Las causas por narcotráfico bajaron a la mitad en el primer semestre del año

Las causas por narcotráfico bajaron a la mitad en el primer semestre del año

Según un informe, de enero a junio de este año se iniciaron 4.749 causas vinculadas a delitos con estupefacientes, mientras que en 2019, en el mismo período hubo casi el doble (8.168 causas) y en 2018 más del doble (10.732 causas).

Las causas iniciadas por delitos vinculados a la narcocriminalidad en el país durante el primer semestre de este año descendieron a la mitad en comparación con el mismo período en los años 2018 y 2019, y para los expertos se debe a la implementación del aislamiento social por el coronavirus decretado en marzo pasado, informó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Según un informe,  de enero a junio de este año se iniciaron 4.749 causas vinculadas a delitos con estupefacientes, mientras que en 2019, en el mismo período hubo casi el doble (8.168 causas) y en 2018 más del doble (10.732 causas).

De acuerdo a los datos estadísticos, de las 4.749 causas del primer semestre del año, 2.134 (un 45 por ciento) fueron por comercialización o tenencia para la misma; 1.414 expedientes (29 por ciento) se abrieron por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal; y 465 (10 por ciento) fueron por casos de tenencia simple.

En tanto, 115 causas (2 por ciento) se iniciaron por contrabando de estupefacientes, al tiempo que otras 474, cerca de un 10 por ciento del total, abarcaron otros delitos.

De acuerdo al documento, el descenso en la cantidad de casos de este año respecto a los dos anteriores, “es especialmente llamativo en los meses de marzo y abril cuando el ASPO y la feria judicial extraordinaria regía para todo el territorio nacional”.

“Mientras que los meses posteriores comienzan a registrarse más casos, muy posiblemente como resultado del levantamiento de las excepciones en muchas jurisdicciones del país y la creciente implementación del trabajo remoto a nivel judicial”, señaló el informe del organismo que está a cargo del fiscal Diego Iglesias.

Sin embargo, la Procunar destacó que “la distribución de las investigaciones por tipo de delito involucrado (las distintas formas de comercialización y el contrabando de estupefacientes) no varía de forma significativa”, pero en el caso de la apertura de expedientes por tenencia para consumo personal marcó un fuerte descenso del 56 por ciento al comparar el primer semestre de este año con el mismo período anterior.

En cuanto a las causas iniciadas en esta primera mitad del año según región fiscal, 1.783 se realizaron en el Noreste, lo que implica un 37 por ciento del total; le siguió el Noroeste con 1.178; la Patagonia, con 917; Centro-Cuyo, con 614; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 153, y por último la provincia de Buenos Aires, con 134.

En las conclusiones del informe, la Procunar sostuvo que “la circunstancia excepcional que ha significado la pandemia y las medidas sanitarias tomadas para contenerla han impactado en el despliegue de la persecución penal del fenómeno narcocriminal”, situación que también permite explicar la menor cantidad de causas iniciadas por tenencia para consumo personal, tenencia simple y comercio al menudeo.

Asimismo, otro de los motivos del descenso de las investigaciones iniciadas se debió a la implementación de la Ley de desfederalización en la Ciudad de Buenos Aires desde enero de 2019, ya que “impacta directamente sobre el volumen de causas por estupefacientes que se inician en el sistema de justicia federal”.

Por su parte, la Procunar advirtió que “continúa existiendo una gran incidencia de la persecución de delitos menores”, ya que “en un gran porcentaje de las causas por estupefacientes que tramitan en la justicia federal se investigan delitos de tenencia simple (10 por ciento) o para consumo personal (29 por ciento)”, lo que “conlleva a reflexionar sobre el grado de eficacia y eficiencia de la persecución penal en materia de drogas”.

De esta manera, a casi 11 años del fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que estableció la no punibilidad de la tenencia de drogas para consumo personal, “una parte importante de los recursos de las fuerzas de seguridad terminan estando destinados a la criminalización de las personas consumidoras de este tipo de sustancias, manteniendo así la inercial selectividad del sistema penal”.

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