Usina de facturas truchas: procesaron a Lázaro Báez en Bahía Blanca

El presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, fue procesado, sin prisión preventiva, por la justicia federal de Bahía Blanca, como jefe de una asociación ilícita destinada a estafar al Estado por casi 700 millones de pesos.

Se trata de la causa, que se inició en 2014, bajo la denominación de las usinas de facturas truchas, con la cual también quedaron vinculados varios empresarios de nuestra ciudad.

La resolución, según confirmaron fuentes judiciales, fue dictada por el juez federal Nº 1, Walter López Da Silva, quien a su vez le trabó a Báez un embargo de 120 millones de pesos.

Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti; José Antonio, Denis y Franco Ferreyra; Mario Pedraza, Rogelio Chanquía y Néstor Piñeiro también fueron procesados por ser supuestos integrantes de la organización. La misma suerte corrió Martín Antonio Báez, hijo de Lázaro.

De todas maneras, todos seguirán en libertad.

Mauro Ficcadenti y Jorge Atilio Ferreyra quedaron con una falta de mérito, es decir un punto intermedio entre el procesamiento y el sobreseimiento.

Cómo era la maniobra

La facturación apócrifa es una maniobra clásica en la que se simula la prestación de un servicio o la venta de un bien que genera una salida de dinero real, pero por conceptos diferentes a los contabilizados, dado que en verdad el servicio no se presta o el bien no se entrega.

En ocasiones el emisor simula el cobro para luego devolver parte de los fondos. Desde 2000 hubo una utilización masiva de facturación falsa en la obra pública de todo el país.

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La mayoría de la facturación falsa se refiere a servicios, porque es más difícil para la AFIP probar su falta de prestación. Son clásicos los casos de facturación falsa en publicidad, asesoramiento empresario, diseño y elaboración de sistemas informáticos.

Para demostrar una maniobra organizada es necesario sumar una serie de indicios graves, precisos y concordantes, como si el proveedor tiene infraestructura comercial y financiera para los servicios; si cuenta con los bienes de uso y el personal necesario o si puede demostrar la contratación de terceros.

Del análisis de esta voluminosa causa surgen que dos grupos de empresas. Cada uno, vinculado por lazos familiares y organizados, facturaban servicios a una empresa hegemónica: Austral Construcciones.

Uno de los grupos estuvo constituido por Constructora Patagónica Argentina (CPA), Vialinvert y Ferreyra Constructora Vial.

El otro lo constituían Calvento, Grupo Penta y Terrafari. CPA y este segundo grupo facturaron supuestos servicios millonarios a Austral y luego disminuyeron sus bases imponibles (IVA y Ganancias que no estaban dispuestos a afrontar) con pretendidas operaciones con otras empresas vinculadas (Iberoamericana de Servicios).

“Construyeron un entramado de facturación parcial o totalmente falsa, con destino a Austral Construcciones, y que se originaba y organizaba parcialmente en Bahía Blanca, ya que el requerimiento inicial o el origen estaría en Río Gallegos”, dijo un investigador.

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