Legislatura santacruceña repudia al fiscal Rivarola por calificar de “desahogo sexual” a una violación grupal
Lo hizo luego de la unificación de dos proyectos presentados por las dos bancadas parlamentarias en la sesión de ayer.
Caleta Olivia (Agencia) Los legisladores sostuvieron que “utilizar estas calificaciones, denotan una profunda falta de perspectiva de género en la administración de la Justicia, en momentos donde miles de mujeres en todo el país están reclamando acciones concretas contra la violencia de género”.
Este jueves, durante la quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura Provincial, se aprobó de forma unánime un repudio al fiscal chubutense Fernando Rivarola, quien calificó de “desahogo sexual” un hecho de “abuso sexual con acceso carnal agravado, por la intervención de dos o más personas” perpetrado contra una adolescente de 16 años en la ciudad de Playa Unión, en el año 2012.
La sanción de este repudio, en base a la unificación de dos proyectos presentados por Leonardo Paradis y Nadia Ricci, se basa en que “conceptuar a una violación como un ‘desahogo sexual’, va en contra de todos los derechos existentes de todos y todas, olvidando este fiscal del Poder Judicial, que su función principal es la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y la representación de la sociedad en un juicio”.
También en su fundamentación -elaborada por Paradis junto a Matías Mazú, Rocío García, Eloy Echazú y Martín Chávez- consideraron que “utilizar estas calificaciones, denotan una profunda falta de perspectiva de género en la administración de la Justicia, en momentos donde miles de mujeres en todo el país están reclamando acciones concretas contra la violencia de género, y en el marco de un proceso judicial abreviado, donde el Fiscal Rivarola, debía defender a la víctima de esta violación en manada”.
Además, recordaron que “bajo la utilización de los mismos criterios, el fiscal pidió la absolución para tres de los jóvenes involucrados y el cambio de carátula en la causa para los tres victimarios restantes –de “abuso sexual con acceso carnal agravado” a “abuso sexual simple”– a partir de lo cual podrán mantenerse en libertad, ya que la pena prevé tres años de prisión en suspenso”.
Es por ello que “el pedido de libertad a los perpetradores, el daño físico y psicológico, además de la estigmatización social a la adolescente, quien tuvo que mudarse de ciudad luego de reiteradas amenazas, con intentos de suicidio y la posterior búsqueda de ayuda psicológica, que permitió luego de siete años recién pudiera relatar a través de sus redes sociales el abuso del que fue víctima, hablan de una sociedad patriarcal que -en pleno siglo XXI- continúa vejando a las mujeres, vulnerando sus derechos, y sin poder garantizar siquiera el acceso a la Justicia, con la complicidad de quienes la administran”, sostuvieron.
Finalmente, apelaron a la necesidad de que “nuestra Justicia empiece a implementar efectivamente herramientas normativas con perspectiva de género, como ser la Ley Micaela, la Ley Nacional de Víctimas y la Ley de Protección Integral de las Mujeres, para evitar que magistrados como el fiscal Fernando Rivarola, hagan abuso de sus facultades, violentando y denigrando a las víctimas de la violencia machista. Sin perspectiva de género, la Justicia se convierte en un arma de discriminación institucional”.
