Exigen al gobierno provincial que priorice el derecho a la educación

La Oficina de Derechos y Garantías presentó una acción de amparo para que se efectivice el acceso al derecho a la Educación, paguen los salarios a los trabajadores y reparen las escuelas.


El año pasado la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia presentó una acción de amparo por el derecho a la educación y el viernes se realizó una audiencia de conciliación convocada por el Juzgado de Familia Nº3, donde se tramita la causa. A la misma acudió un representante de la Fiscalía, y personal de Obras Públicas de la Región Sur.

Desde la Oficina lamentaron que no se hicieron presentes representantes del Gobierno Provincial ni del Ministerio de Educación, ya que no pudieron avanzar en la demanda y señalaron que esta situación: “impidió que se logre conciliar una vía de solución al planteo de la demanda, y hace evidente la falta de voluntad de resolver esta cuestión que atenta contra una de las funciones indelegables e incuestionables del Estado”.

También reclamaron que se aplique la ley de información pública para conocer cómo se distribuyen los ingresos públicos de la provincia.

Derecho a la educación

El objetivo de la acción de amparo es: “que se efectivice el acceso al derecho a la Educación como derecho humano fundamental de los niños, niñas y adolescentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Se debe recordar que éstos vienen siendo especialmente vulnerados en los últimos tres ciclos lectivos, con 75 días de inactividad durante 2018 y casi 120 días sin clases durante 2019, de acuerdo con los datos del propio Ministerio de Educación de la Provincia”.

De esta manera, sostienen que el derecho a la educación comprende tener escuelas en condiciones de infraestructura acordes para el desarrollo de las clases y que el Estado disponga los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema, tales como el pago de salarios y los recursos materiales.

“Falta de voluntad”

La ausencia de autoridades en la audiencia; “ha sido una nueva muestra de falta de voluntad real de resolver el conflicto educativo, desconociendo el Interés Superior del Niño, que se suma a la falta de respuestas a los reclamos administrativo, el desistimiento a instancias de mediación, y conciliatorias en los fueros judiciales” indicaron.

Asimismo expresaron: “Nuestra intención es propositiva. Y estamos aquí para recordar que las decisiones deben contemplar el interés superior del niño y esto se plasma en acciones concretas. Priorizar significa que quizás otros aspectos deban esperar”. En este sentido, exigieron al gobernador que priorice a la Educación como un derecho humano fundamental y el impacto que la falta de este derecho genera en los niños y adolescentes.