Emergencia climática: investigarán a funcionarios y empresarios

Emergencia climática: Por fraude a la administración pública y falsedad ideológica, este miércoles se realizará la apertura de investigación contra funcionarios y exfuncionarios municipales, además de empresarios por sobrefacturación durante la emergencia climática ante el temporal que sufrió Comodoro en 2017.

A las 8 de la mañana de hoy en instalaciones de la oficina judicial ubicada en barrio Roca se llevará adelante la audiencia de apertura de investigación preparatoria contra funcionarios y exfuncionarios del Municipio de Comodoro y empresarios por irregularidades en las contrataciones que se dieron en el marco de la emergencia climática tras la catástrofe sufrida en Comodoro Rivadavia entre marzo y abril de 2017 que dejó cientos de damnificados.

Es así que la investigación llevada adelante por el fiscal general, Héctor Iturrioz, da cuenta de al menos 25 hechos donde los expedientes exponen las maniobras fraudulentas que se habrían llevado adelante para sobrefacturar servicios cumplidos y también el pago de algunos que no se llevaron adelante, sumado a falsificación de documentación y otros.

De esta manera, por los delitos caratulados provisoriamente como fraude a la administración  pública y falsedad ideológica de documento público, serán imputados el actual secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión del Municipio, Germán Issa Pfister; el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Sartori y los supervisores, Joaquín Mansilla, Juan Lara, Eduardo Van Heerden y Ernesto Herk. También los exfuncionarios de la comuna, Abel Boyero, exsecretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el extitular de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque.

Mientras que bajo la carátula de fraude al Estado serán imputados los empresarios Roberto Monasterolo de Golfo San Jorge S.A., Gonzalo y Cristian Pérez, de Brothers Truck; Javier Morales de Patagonia Expeditions y Esteban Astiz, de la empresa Astoil.

Caso Emergencia climática

En diálogo con Crónica, el fiscal Iturrioz adelantó que “vamos a pedir el plazo de investigación de una causa compleja”, mientras que al ser consultado sobre la posibilidad de que soliciten medidas de coerción contra los imputados expresó que “se verá en el momento, dependerá de la actitud procesal que tome cada uno, hay algunos que se someten a proceso y si no concurren posiblemente será necesaria la imposición de alguna medida de coerción personal”.

Sobre el caso particular de Palomeque indicó que “él estaba en la Península de Florida y a través de su defensora solicitó que la audiencia de imputación en su respecto se haga por video conferencia pero lo único que llega a la Defensoría Pública es un mail que no da cuenta de quién es titular de la cuenta, con una firma escaneada que no se sabe si corresponde por eso nos opusimos, su obligación es comparecer en audiencia. Establecer una medida de coerción a distancia es imposible cuando está a 15 mil kilómetros.

Asimismo expuso que “ahora serán trece personas imputadas pero en poco tiempo serán alrededor de veinticinco personas en total”.

Falsedad

Respecto a la mecánica utilizada para cometer los presuntos ilícitos, Iturrioz indicó que en todos los casos se concretaban los hechos de la misma manera, “se falseaban instrumentos públicos que daban cuenta que se trabajaba cuando no se trabajaba, que se trabajaba más de lo que se trabajaba, que intervenían personas que no prestaron servicio, que generalmente eran choferes u operadores de la maquinaria pesada y que intervinieron vehículos que tampoco prestaron servicios en realidad.

En los Partes Diarios y Consolidadores de hora por equipo se asentaban las tareas falsas y con eso se generaban facturas apócrifas. Al que le debían 10 le hacían factura por 50, en perjuicio millonario para la Municipalidad” y añadió que se acreditó el vínculo entre uno de los empresarios y un funcionario de alto rango municipal; “ese vínculo de amistad fue utilizado para engrosar su economía a expensas de la Municipalidad” destacó.

En tanto, remarcó que “paradigmática es la cantidad de metros cúbicos de barro que dicen haber sido movidos, trabajaron 197 empresas e iremos unas 20, de las 4 primeras analizadas ya habían movido más de 200 mil metros cúbicos de barro cuando en realidad la cantidad total para mover era de 50 mil metros cúbicos. No sé de dónde sacaban barro o si el mismo se reproducía”.

Pena de cumplimiento efectivo

A partir de ello, Iturrioz señaló que en caso de ser elevada la causa a juicio y que efectivamente se dicte una condena, el mínimo de pena podría ser de 2 años de prisión y lo máximo la suma del mínimo, es decir hasta 30 años, siendo de cumplimiento efectivo.

“Cuando se investiga un hecho de corrupción determinado siempre aparece una punta para investigar otro, lo que no quiere decir que lleguen al fondo pero aparecen otros hechos, en este caso todavía no se tiene por acreditada la corrupción, la connivencia entre funcionarios y empresarios, pero hay que acreditar si hubo cohecho, coimas, porque es muy raro que un funcionario se preocupe porque un empresario engrose su capital y no perciba nada. Si se acredita esto puede llegar a la figura de enriquecimiento ilícito” puntualizó.

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