Ley de góndolas: los especialistas advierten que es incumplible

El proyecto, que tuvo media sanción ayer en la cámara de Diputados, fue cuestionado por diversos economistas y las grandes cadenas preparan la ofensiva legal por “inconstitucional” si el Senado la convierte en ley.

La Cámara baja le dio ayer media sanción a la iniciativa de la oposición que había logrado dictamen de mayoría y que propone, entre otros puntos, que una empresa no podrá tener más del 30% del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y que tiene que haber un mínimo de cinco proveedores por cada uno.

El objetivo, según el texto, es que haya igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en las estanterías de los supermercados y que la mayor competencia ayude a bajar los precios.

Sin embargo, diversos economistas y representantes de las empresas proveedoras y supermercados alertaron que esta norma, si se sanciona, generará el efecto contrario: suba de costos, aumento de precios y despidos de personal.

Sin éxito en Diputados, las empresas proveedoras y las grandes cadenas avanzarán ahora con gestiones ante los senadores para evitar que la iniciativa se convierta en ley, aunque está claro que el nuevo gobierno apoya el proyecto y buscará impulsarlo de cualquier manera. Tanto es así que figura como una de las propuestas bajo estudio del plan contra el hambre que diseñó el legislador y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

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En este contexto, avanza entre las cámaras la decisión de judicializar el tema, que ya había sido analizado cuando la gobernadora María Eugenia Vidal buscó impulsar una iniciativa de estas características en la provincia. Ya en esa oportunidad, desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a los grandes supermercados, trabajaron en torno a esta posibilidad, que hoy está cada vez más cerca.

De convertirse en ley, la intención es presentar un amparo para declarar su inconstitucionalidad. Las gestiones en contra del avance de este proyecto fueron encaradas no sólo por ASU, sino también por la Cámara de Comercio norteamericana en el país (Amcham), que advirtió, en una reciente carta que le envió a la diputada y titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo, que el proyecto “atenta no sólo contra garantías básicas como el ejercicio de la industria licita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad -todas ellas consagradas en nuestra Carta Magna-, sino que también abre la puerta a controversias internacionales”.

 

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