Qué consecuencias tendrá para la Argentina la ejecución de los seguros contra default por USD 1.500 millones

La International Swaps and Derivatives Association (ISDA) determinó que el país incurrió en un “evento de crédito”.
Luego de varias jornadas de deliberaciones, Wall Street definió que la Argentina incurrió nuevamente en un proceso de cesación de pagos y, como consecuencia, se dispararon los seguros contra default.

La International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hizo público hoy el resultado de sus dos jornadas de revisiones para determinar si el país incurrió en un “evento de crédito” que habilita la activación de los CDS, es decir, los seguros contra default (credit default swaps, en inglés). El comité determinó que el default es una realidad y que los seguros deberán pagarse. El monto, que se estima en unos USD 1.500 millones, será determinado en una subasta.

El número generó preocupación presuponiendo que esto generaría un nuevo costo para el Estado argentino en un proceso en donde encara una renegociación de buena parte de la deuda. Pero la realidad es que, en una primera instancia, la decisión no significa ningún costo para la Argentina.

La definición del ISDA respecto de que la Argentina entró en default ahora abre un nuevo proceso. “Esto es un contrato entre privados en donde, una vez que estas 14 entidades definen que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo”, relató el proceso a Infobae el especialista en deuda Sebastián Maril. “Lo que se votó es si Argentina entró en default. No le afecta nada en términos económicos al país. No tiene que pagar nada. En un problema entre privados”, agregó.

Los seguros de default, que se extendió luego de 2001 para el caso de los tenedores de deuda de la Argentina, son instrumentos financieros que generan un retorno a los tenedores cuando el país cae en cesación de pagos.

Aunque en esa primera instancia se podría deducir que la decisión que tomó el comité conformado por 14 entidades financieras, entre las que se encuentran algunos acreedores de la Argentina, no tiene un costo para el país porque se trata de convenios entre privados; en realidad esconde dos problemas que, en el mediano plazo, podrían terminar generando dificultades para la economía local.

El primero tiene que ver con la confianza. Los seguros son un “reaseguro" frente a la posibilidad de que el país no pague. Y su costo depende de cuántas posibilidades hay de que eso suceda. En el caso de la Argentina, los seguros estaban “caros”, no en niveles de los de Venezuela, pero sí entre los más altos de la región.

El otro problema que trae aparejado esto es que, cuando el país pierde la confianza aparecen los seguros, si el mercado cree que la desconfianza es persistente, aumentan su valor y, si esto se mantiene en el tiempo implica que el mercado entiende que las posibilidades de una cesación de pago son más reales y repercute en un índice que antes del 2001 nadie miraba en la Argentina: el riego país.

Esa preocupación de default impacta en el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés). Hoy, mientras se renegocia un canje de deuda con un incumplimiento y la creación de nuevos verbos como reperfilamiento, el riesgo país está hoy rondó los 2.620 puntos básicos. Brasil está en 392, Panamá en 212 y Perú 155, por poner sólo tres ejemplos.

Este índice mide la sobretasa que debe pagar un bono argentino frente al rendimiento que tiene los títulos a 10 años del Tesoro de los Estos Unidos. Con un riesgo país alto, no solo que muchas inversiones que estaban en un proceso de mediano plazo se atrasan, sino que aquellas que estaban en estudio comenzarán a buscar destinos más seguros.

La solución a esto ahora está en las posibilidades de lograr un acuerdo y renegociar la deuda. Aunque los tenedores de seguros cobrarán de todas formas, el mercado local comenzará a caminar la senda de la confianza que le permita mejorar los otros indicadores.