El Gobierno mostró sus cartas y la posición de los acreedores externos se fortalece

La propuesta oficial volvió a aproximarse a las pretensiones de los bonistas. Los mercados se movieron con la expectativa de un acuerdo en puerta.

La semana pasada se produjo un acercamiento entre la posición del Gobierno y la posición de los acreedores para la renegociación de la deuda. La valuación de la nueva propuesta del ministro Martín Guzmán calculada con una tasa de descuento del 10% anual, se elevó desde USD 40 a USD 47 (a excepción del Discount 2033 cuyo valor de recupero es aproximadamente USD 4 superior).

Por su parte, dos de los tres comités de bonistas también publicaron, de forma conjunta, una nueva contrapropuesta que valuada en la misma tasa de descuento arroja un valor de US$58.5 en promedio, implicando un recorte de aproximadamente USD 2 respecto a la primera contrapropuesta.

Es evidente que las posiciones se acercaron, ya que las diferencias se redujeron desde US$20 a US$11 por papel, pero bajo ningún caso dejan de ser despreciables.

El mercado reaccionó de forma positiva ante la confirmación de los rumores del acercamiento entre la posición del Gobierno y los acreedores.

Las muestras de buena voluntad de ambas partes por llegar a un acuerdo fueron suficientes para lograr que los bonos en dólares ley Nueva York y ley local, acumularan ganancias de entre 3,5% y 10% en una semana, y los principales ADRs treparan entre 4% y 18%.

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Sin embargo, si se hace el ejercicio de mirar más allá del potencial arreglo por la deuda externa, las incertidumbres sobre el futuro de Argentina siguen latentes.

Desde la profundización de la crisis económica por el impacto del COVID-19, la brecha cambiaria entre el contado con liquidación y el dólar oficial se amplió desde 36,8% promedio en marzo a un promedio de 73,5% en mayo.

El Banco Central vendió dólares en el mercado único de cambios por US$1.226 millones entre abril y mayo, las reservas brutas disminuyeron en US$973 millones en el mismo periodo y debió endurecer el cepo, limitando de forma significativa el acceso que tienen las empresas al dólar oficial.  También aumentó las restricciones para acceder al contado con liquidación a través de la reintroducción del añejamiento para operar bonos en moneda extranjera.

De hecho, si bien voces oficialistas sostienen que el contado con liquidación no tiene mayores efectos en la economía real, la realidad es que afecta la expectativa de devaluación futura generando un gran desincentivo a la exportación al tipo de cambio actual y fomentando las importaciones.

A forma de ejemplo, la liquidación de granos de mayo se hundió un 18,8% a niveles comparables con los de la sequía de 2018, mientras que las importaciones de autos, por ejemplo, alcanzaron a representar el 84% de las ventas locales.

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El recrudecimiento del cepo cambiario generó una disrupción tal que, de no flexibilizarse, el desabastecimiento de productos importados no tardará en llegar, afectando incluso capacidad productiva de la industria local ante la ausencia de insumos de origen externo.

A la vez, las expectativas de inflación, que ya están en alza, tenderían a agudizarse. Una de las razones esbozadas incluso por los defensores del control de cambios es que ayuda a contener la presión alcusta de los precios. Sin embargo, a medida que aumenta la restricción del acceso a los dólares oficiales, la capacidad que tiene esta cotización de servir como ancla nominal se deteriora.

En otras palabras, el refuerzo del cepo luce como un manotazo de un Gobierno que lucha por no ahogarse en el medio de la negociación de la deuda. No hace otra cosa que dejar al desnudo la urgencia que tiene por cerrar un acuerdo.

La idea que el default no generaría efectos nocivos en la economía real porque el país ya se encuentra inmerso en una severa crisis económica ya no es creíble. El gobierno no pudo aguantar el bluff, terminó mostrando sus cartas y la posición de los acreedores se fortalece.

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