Cocaleros mantienen protestas contra gobierno interino de Bolivia

La iglesia católica anunció un diálogo auspiciado por la UE y la ONU para pacificar el país y poner fin a la crisis que se inició hace un mes.

Seguidores del expresidente izquierdista Evo Morales manifestaron y bloquearon rutas este lunes (19.11.2018) para exigir la salida de la mandataria interina de derecha, Jeanine Áñez, mientras la Iglesia católica llamaba a un diálogo para convocar elecciones y pacificar Bolivia, donde 23 personas han muerto en casi un mes de confrontaciones.

“Ya no tenemos democracia”, clamaba Carmen, una manifestante que participó de una columna de campesinos cocaleros en Sacaba (centro) impedida de llegar a la ciudad de Cochabamba, a unos 18 km de distancia, para manifestarse contra la mandataria provisoria, quien tomó el mando tras la renuncia de Morales el 10 de noviembre.

“Hemos visto que esta presidenta en horas ha mandado directamente balas al pueblo de Bolivia para acallarnos”, se lamentó, en alusión a las nueve personas fallecidas el viernes cuando campesinos cocaleros intentaron rebasar un cerco militar-policial en esa ciudad.

En la jornada más trágica del conflicto, familiares de los cocaleros fallecidos y heridos dijeron que esperan justicia y negaron haber sido obligados a participar en una marcha en apoyo a Evo Morales, que derivó en graves disturbios frente a policías y militares.

“Nosotros pedimos justicia”, expresó una familiar de William Gutiérrez, internado en un hospital de la ciudad boliviana de Cochabamba tras recibir un balazo en el pecho. La bala le entró por el pecho y salió por la espalda, dejando “un agujero” en el pulmón, relató la joven, que no se identificó.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dio a conocer en un comunicado con el resultado de las autopsias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses en Cochabamba. Lanchipa explicó que ocho de los cuerpos presentan orificios de entrada y salida, mientras que en uno quedó el proyectil, que será sometido a un estudio de balística.

Anuncian diálogo con mediación de UE y ONU

Miles de campesinos manifestaron también en el centro de la capital, que intentaba lentamente retomar la normalidad mientras la plaza Murillo, donde se ubican las oficinas presidenciales, sigue resguardada por las fuerzas policiales.

“Queremos la renuncia de Áñez, están matando a nuestros hermanos”, protestó Benjamín Yanco, que vino desde la vecina El Alto, para pedir la dimisión de la mandataria, mientras reivindicaba la ‘whipala’, la bandera indígena que fue vejada por policías la semana pasada en medio de una oleada de violencia.

En este escenario, la Iglesia católica de Bolivia anunció este lunes el inicio de un diálogo, entre el gobierno y otros sectores, para poner fin a una crisis que dura casi un mes.

Los obispos bolivianos, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, llamaron a las conversaciones para “pacificar el país, y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales”.

“El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos”, dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, en conferencia de prensa. “Celebrar elecciones transparentes (…) es el mejor camino para superar las diferencias”, agregó.

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Los obispos propiciaron acercamientos desde la semana pasada entre el gobierno interino de Áñez y sectores afines a Morales, quien renunció hace una semana y se asiló en México tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. El fin principal es calmar las aguas y llamar a nuevas elecciones.

Pero si fracasaran esas negociaciones el gobierno estudia la posibilidad de convocar “de manera inmediata” a elecciones “a través de algún otro instrumento legal”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

Por su parte, el líder civil derechista Luis Fernando Camacho, que propició la caída de Evo Morales del poder, planteó este lunes que las elecciones sean el 19 de enero próximo y dio un plazo “hasta este jueves” para formar un tribunal que las convoque.

“Necesitamos garantizar al pueblo boliviano un proceso eleccionario limpio y transparente, pero sobre todo inmediato (…), el 19 de enero”, dijo Camacho.

Temen atentados a presidenta interina

El ministro de Gobierno (interior), Arturo Murillo, inyectó tensión al ambiente al denunciar, sin aportar pruebas, que “un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta” Áñez, quien, dijo, tuvo que abortar un viaje al interior del país.

“Está en peligro su vida”. “Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metida en esto, está el narcotráfico por detrás”, señaló Murillo.

Desde México, Evo Morales acusó vía Twitter a las nuevas autoridades de ordenar “difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado”.

El gobierno de Áñez debe ponerse de acuerdo con el Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), mayoritario en el Congreso, para elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar la votación. Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales de octubre, que dieron la reelección a Morales.

Desde el exterior, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo en rueda de prensa en la tarde del lunes que el gobierno interino de Bolivia había hecho “lo correcto” al iniciar la repatriación de más de 700 cooperantes de Cuba, cuyo gobierno es muy cercano a Morales.

Mientras tanto, Amnistía Internacional instó a las autoridades bolivianas a derogar “inmediatamente” el decreto que concedió inmunidad al personal de las fuerzas armadas, de reciente aprobación.

“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Añadió que “los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las fuerzas militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”.

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