Un año de tareas comunitarias para mujer que amenazó a Macri
El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando la estudiante publicó un comentario al pie de una nota periodística que anunciaba la llegada del entonces presidente a la provincia.
Una estudiante salteña deberá cumplir un año de tareas comunitarias por haber publicado en la red social Facebook que iba a disparar con un arma de fuego contra el expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.
La joven, contra quien se llevaba adelante una investigación penal por el delito de intimidación pública y amenazas, fue beneficiada por el juez federal 1 de Garantías Julio Bavio con la suspensión de juicio a prueba, o probation, por lo que deberá realizar tareas comunitarias por el lapso de un año.
El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando la estudiante publicó un comentario al pie de una nota periodística que anunciaba la llegada del entonces presidente Macri a la provincia.
La "amenaza" se formuló a través de la red social Facebook en la cuenta de un medio informativo local, y el comentario textual decía: "Lista mi MP5 pa darle en la frente".
La publicación alertó al personal de Gendarmería dispuesto para garantizar la seguridad del exmandatario, por lo que se identificó a la persona que realizó el comentario, que en su perfil mostraba fotos en prácticas de tiro.
Posteriormente, el Centro de Reunión de Información Salta de Gendarmería Nacional denunció el hecho a la Unidad Fiscal y la causa quedó en manos del fiscal federal Francisco Snopek, quien dispuso las medidas investigativas del caso.
Esa actuación derivó en un allanamiento, a través del cual se secuestraron cartuchos de distintos calibres.
La fiscalía siguió adelante con el proceso penal y avanzó con la formalización de la acusación y otras medidas probatorias.
La defensa oficial de la acusada, a cargo de Nicolás Escandar, fue la que formalizó una propuesta para llegar a una suspensión del proceso a prueba, medida que Snopek aceptó, por lo que dispuso la acción penal por esa vía.
La auxiliar de la fiscalía, Roxana Gual, informó a Bavio sobre el curso del proceso y especificó los detalles del hecho, la calificación penal impuesta -que establece una escala penal de 2 a 6 años de prisión- y las pruebas reunidas.
Además, la fiscalía reconoció la colaboración, conducta y falta de antecedentes de la acusada, lo que permitió arribar al acuerdo para la aplicación de distintas reglas de conducta por el término de un año, entre ellas el cumplimiento de 8 horas mensuales de tareas en favor del Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (Hirpace) por un período de un año.
Bavio interrogó a la acusada, para verificar si entendía los términos del acuerdo, y la imputada prestó conformidad.
El juez dio por finalizada la audiencia en razón de lo decidido por el Ministerio Público Fiscal, y recordó que los beneficios de este acuerdo podrían ser revocados ante el incumplimiento de las reglas de conducta establecidas.
