Corrupción: Jorge Miquelarena consideró que “los niveles de responsabilidad entre empresarios y funcionarios fueron diferentes”

Miquelarena: “Creo que los niveles de responsabilidad entre empresarios y funcionarios fueron diferentes”
Jorge Miquelarena. El Procurador General del Chubut consideró que en las causas de corrupción entre funcionarios y empresarios, “los niveles de responsabilidad son diferentes”. Para él, la de los funcionarios es más importante.

El procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena en diálogo con Crónica se refirió a las dos causas de corrupción más emblemáticas del último tiempo: Embrujo y Revelación. En su análisis, resaltó la pena que se le dio a Diego Correa, las multas a los distintos funcionarios y la rapidez con la que se trató el tema. Además habló sobre la situación de la justicia en la provincia y, al igual que otros actores del Poder Judicial se mostró crítico al respecto.

Originalmente, las causas Embrujo y Revelación eran una sola. En su momento, el Ministerio Público Fiscal tomó la decisión de separar la causa en dos para que no representara algo demasiado grande y complicado de llevar adelante, esto, al menos desde el punto de vista estratégico, según explicó a este diario Jorge Miquelarena, procurador General de la provincia. Ambas causas involucraron a empresarios y políticos de Chubut que comandaron una organización ilícita que perjudicó al Estado Provincial en lo económico.

Miquelarena: “Creo que los niveles de responsabilidad entre empresarios y funcionarios fueron diferentes”

Miquelarena destacó como algo importante la rapidez con la que se llevó a cabo la causa Embrujo, en la cual el exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves, Diego Correa, fue condenado a diez años de prisión y a pagar una multa de más de veinte millones de pesos.

Miquelarena: “Creo que los niveles de responsabilidad entre empresarios y funcionarios fueron diferentes”

En los últimos días, en los medios de comunicación hizo ruido la reducción de pena a Oscar “Chito” Alarcón, el extitular del área de Ceremonial y Protocolo de la provincia, que fue condenado en dos causas diferentes: en la primera, fue procesado por cobrar un sueldo en el Municipio de Trevelin y otro en el Estado Provincial, algo que está estrictamente prohibido. En el segundo escenario, Alarcón fue condenado por enriquecimiento ilícito. En mayo se conoció la noticia de que la Cámara Penal de Trelew redujo la pena del extitular de Ceremonial de Protocolo por enriquecimiento ilícito, motivo por el cual no iría a prisión. Ahora, lo que se pretende es unificar esta pena con la otra. De esta forma, el exfuncionario iría efectivamente a prisión.

Otra de las noticias que generó revuelo fue la de la liberación de Sandro Figueroa. Según indicó el titular del Ministerio Público Fiscal de Chubut, esto se debió a que el empresario cumplió con las dos terceras partes de su condena. Al haber hecho esto, Figueroa tiene el derecho de salir de prisión.

Pero también se cuestionó otras liberaciones o facilitaciones para la suspensión de juicio a prueba de algunos imputados con lo que evitaron la prisión. Alguno de ellos es el empresario comodorense Federico Piccione, a quien sindican como amigo del gobernador.

Miquelarena: “Creo que los niveles de responsabilidad entre empresarios y funcionarios fueron diferentes”

Niveles de responsabilidad distintos

Al ser consultado por los niveles de responsabilidad de empresarios y exfuncionarios públicos en las causas de corrupción, Miquelarena señaló que “los niveles de responsabilidad son distintos. Los funcionarios públicos tienen ni más ni menos que la responsabilidad de manejar los fondos públicos del Estado, y en consecuencia hay que ser muy estrictos en ese manejo de fondos públicos. En el caso de los empresarios, obviamente, de un solo lado no hay corrupción, cuando la hay es porque se conjugan ambos lados. Pero en el caso de los empresarios me parece que hay que hacer una salvedad. Muchas veces se critica a la justicia por darles la Probation en las causas que tienen que ver con delitos contra la administración pública. Creo que los niveles de responsabilidad fueron diferentes”, sostuvo el Procurador General.

“Este año yo saqué una instrucción general desaconsejando el tema de la Probation en todas las causas que tienen que ver con delitos contra la administración pública, precisamente para evitar estas disquisiciones. Me parece que hay que ser justos con esto. La gran mayoría de los empresarios, no me refiero a los que tuvieron mayor participación, estoy hablando de los que trabajaban, tuvieron que pagar una comisión para poder cobrar un certificado de obra. Es decir, la provincia los contrataba, por ejemplo, para que asfaltaran cinco cuadras. A ellos no se les pagaba todo junto una vez que terminaban, sino que se les pagaba con lo que se llama certificado de obra. Por ejemplo, si tenían que hacer movimiento de suelos para asfaltar, les pagaban esa parte primero, es decir, un proporcional. A los empresarios se les imputó pagar un porcentaje de cada certificado. En definitiva, si ellos no pagaban, no cobraban. Entonces, convengamos que no se puede ser igual de severo con ellos, no son todos los casos iguales”.

Para concluir con este tema, el titular del Ministerio Público Fiscal de Chubut aclaró: “No estoy diciendo que lo de los empresarios estuvo bien, no estoy abriendo un juicio de valor. Estoy planteando cuál era la situación objetivamente”.

Preocupación por la situación de la justicia en Chubut

En el final de la nota con este diario, el procurador General de Chubut habló sobre la situación de la justicia en la provincia y, al igual que algunos colegas suyos, se mostró preocupado. Miquelarena hizo hincapié en los gastos de funcionamiento que tiene este estamento y planteó que, si no hay dinero para lograr que la estructura funcione, se vuelve complicado trabajar adecuadamente.

“La situación de la justicia en Chubut es de mucha preocupación. Quizá somos una de las esferas que más dinero gasta, nuestra función exige que así sea. Nosotros, los que integramos el Ministerio Público Fiscal, somos los encargados de realizar las investigaciones y probar los casos, y eso, como siempre digo, cuesta dinero. Por eso siempre estamos preocupados y ocupados en obtener dinero y en lograr el recupero de los gastos”, señaló.

En esta línea de análisis, el entrevistado habló muy claro para dar cuenta de la situación. Una de las tareas fundamentales en muchas causas consiste en peritar celulares, es algo clave en una investigación penal. Para ello, la justicia usa unas valijas especiales que tienen licencias válidas por un tiempo determinado. Actualizar esa licencia cuesta alrededor de 55.000 dólares. Con el dólar oficial a 70,75, esto quiere decir que, comprar tan solo una licencia, representa en pesos 3.891.250 millones de pesos.

“A mí me parece fantástico que todo el mundo opine, para eso vivimos en democracia. Pero creo que a la hora de criticar hay que conocer, hurgar un poco para conocer el tema, a la hora de preguntarse por qué se gasta tanto o no en la Justicia. Si vamos al caso puntual de Comodoro Rivadavia, nosotros desde hace tiempo tenemos roto nuestro secuenciador en el laboratorio forense, con el cual hacemos los análisis de ADN. Al no funcionar este aparato, tenemos que enviar las muestras afuera, pedir un turno y pagar por cada una para que nos hagan el análisis. Se hace muy difícil trabajar si no se procuran fondos para ciertas cosas”, planteó.

Por último, sobre la posibilidad de que la misma justicia tome medidas por la situación que se afronta, no solo en la esfera judicial, sino también en las demás, el procurador General rechazó esta posibilidad al afirmar que “son carriles distintos. La justicia de oficio no va a tomar ninguna medida de esta naturaleza, porque no es así como actúa.

Venimos analizando desde hace rato los diferentes planteos que se hacen. Una cosa es decir que a alguien le corresponde tal o cual cosa, otra cosa muy diferente es que ese alguien pueda o no cumplir con sus obligaciones. Si me preguntan si existe la posibilidad de que los sueldos se paguen dentro de los primeros cinco días del mes, yo tengo que contestar que así debería ser, porque así lo dice la ley. Lo que habría que conocer perfectamente son los ingresos que se tienen, para saber si el pago es o no factible en tiempo y forma. Esas cosas evidentemente las maneja el Ejecutivo, ellos son quienes tienen esa responsabilidad”, concluyó Miquelarena.

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