Es oficial, volvió el “barril criollo”

Es oficial, volvió el “barril criollo”

Con el decreto “barril criollo”, el Gobierno fijó el precio sostén para la producción local de petróleo en u$s45 publicado esta mañana en el Boletín Oficial.

¿Qué significa esta medida? ¿Cómo impacta en la producción? ¿Habrá un aumento en las inversiones? Francisco J. Romano, director de la Diplomatura en Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Austral, efectúa un balance de la medida.

El martes de esta semana, a través de la publicación de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se estableció el “barril criollo”, una medida del Gobierno que fijó el precio sostén para la producción local de petróleo en u$s45. Francisco J. Romano, Director de la Diplomatura en Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Austral y Socio a cargo del Área Energía en Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, reflexiona sobre sus alcances y su impacto en la industria de los hidrocarburos, entre otros aspectos claves.

– “El Poder Ejecutivo Nacional ha considerado que esta situación coyuntural de emergencia obliga a tomar medidas conducentes a preservar los niveles de actividad y de producción de la industria hidrocarburífera en sus distintas etapas, con el propósito de mantener las pautas de inversión tendientes al logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, asegurar las fuentes de trabajo del sector y cumplir cabalmente los principios y fines de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”.

– “En ese marco, mediante Decreto N°488/2020 publicado en el Boletín Oficial el 19 de mayo de 2020, el PEN ha fijado en forma transitoria el precio de comercialización en el mercado local del barril de petróleo crudo, a fin de que las empresas productoras puedan cubrir los costos operativos y sostener los niveles de actividad y/o de producción imperantes al momento previo al inicio de la crisis sanitaria, tomando en consideración la situación actual de contracción de la demanda producto de la pandemia COVID-19, dentro de los parámetros de explotación adecuada y económica previstos en la Ley Federal de Hidrocarburos”.

– “En este sentido se trata de una medida transitoria, coyuntural y paliativa, razonablemente tuitiva en un momento muy difícil para la industria y para la economía en general, donde está en riesgo el desarrollo de un sector clave para el país, y se vislumbra una mayor dependencia de las importaciones para cubrir la demanda interna, con el consiguiente incremento del déficit en la balanza comercial”.

– “Sin embargo, su impacto no será inmediato porque hay mucho stock de petróleo crudo almacenado y muy baja demanda por la paralización de la actividad. Se espera que esta situación se revierta en los próximos meses”.

– “Vale pues como una señal en la dirección correcta que sienta las bases para cuando haya un incremento en la demanda, pero para tener éxito deberá ir acompañada por otras medidas de más largo plazo, dirigidas a la cadena de valor en su conjunto, asegurando condiciones para una inversión genuina basada en precios de equilibrio y rentabilidades razonables en cada segmento y evitando que se produzcan distorsiones por variaciones en el tipo de cambio que acentúen las tensiones propias de un sistema donde los precios en boca de pozo necesariamente deben estar dolarizados y los precios en el surtidor necesariamente deben ser en pesos”.

– “La atención de las aspiraciones y la armonización de los intereses –a veces contrapuestos- del conjunto de la cadena de valor requerirá consensos de largo plazo entre los sectores de la producción, la refinación y comercialización, los sindicatos petroleros y las Provincias productoras de petróleo que reflejen una distribución equitativa de los costos y beneficios a lo largo de la cadena de producción, refinación y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo crudo”.

– “Para las empresas es un aliciente para volver a producir y un elemento de previsibilidad que les permite volver a pensar en invertir, producir y exportar. Pero el Decreto también impone exigencias en cuanto a mantener niveles de actividad y producción así como la planta de trabajadores que tenían al 31 de diciembre de 2019 y prohíbe el acceso al mercado de cambios para la formación de activos externos y la práctica conocida como “contado con liquidación”. Esto último va en detrimento del espíritu de fomento a la inversión”.

– “Para las provincias productoras es un alivio por el lado de las regalías (se estima un flujo de USD 16000 millones hasta fin de año) y de la mayor actividad esperable y un refuerzo a sus facultades como autoridad de aplicación de vigilar el mantenimiento de niveles razonables de actividad y producción. Ojalá estas facultades sean ejercidas tomando en cuenta todas las circunstancias del caso.

Más aún, sería conveniente que teniendo en cuenta la situación de emergencia, las Provincias productoras prorroguen de manera automática por el plazo mínimo de 12 meses los plazos de cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas en términos de actividad, inversión, gastos operativos y cualquier otra obligación vigente vinculada a las concesiones en sus jurisdicciones (por ejemplo, compromisos por extensión de concesiones, adjudicación de concesiones de explotación no convencional, entre otras)”.

– “Más allá del análisis caso por caso, es claro que la pandemia y las medidas impuestas por el gobierno federal y por los gobiernos provinciales, unidas a una caída brusca y pronunciada de la demanda y del precio del petróleo, han tornado imposible el cumplimiento normal de los compromisos asumidos”.

– “Una medida de esta naturaleza se ha tomado en Colombia a través de Acuerdos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que permiten pactar la extensión de términos y plazos en determinados casos y mientras el precio promedio de referencia del WTI se mantenga por debajo de 40 dólares por barril”.

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