sería inviable.

“Yendo puntualmente a cuestiones de estructura, esto demandaría enormes presupuestos para llevarlo adelante en la Justicia provincial. Habría que crear más juzgados, fiscalías, laboratorios periciales. Sin entrar en cuestiones políticas, me parece que la situación no está dada para que esto se implemente en Chubut. Proveer presupuestariamente a la Justicia para la persecución del narcotráfico es algo absolutamente esencial”.