Denuncian corrupción entre funcionarios de Macri y grandes tabacaleras

Tabacalera Sarandí acusó a ambas de acordar una reforma impositiva al tabaco que redujo las alícuotas de las grandes corporaciones y estableció un impuesto mínimo para perjudicar a las pequeñas y medianas empresas.

Una grave acusación que involucra a la empresa Philip Morris-Massalin Particulares y a funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Macri por maniobras irregulares arregladas entre ellos fue realizada por la Tabacalera Sarandí (TS).

Es que esta firma denunció que ambas partes acordaron la aprobación de una reforma impositiva al tabaco que redujo las alícuotas a pagar por las grandes corporaciones y estableció un impuesto mínimo para perjudicar a las pequeñas y medianas empresas.

El expediente del caso ya es tramitado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, basado en que los acusados se aprovecharon de reportes e información desactualizada y falsa para impulsar ese sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la ley Nº27.430.

Los argumentos de TS indican que “en estos procesos participaron importantes ministros, secretarios y directores de AFIP, ligados al macrismo, tendientes a favorecer prácticas monopólicas, y que además obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año durante muchas décadas”.

En ese contexto señaló que esos funcionarios del Estado nacional “omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria-Ley 27.260 para que se analizara y evaluara el proyecto de ley”.

Te puede interesar
Nisman: "Las pruebas no dan lugar a pensar en un asesinato", dijo Alberto Fernández

En la práctica, reforma tributaria de la ley Nº27.430 disminuyó la tasa general de impuestos internos del 75% al 70% y estableció un impuesto mínimo fijo de $28 (actualizable) para cada paquete de 20 cigarrillos.

Esta reducción benefició exclusivamente a las grandes empresas, las cuales comercializan las marcas más caras, como Marlboro, Phillip Morris, Benson & Hedges, Parliament, Virginia y L&M, todas de la compañía Massalin Particulares.

La denuncia remarca que el aumento de impuestos establecidos por la ley, además de no ser de carácter general, afectó exclusiva y desproporcionadamente a los cigarrillos de menores precios, mientras que a las marcas más caras les redujo su tributación al bajar la tasa general del 75% al 70%.

Apunta así que a las pymes como TS, que emplea a más de 300 familias, les generó una situación de quebranto porque el impuesto interno absorbe completamente los ingresos obtenidos por las ventas, a diferencia de las grandes corporaciones.

Fue el impacto negativo de la iniciativa sospechada de corrupción lo que llevó a TS y otras pymes a presentar una medida cautelar para no tributar el impuesto mínimo y, a principios de mes, la jueza federal Cecilia Gilardi de Negre falló en favor de la compañía al considerar inconstitucional el cobro de este impuesto a las pequeñas y medianas empresas del sector.

Comentar
- Publicidad -