Menna pide que se deje sin efecto el decreto que duplica los derechos de exportación sobre el petróleo crudo

Con el objetivo de evitar perjuicios a la economía de Chubut y las restantes provincias productoras de hidrocarburos, el diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Cambiemos) presentó ayer un proyecto para pedir al Gobierno Nacional que deje sin efecto el decreto por el cual impuso un derecho de exportación del 12% sobre el petróleo crudo.



“Tal como lo hicimos cuando se adoptaron determinaciones que afectaban los intereses de las provincias, como ante el dictado del decreto 702/18 de supresión de los adicionales de zona a las asignaciones familiares, consideramos nuestro deber exhortar también en este caso al Ejecutivo a dejar sin efecto lo dispuesto por el decreto 37/2019 en función del perjuicio que representa, teniendo en cuenta la importancia del sector de la industria hidrocarburífera para las economías regionales de las provincias petroleras”, resumió Menna en el proyecto de Declaración.

En el mismo se establece “solicitar al Poder Ejecutivo Nacional dejar sin efecto la imposición de un derecho de exportación del 12% sobre la exportación de petróleo crudo, dispuesta por el decreto 37/2019 emitido el día 14 de diciembre de 2019”.

El proyecto contó con el acompañamiento, en su presentación, de los diputados Fabio Quetglas (UCR, Provincia de Buenos Aires), Ignacio Torres (PRO, Chubut), Roxana Reyes (UCR, Santa Cruz), Ximena García (UCR, Santa Fe), Federico Zamarbide (UCR-Mendoza), Estela Regidor (UCR-Corrientes), Jorge Enriquez (PRO, Ciudad de Buenos Aires), David Schlereth (PRO, Neuquén), Albor Cantard (UCR, Santa Fe), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica, Buenos Aires), Omar De Marchi (PRO, Mendoza), Lorena Matzen (UCR, Río Negro), Claudia Najul (UCR, Mendoza), Gonzalo Del Cerro (UCR, Santa Fe), Gabriela Lena (UCR, Entre Ríos), Martín Grande (PRO, Salta), Francisco Sánchez (PRO, Neuquén), Carmen Polledo (PRO, Ciudad de Buenos Aires), Alicia Fregonese (PRO, Entre Ríos), Juan Aicega (PRO, Buenos Aires), Luis Pastori (UCR, Misiones) y Alberto Assef (PRO, Buenos Aires).

En los fundamentos, legislador radical recordó que “un día después de la conmemoración del Día Nacional del Petróleo, que evoca la gesta acontecida en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, y contrariando las expectativas manifestadas por las máximas autoridades del Chubut y del municipio de Comodoro Rivadavia en el sentido de que el Gobierno Nacional habría de poner su atención en la producción de hidrocarburos convencionales que signa la Cuenca del Golfo San Jorge, se toma conocimiento” de la determinación del Poder Ejecutivo Nacional.

Explicó que el Gobierno de Alberto Fernández, “mediante el decreto 37/2019 incrementa en un 100% las retenciones a, entre otras, las exportaciones de petróleo crudo”. Y precisó: “Decimos incremento del 100% porque se pasa de una alícuota que con el tope de $4 por dólar exportado hasta entonces vigente representaba un 6%, a una del 12%. Ni más ni menos que un tributo incrementado al doble”.

Esta medida, en el caso de no dejarse sin efecto, “seguramente -manifestó Menna- comprometerá los planes de inversión en los yacimientos y, con ello, el desenvolvimiento de las contratistas y subcontratistas que participan de esa cadena de valor, y por supuesto la situación laboral de los trabajadores del sector”.

Estimó que “afectará también las finanzas de las provincias productoras en la percepción de regalías, ya que las mismas se liquidarán sobre un valor menor: el precio de boca de pozo menos lo que resulte del descuento por retención del derecho de exportación del 12%. Como esas regalías se coparticipan a su vez entre los municipios, también estos sufrirán una merma en sus ingresos”.

De manera adicional, observó, “también se verán perjudicados los ingresos de la totalidad de las provincias argentinas, incluidas las petroleras, ya que los derechos de exportación resentirán la recaudación de tributos coparticipables como el impuesto a las ganancias y el IVA”.

“En suma, se trata de una determinación que afecta al sector privado, al empleo y a las finanzas de los Estados locales, en beneficio exclusivo del Estado Nacional”, dijo, y agregó que esto “significa acentuar el centralismo y desandar un camino que comenzó a transitarse en 2016 con la decisión de restituir a las provincias el 15% de coparticipación que ilegalmente les retenía el Gobierno Nacional desde 2008 cuando se reestatizó el sistema previsional que había privatizado el gobierno justicialista en 1993”.

De manera adicional, Menna planteó: “Debemos plantearnos una severa revisión del criterio según el cual el Poder Ejecutivo incursiona en la creación o incremento de impuestos, materia que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso de la Nación”.