Firme posición contra los exámenes de ingreso a las escuelas públicas

Próximos a que las familias y sus niños y niñas, egresados/as de la escuela primaria, deben elegir una institución de preferencia para continuar sus estudios en el nivel secundario, los y las docentes, graduados/as y estudiantes que integran el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNPSJB, se reunieron para analizar la situación y, tras la convocatoria realizada, elaboraron un documento en el que toman posición ante los exámenes en escuelas públicas secundarias sobredemandadas.En el encuentro en el Aula 107 de la UNPSJB, tanto Raimundo Poblet como Adriana Velázquez, Raúl Muriete e Irma Khun, director y docentes de la carrera Ciencias de la Educación expresaron que la política educativa provincial tiene que ajustarse a la normativa que rige en Chubut, la que propone garantizar los plenos ejercicios de los derechos humanos, entendiendo a la educación como un bien público y social.

Precisamente, destacaron que “toda selección y clasificación de niños y niñas es una práctica de discriminación y segregación contraria a la legislación vigente en materia de derechos humanos y sus principios rectores, contraria también al espíritu y la letra de la Ley de educación Nacional 26.206 y Provincial VIII Nº 91. No hay norma legal que habilite después de la última dictadura militar, el requisito de alcanzar resultados favorables en un examen de ingreso para el acceso a la educación pública”.

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En otros de los puntos de su declaración, contraria a los exámenes, los docentes señalaron que “responsabilizar a niños y niñas de obtener una vacante o perderla de acuerdo con los resultados obtenidos en un examen meritocrático, equivale a socavarles la autoestima a quienes no logran responder “satisfactoriamente” a las expectativas de éxito de las familias, docentes, amigos/as, compañeros/as, otros”.

Ante la necesidad que se hace manifiesta, en cuanto a los establecimientos educativos, también señalaron que es necesaria la inversión en la creación y construcción de nuevas escuelas, destacando que “el Estado debe garantizar el derecho, las condiciones y el acceso a una educación de calidad para todos, pluralizando las ofertas de mayor demanda en diferentes zonas a fin de descomprimir la matrícula en unos establecimientos educativos y evitar que quedan sin demanda y vacíos otros”.

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