Audiencia por los servicios públicos: Se presentaron 19 de los 62 inscriptos

Audiencia por los servicios públicos: Culminada la audiencia por transporte, en horas del mediodía de ayer se presentaron 19 de los 62 inscriptos para opinar sobre el pedido de incremento tarifario de agua, cloacas, luz y alumbrado público.

En primer lugar, desde la SCPL fue Fernando Lebrún quien expuso los motivos de la entidad prestataria para el pedido de readecuación tarifaria solicitada en materia de energía eléctrica, que obedece a dos puntos: el incremento del costo de la energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista; y la variación de la pauta salarial durante 2018 y primer semestre de 2019. “Ambas variables, no controladas por Concedente ni Concesionario, son de significativa incidencia en la autoprestación de los servicios”.

Desde el Ente de Control, Axel Flágel reconoció haber recibido información por parte de la empresa y del poder concedente, “en donde se plantea la variación de los costos por factores exógenos, que no controla ni la empresa ni la municipalidad: esto es el precio mayorista de la energía que lo impone la Secretaría de Energía de la Nación; el valor del agua en block que lo fija la provincia; y las paritarias de los trabajadores”.

Sin embargo, advirtió que “el Ente considera oportuno recomendar al Concejo Deliberante que tenga en cuenta alguna herramienta que permita morigerar el impacto en la sociedad. Analizar la posibilidad eventualmente de un escalonamiento o una tarifa social para los sectores de la sociedad que no están en condiciones de afrontar un nuevo cuadro tarifario”.

La opinión de los usuarios en la audiencia por los servicios públicos

Entre los participantes a la audiencia por los servicios públicos, solo se presentaron 19 de los 62 inscriptos. El primero en hablar en nombre de la SCPL fue el consejero Guillermo Costes, quien planteó que “hay una necesidad de lograr un equilibrio financiero de la prestataria. Todos los aumentos no son controlados por las partes, mucho menos el inflacionario. Existen costos objetivos que son los que hacen que la SCPL haya acumulado una deuda superior a los 2.300 millones de pesos”.

Víctor Bonzano, empleado de la SCPL y vecinalista del Juan XXIII, recordó que “en marzo del año pasado propusimos una tarifa social. Es necesario tratarla para los que no pueden cubrir esta tarifa. Es una realidad que el único servicio público que no recibe subsidios en la SCPL”.

En tanto, el músico Ignacio Stankewitsch criticó duramente a la dirigencia de la SCPL. Denunció que le quitaron el medidor cuando no incumplió el pago y que “lo que se cobra no es lo que se mide”. Reclama que “tienen sueldos muy altos cuando solo son intermediarios. La lógica de los servicios públicos no puede ser el lucro sino los servicios. Hay que cesar esta concesión”, culminó.

Entre los principales cuestionamientos durante la audiencia por los servicios públicos, se manifestó la incapacidad económica de muchos sectores para afrontar un nuevo aumento y la calidad del servicio, sobre todo el de agua y cloacas. En este último punto, Esteban Piscoliche criticó que “soy del barrio Pueyrredón, vivimos con el agua corriendo en la calle”. Por su parte, Alicia Pinto, vecina de zona norte, expuso: “Vivimos en medio de los efluentes cloacales, hacemos reclamos cotidianos de todos los vecinos.

En Palazzo tenemos una pérdida desde la escuela 722 hasta el mar”. Emilse Saavedra, referente del MST, reclamó que “sufrimos la falta de agua verano a verano. No se invierte. No es un servicio público, es un derecho humano tanto el agua como la luz”. En tanto, una referente del barrio centro, Nancy del Carmen Abarca, advirtió que “los servicios básicos esenciales están colapsados, con calles y veredas rotas, ríos de agua potable corren por las calles de la ciudad”. Y opinó que “es impagable un aumento del 60% para la gran mayoría de la población que cobra poco, mal y tarde”.

Desde el argumento económico, Leilen Estevao Ramos advirtió que “es cierto que hay que aumentar pero el ajuste no lo pueden pagar los que menos tienen. En mi voz está la gente que no puede venir. Estamos muy jugados económicamente, no nos pueden seguir tocando el bolsillo”. Edgarino Huaiquifil, manifestó que en su opinión “el aumento volverá a caer sobre los más vulnerables ya que los salarios no acompañan la inflación”.

Pedido desde las zonas que se inundaron

María Celia Barreto, una vecina del barrio Pueyrredón, denunció que “el alumbrado público se corta constantemente, calles sin iluminación, cloacas que desbordan” y comentó que todavía paga un préstamo para reconstituir los muebles que perdió en 2017. Otra vecina del barrio, Valeria Gómez, argumentó que “en cada reclamo solo recibimos un número de solicitud”. Y pidió que “el Ente de Control regule y controle que se aumente siempre y cuando se mejoren los servicios”.

Desde el mismo barrio, la referente Natalia Cruz se mostró angustiada y pidió por sus vecinos “propietarios que nos vemos perjudicados”, muchos de ellos jubilados que no pueden afrontar más gastos y es gente que le da vergüenza ir a pedir, no están acostumbrados, nos enseñaron a trabajar. No podemos afrontar un nuevo aumento cuando no se hicieron las obras hídricas para evitar que nos volvamos a inundar. Apostamos al diálogo porque somos seres de bien. Necesitamos congelar las tarifas en el barrio”, solicitó.

Propuestas: desde la medición hasta la generación de energía

Entre los expositores, se presentaron también propuestas alternativas a futuro para mejorar el servicio y evitar impactos económicos tan fuerte. Rosana Uriarte resaltó que está de acuerdo con la colocación de medidores porque “el agua tiene un costo. Hoy sin medidor pagamos el agua vida, social, comercial y lujo. No tengo por qué estar pagándole el agua a los lavaderos. Creo que a cada quien hay que cobrarle lo que se merece”. La misma postura planteó César Errada desde la Cámara de Comercio: “Estoy de acuerdo con la medición porque eso va a hacer que la gente lo cuide. Debería reducirse el valor de acuerdo al consumo, como el gas”.



El emprendedor Isaac Rotondo, planteó las deficiencias del sistema actual: “Hace 12 años éramos productores y hoy nos encontramos colgados de CAMMESA. Estamos endeudados de manera extraordinaria. Las tarifas son generadas por la Secretaría de Energía. Y las cooperativas se siguen endeudando y las municipalidades intentan sostenerlos. Estamos en ese esquema. Los únicos beneficiados son los generadores, capacidad que hemos perdido”.

En este marco, consideró que “nosotros, en vez de pagar energía, debemos pagar generación y en menos de 10 años tendremos el problema solucionado. La industria de la generación de energía es muy grande, genera trabajo, y a la larga es redituable para la ciudad y nos retira del esquema en el que estamos metidos. La comunidad misma si decidiera invertir en producción lograríamos tener luz a costo cero porque el viento es gratis y esto no es una utopía como lo demuestran varios lugares donde ya se está realizando. Podemos pasar a ser dueños de los generadores y eso hay que trabajarlo con políticas públicas”, explicó quien posee una pyme que reconvierte luminarias existentes en led.

Fabián Pereyra acompañó el diagnóstico: “La gran problemática que acarrea la SCPL es la soberanía energética. Hasta el año 89 éramos dueños de la energía. Cuando cambió el modelo económico y político pasamos a ser clientes cautivos y hoy lo somos de Cammesa”.

Por último, el contador Santiago Vacaflor argumentó que la situación de la SCPL “es compleja y suena simplista reducirlo a un pedido de aumento”. “Hay que enfrentar el problema del atraso tarifario pero existen otras alternativas. Presenté una propuesta en enero a la SCPL, sugiriendo analizar la posibilidad de establecer que en lugar de incremento de tarifas lo haga a través de un incremento de capital. De esta manera se evitaría el pago de iva”.

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