Férrea oposición del fiscal Nápoli a los pedidos de sobreseimiento en la causa Revelación

Los defensores de los imputados que aún quedan en la causa “Revelación” comenzaron a pedirle al juez Sergio Piñeda el sobreseimiento de cada uno de ellos y el fiscal general Marcos Nápoli planteó una férrea oposición. Ahora la decisión le cabe al juez Sergio Piñeda.
Fue en la continuidad de la audiencia preliminar que se lleva adelante en la Oficina Judicial de Rawson iniciada el miércoles último y que prevé demandará varias jornadas más. En la investigación están imputados exfuncionarios provinciales y empresarios de la construcción de la provincia.
Se trata de Gonzalo Carpintero, Diego Correa, Diego Luter, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray, Federico Piccioni, Martín Castillo y Pablo Bastida.
En representación del Ministerio Público Fiscal dirigen la investigación los fiscales generales Marcos Nápoli y Alejandro Franco. En carácter de querellantes lo hacen abogados de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y los diputados provinciales denunciantes del Frente Para la Victoria.

Pagani

El abogado defensor Carlos Villada, pidió el sobreseimiento para su cliente, Alejandro Pagani, exministro durante la última gestión de Mario Das Neves. Dijo que en la acusación que realizó el Ministerio Público Fiscal fueron avasallados los derechos del exfuncionario al violarse lo que considera “el principio de legalidad” al referirse a ser partícipe de la asociación ilícita y del cohecho pasiva. Destacó que desde el Ministerio de Infraestructura que dirigía “no se tomaban decisiones” referidas a los ilícitos investigados. Pagani está imputado de 14 hechos en los que se investiga el pago de dádivas de empresas de la construcción de toda la provincia para así poder cobrar sus acreencias por obras realizadas al Estado.
Nápoli le salió al cruce al ratificar toda la acusación en lo que a Pagani respecta. Dijo que “fue parte innegable del plan criminar diseñado a mediados de la última gestión de Das Neves”. Recordó la “confesión” que realizó Diego Luters al declarar durante el proceso en donde lo señala a Pagani como parte “del acuerdo entre los más altos funcionarios de esa gestión para diseñar el mecanismo de los ilícitos investigados”. Citó como prueba en este sentido mensajes de textos entre Pagani y otro de los imputados, Pablo Oca, exministro de Economía. También citó a empleados del Ministerio de Infraestructura que hicieron constar en la investigación “los pagos que se hacían por afuera de los mecanismos legales, que hacía que se abonaran dos veces”.
Las órdenes de pago se hacían de acuerdo con el “comportamiento de los empresarios”, dijo el querellante representante de la Oficina Anticorrupción. En general los querellantes adhirieron a los argumentos del fiscal Nápoli.

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Cisterna

El abogado particular Emilio Galende defiende al imputado Víctor Cisterna, exministro de economía y coordinador de gabinete de la provincia, actualmente con arresto domiciliario. También pidió el sobreseimiento para su cliente. En primer lugar se basó en la existencia de hechos investigados cuando Cisterna ya no era funcionario público que “hacen imposible” que los haya cometido, argumentó. Dijo que la investigación “está llena de falencias, muchas veces por falta de recursos de los investigadores. Pero acá estamos hablando de derecho”, dijo Galende al momento de cuestionar algunas pruebas que pidió que no sean incorporadas al debate por no haber sido controladas por su defensa. Concretamente se refirió a seis discos externos cuyo contenido no pudo analizar.
Nápoli dijo que “hay evidencias suficientes como para acreditar que Cisterna fue el organizador de los delitos que se investigan, antes de que Correa cumpliera ese rol. El disponía de los montos, quiénes eran los empresarios que debían pagar e incluso quién pasaba a retirar el dinero”, indicó el fiscal. Afirmó que también existen audios que comprometen al exfuncionario provincial, además de “abrumadora evidencia”.

Unos y otros

El fiscal general también se encargó de destacar que en la investigación, claramente se distinguió entre los empresarios que pagaban los retornos para seguir con “la rueda” de los ilícitos y por el otro, los dueños de pequeñas empresas que debieron hacerlo “presionados por sus ahogos financieros”.
Finalmente y antes de ratificar el pedido de juicio oral para Cisterna, dijo que “no perseguimos a nadie. En el debate van a poder preguntar a los empresarios si les prometimos impunidad a cambio de que contaran cómo era la maquinaria”, remarcó Nápoli. Fuente: MPF Rawson.

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